Los partidos que sostienen el Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han evidenciado más que nunca en los primeros meses de 2022 sus discrepancias en cuestiones clave, muchas de ellas de máxima actualidad. Estas diferencias se han constado a través de votaciones que han tenido lugar en el último periodo de sesiones (abarcó desde febrero a junio), en las que ambos grupos votaron distinto.

En este sentido, los socialistas han tumbado en el Congreso, junto a las derechas y la ultraderecha, todas las iniciativas impulsadas en los seis primeros meses de este año por los morados, tanto en solitario como junto a otras formaciones que apoyan al Ejecutivo en el Parlamento, quedando el PSOE aislado del resto de izquierdas parlamentarias.

A mediados de febrero, PSOE y Unidas Podemos escenificaron por primera vez en el Congreso la batalla por la reforma fiscal. En esa ocasión, los de Pedro Sánchez sumaron sus votos a los de las derechas para rechazar la modificación del sistema tributario planteada por Unidas Podemos mediante una proposición no de ley al alegar que aguardaban a las conclusiones del informe del grupo de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda.

Justo una semana después, Unidas Podemos volvió a poner contra las cuerdas a sus socios gubernamentales a cuenta de la creación de una empresa pública de energía, una proposición de ley que contó con el no del PSOE al entender que los instrumentos con los que cuenta el Ministerio de Transición Ecológica son "suficientes" para asumir el desafío en esta materia, según avanzó el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez.

El giro sobre el Sáhara aisló al PSOE del resto del hemiciclo

El giro histórico en el conflicto del Sáhara Occidental a favor de Marruecos motivó una PNL de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para ratificar el derecho a la autodeterminación de este territorio ocupado. La iniciativa salió adelante con el único rechazo del PSOE (días antes había deslizado la posibilidad de votar a favor) coincidiendo con el viaje del presidente del Gobierno a Rabat para reunirse con el rey marroquí Mohamed VI.

Ya en junio, estas diferencias se ahondaron aún más a través de votaciones consecutivas. Así, el PSOE se unió a la derecha para rechazar en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas impulsado por Unidas Podemos (afectaría a quienes superen los diez millones de euros de patrimonio) y exigido por el resto de izquierdas parlamentarias.

En un mismo día, los socialistas impidieron la ley de minas defendida por el partido ecologista del espacio morado, Alianza Verde, y vetaron la propuesta de Unidas Podemos y los principales aliados parlamentarios del Gobierno para que la Cámara Baja permitiera la utilización del catalán, euskera y gallego, cuya práctica está limitada a expresiones y citas puntuales.

En el último pleno ordinario del periodo de sesiones, el grupo parlamentario socialista tampoco apoyó la proposición de ley de sus socios para regular la integración voluntaria de determinados centros educativos concertados en la red pública de centros educativos.

Asimismo, en el marco del debate del estado de la nación, el PSOE tumbó las principales propuestas de resolución registradas por los morados, como las medidas en materia fiscal, económica y laboral, su apuesta por la laicidad y el refuerzo de servicios públicos.

La ley audiovisual dividió a los socios

Cabe recordar que en El protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de gobierno progresista de coalición, PSOE y Unidas Podemos acordaron que mantendrían "la libertad de voto siempre que se trate de iniciativas que no afecten" a ese acuerdo. Y lo cierto es que, salvo la reforma fiscal, el resto de medidas no estaban incluidas en el pacto.

Asimismo, los socios se comprometieron a "dar apoyo parlamentario en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo a la acción del Gobierno y al desarrollo de los acuerdos explícitos alcanzados en el acuerdo de Gobierno progresista". 

Este apartado sufrió un traspiés en la votación de la ley audiovisual, cuando los morados, en protesta por una enmienda incluida a última hora por el PSOE que puso en pie de guerra a los productores independientes, se abstuvo en la iniciativa del Gobierno. Si bien, desde el grupo confederal señalaron que el sentido del voto se decidió después de que el PP confirmara su abstención, lo que permitió que la ley saliera adelante en la Cámara Baja.

Otras iniciativas

Por otra parte, En Comú Podem añadió su firma a una propuesta para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo, registrada en 2020 junto al resto de formaciones nacionalistas e independentistas del arco parlamentario. Ante el bloqueo que por el mes de marzo lastraba la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, la norma se sometió a su toma en consideración, pero no superó el trámite al contar con el rechazo del PSOE.

Asimismo, los parlamentarios de la marca catalana del partido morado rompieron la disciplina de voto de su grupo al votar en contra de la proposición de ley para abolir la prostitución impulsada por los socialistas, que a su vez, aunque recibió el respaldo del resto de diputados del grupo confederal, lo hizo con serias reticencias.