Díaz desatasca la Ley de Memoria que permitirá expropiar tierras para exhumar a víctimas del franquismo

SEVILLA.- Después de casi dos años desde su redacción original, el Gobierno andaluz ha dado un paso definitivo para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática al garantizarse el apoyo de Podemos e IU. La futura norma obligará a la Junta a personarse de oficio en todos los procesos de exhumación de víctimas del franquismo, y le permitirá expropiar temporalmente una propiedad privada donde haya enterramientos si el dueño no autoriza la exhumación. También se prevé la creación de un banco de ADN de víctimas y la retirada de todos los símbolos franquistas que queden en edificios públicos, iglesias e incluso inmuebles privados (si éstos se ven desde la calle).

A partir de la entrada en vigor de la norma, los ayuntamientos tendrán 18 meses para eliminar o retirar los vestigios del fascismo en sus municipios, so pena de ser sancionados o excluidos de las convocatorias de subvenciones públicas si no lo hacen.

La contrapartida de haber acercado posturas con las fuerzas de izquierdas es que el PP y Ciudadanos se han descolgado definitivamente del proyecto, que todos aspiraban a aprobar “por unanimidad”. La presidenta Susana Díaz tiene amarrado los votos de la formación morada, con quien batalla a diario por la hegemonía de la izquierda, y de IU, autora original de la norma (cuando formaba parte del Gobierno de coalición junto al PSOE en la anterior legislatura).

Las cuentas salen para que el Parlamento apruebe la ley en el primer periodo de sesiones tras las navidades. Pero aún está por ver el coste político que tendrá para los socialistas haber roto con su socio natural en esta legislatura, Ciudadanos, que se ha erigido como el principal enemigo de esta norma (más incluso que el PP).

El proyecto de ley de Memoria Democrática ha vuelto a fracturar el arco parlamentario andaluz en sus dos polos tradicionales: la izquierda y la derecha. La Cámara autonómica acaba de redactar el dictamen de la ponencia de la futura ley, incorporando las enmiendas de Podemos, sin alterar el contenido original que PSOE pactó con IU. En cambio, los socialistas han rechazado todas las propuestas de PP y Ciudadanos, dando por roto el consenso que se buscaba.

Esta vez los populares andaluces han apurado hasta el máximo su margen de implicación en una ley de estas características, que despierta tanta animadversión en el sector más duro de su partido, y que ha sido rechazada de plano en otras comunidades autónomas. El PP-A había manifestado a las claras su intención de sacar adelante la Ley de Memoria “por unanimidad de todos los grupos”. “Espero que esta ley se apruebe por unanimidad, nadie en el PP está en contra y si mi partido hiciera bandera en contra de ella, me avergonzaría”, llegó a decir el veterano diputado de la Comisión de Cultura, Antonio Garrido, el pasado mayo, durante una visita a la fosa común de Puerto Real (Cádiz), la segunda más grande de Andalucía.

Los populares aportaron significativas propuestas al borrador de la ley, algunas incluso sorprendieron a Susana Díaz porque indicaban un “cambio notable” de perspectiva respecto a este tema. El PP votó en contra de la Ley estatal de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2007, y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy la norma quedó derogada de facto, sin dotación económica en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, los populares sorprendieron en Andalucía al registrar enmiendas a la ley andaluza de corte más progresista. Por ejemplo, propusieron la creación por decreto de una “Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, donde sean escuchadas y atendidas”, una medida que las asociaciones memorialistas de Andalucía vienen demandando desde hace años, y que sin embargo el PP de Madrid eliminó.

Más sorprendente aún fue la petición de que la futura Ley de Memoria no se limitara a incluir la Guerra Civil y la Dictadura en el currículum de Secundaria y Bachillerato, reclamando que se extendiera al temario de Primaria (alumnos de 6 a 13 años), “previo acuerdo con los docentes” (también a la hora de formar al profesorado universitario en la materia).

Esta enmienda sorprendió a la Junta, consciente de que el PP impulsó en el pasado una dura batalla política, social y judicial para denunciar el “afán adoctrinador” contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, entre otras cosas, porque abordaba temas “polémicos” como el franquismo. Pero ni lo socialistas ni los populares han llegado a entrar en el detalle de las enmiendas, porque desde el principio el PP y C’s dejaron claras “sus líneas rojas” -que exigían eliminar lo que para los grupos de izquierdas era “intocable” (el relato ideológico de lo que fue el franquismo y sus consecuencias)- y, en consecuencia, el PSOE se sentó a negociar prácticamente con un acuerdo ya cerrado con la formación morada.

“Las enmiendas ni las he leído, porque las aparcamos para buscar un texto común entre todos y los socialistas ya vinieron con la ley pactada con Podemos e IU”, afirma el portavoz del PP-A en la comisión de Cultura, Juan Ramón Ferreira. Su homóloga en IU, Inmaculada Nieto, se muestra “satisfecha” con el resultado de la ponencia final, porque preserva el trabajo que hizo su grupo en la legislatura anterior, y aun reconociendo el trabajo que ha hecho el PP dentro de la comisión, achaca a los populares que al final “hayan mareado la perdiz para descolgarse por temas más políticos que pragmáticos”.

