La ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, ha sido clara este lunes tras convocar la mesa de negociación para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas: "Vamos a intentar un acuerdo, que a mí me gustaría que fuera tripartito (Gobierno, patronal y sindicatos); si no puede serlo, será bipartito". Su postura escenifica de nuevo el desacuerdo con el actual presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. 

Garamendi considera que esta mesa "ya tiene marcado el final y el resultado". El empresario se refirió así a las palabras de la ministra tras intervenir en un foro sobre turismo. Su posición, totalmente en contra, pasa porque el Gobierno ni intervenga ni marque el calendario en una negociación de la jornada entre empresarios y sindicatos. 

La CEOE se mostraría favorable a la reducción de la jornada pero en un modelo "bipartito", como fue previamente consensuado el incremento salarial de referencia para el sector privado, por los interlocutores sociales en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

La mano está tendida desde Trabajo, igual que lo estuvo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pero la advertencia de la ministra parece que llevará al mismo camino: el descuelgue de la CEOE en la negociación. Díaz aprovechó la ocasión para reprocharle a la patronal el abandono en la negociación del SMI, "la patronal prefirió someterse a intereses partidistas", dijo durante su intervención a petición propia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.

"No podemos esperar al futuro. El futuro ya está aquí. Cuarenta años de jornada laboral congelada", reiteró la ministra de Sumar. La medida se someterá al "diálogo social con los agentes sociales" pero, desde Trabajo la aprobaran con o sin los empresarios. "La reducción de la jornada es una de las medidas más apoyadas por la ciudadanía en el país; incluso por los votantes de la derecha y de extrema derecha", defendió la política. 

La negociación arranca este jueves 25 de enero marcada por la disputa, lo que podría complicar el comienzo. De hecho, Garamendi ha señalado al Ejecutivo por crear un clima de "unos mensajes anti-empresa permanentes". "Nunca diré que los empresarios son rácanos ni que los trabajadores son zánganos, pero que no nos lleven a esa deriva porque no será nada buena para el país", apuntó.

A la hora de justificar la decisión inequívoca del Gobierno, Díaz volvió a su ya conocido "le voy a dar un dato": "Desde 1995 a 2022 la productividad creció el 15,3% mientras que los salarios lo hicieron al 1,2%; ahí se ve que alguien gana y alguien pierde y esto hay que corregirlo, al igual que hay aumentar la participación de los salarios en la renta nacional, fijada ahora en el 48%", señaló con contundencia. 

La ministra de Trabajo ha anunciado en la Cámara Baja otras medidas que generan conflicto con la patronal, como la propuesta de eliminar la limitación en la indemnización por despido y la inclusión de representantes de los trabajadores en los Consejos de las empresas.

La reforma del despido

La ministra ha comentado las principales líneas de actuación para la presente Legislatura con hasta doce reformas de calado legislativo. Trabajo reformará la indemnización por despido, una petición que los sindicatos mayoritarios llevaron al Consejo de Europa mediante demanda. Ahora se espera que el Consejo reclame a España el cumplimiento de la medida.

El plan de Díaz: que la indemnización sea "un mecanismo que repare adecuadamente los daños causados cuando haya despido improcedente y que será verdaderamente disuasorio para despedir sin causa". La ministra quiere evitar que se conozca el valor de la indemnización antes del despido improcedente y que dependa de más factores que el salario y la antigüedad. También limitará esta forma de despido para determinados colectivos como aquellas personas acogidas a la invalidez permanente. 

Otras medidas

La participación de los representantes de los trabajadores en los Consejos de Administración, que también se anunció este lunes, fue una medida planteada en la anterior legislatura que se quedó sin aprobar por el adelanto electoral. Ahora se recoge de nuevo en el pacto de Gobierno entre Sumar y el PSOE. Para Díaz se trata de "democratizar" la estructura empresarial. 

Además, Trabajo volverá a llevar a las Cortes la reforma del subsidio por desempleo, previa negociación con los agentes sociales, y retomará el Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Por otro lado, la ministra anunció que convocará a los agentes sociales para renovar la ley de prevención de riesgos laborales y buscar soluciones conjuntas que permitan erradicar la siniestralidad laboral.