Este lunes se celebrará el 43º aniversario de la aprobación de la Constitución española, donde se volverá a constatar la imposible reforma de la Carta Magna que, salvo retoques muy puntuales, es la misma que alumbraron los llamados siete padres de la Constitución en 1978.

Desde el Gobierno de coalición, pasada ya la mitad de la legislatura, no hay voluntad alguna de abrir el melón constitucional ni está en la agenda política. Se considera que no se dan las circunstancias y que los posicionamientos extremos que mantiene el PP, cuyos votos son necesarios en gran parte de las reformas de calado que se puedan afrontar, hacen inviable cualquier modificación de la Carta Magna.

Así lo reconoció el pasado lunes el propio portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, quien abiertamente dijo que "a día de hoy, no es una prioridad para el Gobierno la reforma constitucional". Y recordó que ni siquiera parece posible sacar adelante la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" por el rechazo de PP y Vox.

El primer dirigente en democracia que planteó una reforma de la Carta Magna fue José Luis Rodríguez Zapatero en 2003, donde propuso cuatro apartados: cambiar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la Jefatura del Estado; incorporar el nombre de todas las comunidades autónomas al texto constitucional (donde no aparecen); la recepción de la Constitución europea en la Constitución española y la reforma del Senado. Nada de ello salió adelante ni cuando llegó al Gobierno.

Más tarde, Pedro Sánchez como líder de la oposición propuso en varias ocasiones la creación de una comisión para la reforma constitucional en el Congreso que, finalmente en 2017, asumió Mariano Rajoy. Los trabajos tuvieron poco recorrido y no llegaron a nada.

En esta legislatura, el ya presidente del Gobierno ha lanzado varias propuestas para la reforma constitucional, la última, acabar con la inviolabilidad del rey que recoge la Carta Magna. Pero también, entre las previsiones del PSOE, estaba blindar en la Constitución la subida de las pensiones con respecto al IPC, blindar la Sanidad y la Educación o avanzar hacia una España federal.

Pero no hay previsiones de que el Gobierno decida afrontar estos asuntos en esta legislatura y, de hacerlo, no parece probable que pueda darse una mayoría suficiente en la Cámara Baja para sacar cualquier modificación adelante. Por eso, la carpeta de la reforma constitucional vuelve al último cajón del Ejecutivo 43 años después.

A esto se une que, de abrir una reforma integral de la Carta Magna, se pueden abrir temas muy delicados, como la Jefatura del Estado, un asunto que los socialistas no contemplan ni quieren reabrir y que además es un motivo de permanente enfrentamiento con sus socios de Gobierno.

En Unidas Podemos siempre han sido favorables a una reforma constitucional e, incluso, desde Izquierda Unida se defiende desde hace tiempo la necesidad de avanzar hacia un "proceso constituyente" que, lejos de poner parches al texto actual, implique cambios de calado. Sin embargo, en el espacio confederal se muestran escépticos con esta posibilidad por varias razones.

La primera es que no creen que haya una voluntad real por parte del PSOE para acometer una reforma constitucional. Cuando Pedro Sánchez creó dentro de su partido la denominada Secretaría de Reforma Constitucional (y situó al frente de la misma nada más y nada menos que a Félix Bolaños, uno de sus hombres de mayor confianza en el Gobierno), se abrió un debate sobre la posibilidad real de abrir el melón constitucional.

Incluso hubo rumores de que el líder del Ejecutivo podría aprovechar una reforma de la Constitución por el denominado procedimiento agravado (el que precisan los cambios de mayor calado) para celebrar una suerte de elecciones constituyentes. Pero en Unidas Podemos descartaron esta posibilidad desde el primer momento y trasladaron que no creían que hubiera una voluntad real por parte del PSOE para cambiar la Carta Magna.

La segunda razón es que, pese a que el espacio confederal es partidario de reformar el texto (para ir hacia un modelo de Estado republicano, blindar derechos reconocidos y recoger nuevos derechos en materias como la igualdad, y reforzar los servicios públicos y los sectores estratégicos del país, entre otras cuestiones), son conscientes de los riesgos que entraña el momento político actual.

Con una extrema derecha creciente y con capacidad de marcarle la agenda al espacio conservador (en especial al PP) la apertura de la Constitución podría poner en duda derechos conquistados y debates superados que están blindados a día de hoy en la Carta Magna.

Las libertades públicas, el sistema de protección social o el grado de descentralización territorial que hay en la actualidad son algunos ejemplos de contenidos que la ultraderecha podría poner en tela de juicio en una reforma constitucional que, precisan desde UP, necesitaría de un debate profundo con toda la sociedad.

También se recuerda en Unidas Podemos que "la única vez que el PSOE se ha activado para reformar la Constitución ha sido en 2011 para cambiar el artículo 135 con el objetivo de implantar la austeridad para priorizar el pago de la deuda pública, y lo hizo de la mano del PP y prácticamente por la puerta de atrás", sin anuncios ni redobles de tambores.