La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido este martes a las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que le ha dicho, a raíz del plan de respuesta al impacto de la guerra de Ucrania, que "si no se puede despedir, que monte ella una empresa".

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este plan, que entre otras medidas recoge restricciones a los despidos para las empresas. En concreto, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas (6.000 millones) en el decreto aprobado, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. En caso de despedir, deberán devolver íntegramente la cuantía de las ayudas recibidas.

Este supuesto se une al recogido en el Estatuto de los Trabajadores que fija que las empresas que se acojan a un ERTE , en este caso por causas relacionadas con la invasión de Ucrania, y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

La vicepresidenta segunda ha sido preguntada por las críticas del líder de la patronal a las restricciones al despido: "El señor Garamendi ha pactado él en nombre de la CEOE este mecanismo y seguro que tiene la suficiente empatía para explicar que no se puede recibir dinero público para cotizaciones y a la vez despedir", ha dicho Díaz, que ha vuelto a recordar, como hizo cuando el presidente del Gobierno anunció el plan de respuesta a la guerra, que "no es necesario despedir" cuando las empresas y los empleadores "tienen los recursos públicos a su disposición para no hacerlo".

La titular de Trabajo ha explicado también las medidas en materia laboral que contiene del decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Más allá de las restricciones a los despidos, el departamento de Díaz ha agilizado algunas de las iniciativas pendientes en diferentes materias.

La ministra ha anunciado que "con carácter casi inmediato", el Ejecutivo remitirá a las Cortes la ratificación del Convenio 189 de la OIT, relativo a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores del hogar. Esta iniciativa, que está siendo revisada en el Ministerio de Exteriores, llegará al Congreso después de que en febrero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerase "discriminatoria" la normativa española, que excluye de las prestaciones de desempleo a las empleadas de hogar.

Políticas activas de empleo y ERTE en agencias de viajes

Díaz también ha avanzado que este mismo martes se desplegará el ERTE sectorial del denominado mecanismo RED para las agencias de viajes, una cuestión pendiente desde que se hizo la transición de los ERTE de pandemia a los de la reforma laboral.

Trabajo destinará 2.700 millones de euros (383 millones corresponden a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) para desplegar políticas activas de empleo destinadas, sobre todo, a los más jóvenes. Este dinero servirá, entre otras cuestiones, para la contratación de 3.000 orientadores y la creación de un Espacio Técnico Colaborativo de Conocimiento, Trabajo e Innovación de los Servicios Públicos de Empleo, informa el Ministerio de Trabajo.

"El Gobierno de España está con todos los sectores productivos de nuestro país. Este es el Gobierno de España y este real decreto dirige acciones pormenorizadas a todos ellos", ha concluido la vicepresidenta segunda.