Salvo sorpresa, las próximas elecciones en España van a ser las autonómicas en Andalucía. La fecha elegida por el Gobierno andaluz para celebrarlas, según ha manifestado el consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), es el 27 de noviembre de 2022. Es decir, cuando tocan, cuatro años después de las anteriores, una cuestión que ha dejado de ser habitual en estos tiempos de extrema volatilidad y de ruptura de la lógica bipartidista.

Si el presidente Juanma Moreno, de quien depende la decisión final –es su competencia personal como jefe del Gobierno– logra llevar la legislatura hasta el final, como quiere, será la primera vez desde el año 2012, hace diez años, en que se agotará el mandato en Andalucía –su antecesora Susana Díaz adelantó los comicios de 2015 y de 2018–.

Sin embargo, las presiones sobre el presidente de la Junta son fuertes. Las ha tenido –y las tiene– desde dentro de su partido, el PP, que busca fagocitar a Ciudadanos, sobre todo después del resultado en Madrid, donde quedó fuera de la Asamblea, y desde fuera, de su socio parlamentario, Vox, que amenaza con cargarse las cuentas para el próximo año, 2022, y tiene prisa por ocupar el lugar privilegiado que hoy ocupa Juan Marín, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, en la mesa de negociación.

Para el PP de Andalucía, el gran reto es ganar las próximas elecciones y así poder reeditar un Gobierno en la Comunidad en la que hasta 2018 solo habían cosechado fracasos y que durante 37 años ha gobernado el PSOE, la fuerza hegemónica. De lograr esto, el PP, además de asestar un zarpazo a los socialistas en su gran feudo, estaría en condiciones, probablemente, de disputarle La Moncloa a Pedro Sánchez. Si después del resultado en Madrid, obtuviera un resultado parecido en Andalucía, este podría llegar a abrir las puertas del Gobierno de España a Pablo Casado.

Así, la decisión de cuándo convocar las autonómicas emerge como un dilema de importancia capital para Moreno. Si acierta con la fecha ¿Podrá aprovechar la oportunidad que se le concedió en 2018? ¿Podrá reeditar su gobierno? ¿Andalucía pasará a votar mayoritariamente al PP, como sucedió en los 90 en el Levante español? ¿O serán una anécdota estos cuatro años y el PSOE volverá con fuerza, tras un interregno como ya sucedió en Extremadura y Castilla La Mancha?

Inteligencia política y ¿moderación?

Moreno es un presidente que ha jugado hasta ahora con inteligencia política –lo reconocen todos sus adversarios– las cartas que le tocaron en los comicios de 2018. En un ciclo político inestable, con tan solo 26 diputados de 109, Moreno ha logrado aglutinar todas las fuerzas de la derecha y la ultraderecha en torno a su proyecto y ha aprobado tres presupuestos.

También ha cultivado una imagen de presidente moderado, de poco filo, centrado y ecuménico, capaz de contentar a amplios sectores sociales. Así, ha conseguido, aunque su escoramiento hacia las posiciones de la patronal le ha creado problemas en la negociación social, firmar dos relevantes acuerdos en plena pandemia con los sindicatos mayoritarios, con medidas para paliar los efectos del coronavirus en los asalariados y, desde el sector público, inyectar dinero en la economía en un momento de escasez.

Sin embargo, la realidad legislativa de sus políticas es otra, así lo destacan de hecho sus adversarios, que consideran que una educada formalidad y un talante abierto al diálogo, no implica moderación política. La realidad es que en Andalucía, en estos dos años y medio, nada relevante –en términos normativos e incluso simbólicos– se ha aprobado sin el visto bueno de Vox, de la ultraderecha.

Así, por el camino, Moreno, queriendo o no, se ha dejado pelos en la gatera entre ellos, el impulso a la igualdad entre hombres y mujeres que se ha truncado –a pesar del trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer– en la Comunidad después de los acuerdos presupuestarios con la ultraderecha, que ha exigido su precio y ha puesto por delante sus obsesiones machistas y xenófobas. Antes, las mujeres, hoy los migrantes. Hoy en Andalucía, asociaciones antiabortistas reciben por primera vez subvenciones de la Junta de Andalucía y se ha creado un innecesario teléfono de violencia intrafamiliar, presentado por la propia consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos).

Moreno, además, en los ámbitos de importancia en que ha legislado lo ha hecho para favorecer a las rentas más altas –rebaja fiscal–; a las familias que eligen una educación concertada, fundamentalmente católica, sufragada con fondos públicos, y privada –decreto educativo y bonificaciones fiscales–, y a promotores y empresarios –Ley del Suelo–. También a los autónomos –ayudas a fondo perdido– y a las familias que pueden irse de vacaciones –bono turístico–. En resumen, la legislación aprobada por el Gobierno va más en la senda de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que en la de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, político con el que tiende a comparársele.