Díaz acusa a Rajoy de camuflar 2.500 millones de fondos europeos como inversión estatal

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha acusado este viernes al Gobierno de Mariano Rajoy de camuflar 2.578 millones de euros de fondos europeos como inversión estatal para Andalucía en los dos últimos ejercicios presupuestarios. Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 y 2017 destinaron a Andalucía 2.982 millones de euros en inversión pública, de los que sólo 404 millones provienen de las arcas del Gobierno español, y el resto sale del fondo de ayudas europeas para las regiones de la UE, pervirtiéndose así el principio de “adicionalidad” de dichas ayudas” (los recursos comunitarios deben añadir, no sustituir a los nacionales).

La Junta de Andalucía ha pedido amparo a la Comisión Europea para que vigile y obligue a España a cumplir con ese principio de adicionalidad, es decir, que las ayudas europeas que lleguen a los Estados miembros en virtud de la calificación de sus regiones vayan directamente a esas regiones, y que la inversión que realice el Estado en dichas zonas, con sus fondos propios, quede identificada en sus presupuestos de manera diferenciada.

Susana Díaz ha hecho estas graves acusaciones ante el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, con el que ha tenido un encuentro de trabajo esta mañana en el palacio de San Telmo que se ha prolongado casi dos horas. “No se puede sustituir la inversión estatal con fondos europeos, porque si no el objetivo de convergencia de Andalucía con la media de la UE no se conseguirá”, le ha trasladado la presidenta andaluza a Moscovici, subrayando que Andalucía “tiene un déficit de infraestructuras que no es acorde con la inversión que ha hecho la UE con España”.

El comisario europeo ha tomado nota de los datos que le ha trasladado el Gobierno andaluz (en la reunión estaban presentes los consejeros de Economía y Hacienda) y se ha comprometido a estudiar el caso. “Europa está para marcar la diferencia, para ayudar a converger a las regiones más pobres de la UE con otras, pero los fondos que destinamos no pueden sustituir a otros que corresponden a los Estados miembros”, ha dicho, tras recalcar que la denuncia de Díaz contra el Ejecutivo de Rajoy “es una singularidad que nos comprometemos a estudiar”.

Luego, a modo de razonamiento general, el socialista francés ha explicado que “España es víctima de su propio éxito, porque el principio de adicionalidad es para las regiones más pobres de la UE”, y este país ha crecido mucho en los últimos años, logrando salir del grupo de países más necesitados, esto es, los que más recursos europeos precisan para converger con la media.

Los datos de la Consejería de Economía y del departamento de Hacienda del Gobierno andaluz demuestran que la comunidad convergía a buen ritmo con la media europea hasta 2012, año de la crisis económica internacional, que contrajo la economía andaluza y disparó la tasa de paro por encima del 35%. Hubo un frenazo, entonces, del proceso de acercamiento a los niveles medios de riqueza de Andalucía con la UE de los 27.

En el periodo 2007-2013, España fue uno de principales beneficiarios de los fondos estructurales de Bruselas, con 35.000 millones de euros. La mayor parte de las ayudas (19.479 millones) se concentraron en las comunidades más pobres, las llamadas regiones de objetivo uno o de convergencia, cuyo PIB estaba por debajo del 75% de la media comunitaria: Andalucía junto a Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia ha sido objetivo prioritario de las ayudas durante estos siete años.

El PIB per cápita de Andalucía rozó el 80% de la media comunitaria en 2007, por lo que dejó de ser objetivo 1 de la UE y de recibir los fondos de cohesión previstos para favorecer la convergencia comunitaria en el nuevo marco comunitario, vigente hasta 2020. Sin embargo, en su informe anual del año pasado, el Consejo Económico y Social (CES) estatal alertó de que varias autonomías, entre ellas Andalucía, habían perdido el nivel del 75% de la renta per cápita de la Unión Europea, que alcanzaron antes de la crisis, pero ya no recibían los fondos comunitarios de cohesión previstos para estas regiones.

En su informe, el CES cifró la renta per cápita andaluza por debajo del 70% del PIB comunitario y cifra equivalente al 74,1% de la media española, la segunda más baja del país, sólo por encima de Extremadura.

¿Hay castigo a Andalucía?

Al acusar abiertamente a Rajoy de suplir la inversión estatal para Andalucía con fondos europeos, Susana Díaz endurece aún más su discurso de “maltrato” del Gobierno central con esta región. La presidenta de la Junta cree que es Moncloa quien pone freno al crecimiento andaluz y esta vez ha llevado su denuncia a oídos de la Comisión Europea, responsable de repartir fondos entres los Estados miembros. Díaz ya denunció esa “discriminación” tras conocerse los Presupuestos Generales para 2017, que contemplan un desplome del 36,6% en la inversión estatal para Andalucía: 1.156 millones de euros, 668 millones menos que el año pasado.

Con estos números, esta región ha recibido un 13,5% del total de inversión estatal regionalizable, cinco puntos por debajo de su peso poblacional, lo cual, según la Junta, incumple el Estatuto de Autonomía, que obliga al Gobierno a invertir en esta región en función de su peso poblacional dentro de España (un 18%). El déficit inversor del Estado en Andalucía alcanza los 2.298 millones de euros, según el cálculo de la “deuda” que hace el Ejecutivo autonómico.

Moscovici se comprometió a visitar a Susana Díaz en Sevilla el pasado noviembre. La reunión de este viernes les ha servido para hablar de las debilidades y fortalezas de Andalucía para converger con la media europea, teniendo en cuenta que su mayor lastre sigue siendo un diferencial de paro estructural de diez puntos respecto a España, que a su vez también sigue descolgada de la media europea. La presidenta andaluza le ha trasladado la necesidad que tiene Andalucía de inversiones -de proyectos concretos que ella quiso incluir en el llamado plan Juncker-, de logística, de aeronáutica y de los efectos que tendrá el Brexit en el campo de Gibraltar.

La agenda, sin embargo, se ha visto eclipsada por el polémico rechazo del PSOE de Pedro Sánchez al tratado de libre comercio de la UE con Canadá (CETA en sus siglas en inglés). Tanto Díaz como Moscovici se han mostrado molestos con este cambio de criterio -del sí a la abstención- pero no han querido pronunciarse sobre la controversia. “No me queda más remedio que aceptar la decisión del PSOE”, ha dicho dos veces.