El verano número 69 de Fernando Martínez López será, sencillamente, inolvidable. El ex alcalde socialista de Almería y ex coordinador del Mapa de Fosas Comunes de Andalucía afronta el reto de darle forma a la primera Dirección General de Memoria Histórica creada por un gobierno democrático en España. Todos los desafíos se resumen en una frase: impulsar políticas de Estado que empiecen a hacer justicia con las víctimas del franquismo. Trabajo no le va a faltar. Ganas, tampoco.

Tras acaparar la atención de los asistentes al congreso internacional “Cuerpos incómodos. Violencia masiva, fosas comunes y necropolítica: Perspectivas desde las ciencias forenses y sociales”, celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, Martínez López habló con Público en una sala del Palacio Miramar de Donostia.

Supongo que tendrá bastante trabajo encima del escritorio…

Claro. Piense que estamos en una Dirección General de Memoria Histórica que se ha creado ahora, y que por tanto es necesario configurarla y darle una estructura para que pueda responder a las expectativas que se han creado y, sobre todo, a la hoja de ruta que tenemos planteada desde el ministerio de Justicia.

Ha dicho usted que se impulsará una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. ¿Qué pasos piensan dar para hacerlo posible?

En principio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, planteó esta reforma integral por varias razones. En primer lugar, porque el desarrollo de la ley de 2007 ha puesto de relieve que existen insuficiencias para el cumplimiento de los objetivos que estaban planteados. Debemos recordar que aquella norma no sólo sentó las bases fundamentales para la dignificación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, sino que también permitió poner en marcha políticas de reparación que no se habían producido hasta ese momento. En el caso de las exhumaciones de fosas comunes, la ley lo planteó fundamentalmente a través de asociaciones y familiares de víctimas. También se hizo un mapa de fosas y se abrió una oficina de víctimas, pero todo esto fue clausurado cuando llegó el PP al poder en 2011. No sólo paralizó la Ley de Memoria Histórica, sino que tampoco le dio ninguna consignación presupuestaria para implementar las políticas que se venían desarrollando. Por tanto, esa ley fue abruptamente cercenada. Ese aspecto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una ley integral.

¿Qué otros asuntos se tendrán en cuenta para la reforma de la ley?

Deberán tenerse muy presentes las recomendaciones planteadas por organismos internacionales como Naciones Unidas. También hay otra cuestión importante: desde 2007 hasta ahora, en distintas comunidades autónomas se han aprobado leyes de memoria histórica que incluso son un poco más avanzadas que la normativa estatal. Esas leyes también deberán ser tenidas en cuenta. Asimismo, habrá que escuchar a las asociaciones de memoria histórica y darles cabida a través de su participación en el Consejo Nacional de Memoria.

En su conferencia, también ha indicado que se elaborará un censo nacional de víctimas de la dictadura franquista.

Si usted va a cualquier país europeo, verá que existen censos oficiales de ese tipo. España también debe tenerlo. Debemos tener en cuenta que se han hecho muchísimos trabajos en distintas comunidades autónomas sobre este tema, y todo eso formará parte de ese censo nacional de víctimas.

¿Qué objetivos va a tener la Comisión de la Verdad?

Se trata de un tema que tenemos en estudio, entre otras cosas porque el propio Relator de Naciones Unidas nos decía que en España había mucha demanda de verdad. En tal sentido, me gustaría citar una frase de la toma de posesión de la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien dijo que “las heridas del pasado se curan con más verdad”. En España hay un problema de fragmentación de la memoria. Aquí hay que conocer profundamente los abusos y las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo. Mucha gente comenta que la Comisión de la Verdad es una cuestión simbólica y que posiblemente llega tarde, pero a veces las cuestiones simbólicas, si tienen repercusión, suponen una ruptura con el pasado, y sobre todo un compromiso con la democracia y los derechos humanos. Asimismo, las recomendaciones de una Comisión de la Verdad pueden ayudar mucho a la prevención de la violencia, la promoción de la cultura de paz y la defensa de las instituciones democráticas.

¿Ha hablado con la familia de Franco en torno a la exhumación de los restos del dictador?

Sobre este tema, me remito exclusivamente a lo que planteó el presidente del gobierno en su comparecencia de esta semana en el Congreso.

Le voy a sacar otro. En los últimos años, la jueza argentina María Servini de Cubría reclamó la extradición de varios franquistas, pero el gobierno del PP rechazó esas solicitudes. ¿Puede haber cambios en esta nueva etapa?

Primero que nada, debo decirle que nosotros somos partidarios de la justicia universal. En segundo lugar, a mí me hubiera gustado que este tipo de cuestiones no se llevaran desde Argentina, sino que se hubiese hecho en España. Por ejemplo, nosotros nos estamos planteando cómo abordar la exhumación de las fosas comunes. Cuando voy a algún congreso fuera de España y planteo que aquí aún hay fosas comunes, la gente se echa las manos a la cabeza. La democracia se asentará definitivamente cuando se entreguen los cadáveres a sus familiares para que puedan darles digna sepultura. Esa es una de las cuestiones que la reforma integral de la ley debe abordar con determinación, y debe hacerse desde el Estado. Además, la justicia española debe facilitarlo, de manera que no se tenga que ir a pedirlo a Argentina.

¿Vio las imágenes de la concentración en el Valle de los Caídos?

Bueno, hubo una concentración. Tú no le puedes impedir a nadie que vaya a un oficio religioso, pero si hay exaltaciones y movilizaciones de esas características… Como usted puede imaginar, a mí no me gusta de ninguna de las maneras. En el momento que nos planteemos una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, estudiaremos la ilegalización de organizaciones que hacen apología del franquismo. Entre otras cosas, porque es incompatible con la democracia.