“Su desacuerdo es más ideológico, porque en muchas cosas del articulado estaban de acuerdo y sabían que es en beneficio de las víctimas del franquismo. En efecto, esto es una ley ideológica. Al final da la impresión de que ellos no terminan de creer en esto”, dice Nieto, quien afirma haber visto a Ciudadanos “con una posición más cerrada y conservadora que los populares”.

Tanto el PP como Ciudadanos habían presentado enmiendas que arañaban el trasfondo de la propia Ley de Memoria: ambos grupos pretendían eliminar de un plumazo toda la exposición de motivos donde se habla de “terror” fascista, se insta al Gobierno central a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y se plantea la “imprescriptibilidad de los delitos del franquismo”.

En realidad esta parte de la norma no tiene repercusión jurídica alguna, como advirtieron los propios letrados del Parlamento (además algunas de las cosas que plantea se escapan a las competencias autonómicas). Sin embargo, el prefacio recoge toda la filosofía de la Ley de Memoria, con toda la carga ideológica que históricamente ha separado a la izquierda de la derecha española. “Vale que la exposición de motivos es sólo literatura legal, pero es una literatura que choca frontalmente con nuestra manera de pensar. El Gobierno andaluz se ha aliado con Podemos e IU, dejándonos fuera, porque su pretensión era hacer una ley muy de izquierdas”, se queja Ferreira, que ya ve “muy poco margen de maniobra política para llegar a un acuerdo”.

Otro de los grandes desacuerdos, “línea roja para Ciudadanos”, ha sido el periodo que abarca la Ley de Memoria, desde la Segunda República hasta 1982, incluyendo las luchas por la autonomía andaluza. El partido naranja y el PP se han mostrado “rotundamente en contra de poner en solfa la Transición democrática”. Tampoco estaban de acuerdo con la creación de un Instituto de la Memoria y de un Consejo de Participación.

Podemos propuso crear una Comisión de la Verdad, similar a los tribunales que han revisado la Dictadura argentina, sin embargo los letrados del Parlamento advirtieron enseguida que el Gobierno autonómico no tiene competencias procesales ni sobre el Código Penal. Aun así, el partido morado y el PSOE han transaccionado esta enmienda para crear una alternativa, una especie de grupo de trabajo que recopile toda la documentación y los testimonios de víctimas posibles, por si en el futuro el Gobierno central, que sí es competente para ello, decide crear una Comisión de la Verdad que juzgue los crímenes del franquismo.

La parte más importante y más costosa de la futura ley está en el capítulo de las exhumaciones. La Junta tiene localizadas 614 fosas en Andalucía, la mayoría en Sevilla (130), Huelva (120) y Cádiz (100), donde se estiman hay 60.000 desaparecidos. La futura norma obligará a la Administración a tutelar todos los procesos de exhumación. En caso de que el enterramiento esté dentro de una propiedad privada, y si el dueño no diera su consentimiento, la Junta “expropiará temporalmente el uso de terrenos” por el tiempo que dure la exhumación.

La ley establecerá la obligatoriedad de que la Junta se persone de oficio en todos los procesos de localización, exhumación e identificación de los huesos de víctimas, o también a instancias de ayuntamientos, familiares, entidades memorialistas e investigadores. El protocolo nuevo, que sigue las pautas de Naciones Unidas, implica más a la Administración, pero los familiares de víctimas ya no podrán actuar en las fosas sin supervisión de la Junta.

La norma servirá también para crear el primer censo de víctimas de la represión en Andalucía, que empezará en la Segunda República y llegará hasta principios de 1982, inicio del periodo democrático. Por esta razón se amplía la consideración de víctima, además de fusilados, condenados, exiliados y familiares de desaparecidos y represaliados, se suman los bebés robados, quienes sufrieron tortura en campos de exterminio nazi y las víctimas que lucharon por el proceso de autonomía de Andalucía, como Manuel José García Caparrós, trabajador malagueño que murió en 1977 por un disparo de la Policía cuando se manifestaba en favor de la autonomía andaluza.

Otro aspecto de la ley es la retirada de todos los símbolos franquistas que queden en edificios públicos, iglesias e incluso inmuebles privados (si éstos se ven desde la calle). A partir de la entrada en vigor de la norma, los ayuntamientos andaluces tendrán un plazo de 18 meses para eliminar o retirar los vestigios del franquismo en sus municipios. Si se niegan (infracción grave), la Junta lo hará de forma subsidiaria, y a los alcaldes se le pondrán multas de 2.001 a 10.000 euros.

Otra infracción grave será “no comunicar el hallazgo casual de restos que pudieran ser de represaliados”, y entre las muy graves (de 10.001 a 150.000 euros) está construir o remover sin autorización el terreno donde hubiera restos de desaparecidos, hacer excavaciones en dichas zonas o destruir fosas. Además, ayuntamientos y organizaciones se exponen a perder subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos, tres o cinco años, según el grado de la infracción cometida. La ley también implica la modificación del currículum de enseñanzas medias para incluir estudios sobre Memoria Histórica. El principal problema que afronta el proyecto de ley es que carece de memoria económica (las exhumaciones y el banco de ADN previsto son muy costosos).

Al amarrar el apoyo de Podemos para esta ley, Susana Díaz parece haber consolidado el ejercicio de geometría variable que se está imponiendo en esta legislatura, y que permite a la Junta pactar políticas liberales con los conservadores (PP y Ciudadanos) y medidas sociales o de tinte progresista con IU y Podemos.