madrid
El periodista español Pablo González no es el único informador atenazado en Polonia; en su caso, encarcelado bajo la acusación de espionaje. Las autoridades polacas mantienen un pulso contra la prensa justificando una guerra contra la desinformación propiciada por su enemigo, el presidente bielorruso Alexandr Lukashenko. En noviembre pasado tres periodistas fueron detenidos varias horas y maltratados por militares polacos en el frontera con Bielorrusia y meses antes otro periodista polaco fue detenido bajo la acusación de ser espía de Rusia.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras conoce bien la situación de la libertad de prensa en Polonia. Sitúa al país en el puesto 64 de una lista de 128 países, en el apartado de 'Problemas significativos para la libertad de prensa' en su estudio de 2021.
A raíz de la crisis migratoria y humanitaria en la frontera polaca con Bielorrusia, en noviembre pasado, el cerco contra la libertad de prensa se tensó aún más. El Senado polaco aprobó una controvertida reforma de la Ley de Fronteras que permite el veto a los informadores a esa zona en conflicto, sin tener que declarar el Estado de Emergencia en el país. Ante las protestas de las organizaciones internacionales de prensa, el Gobierno polaco argumentó que "limitar el acceso a los medios mejora la capacidad para defender la frontera".
En ese contexto, el pasado 16 de noviembre, tres periodistas fueron detenidos por militares polacos tras fotografiar una base militar temporal cerca de la frontera con Bielorrusia. Los tres informadores --un reportero gráfico checo y dos periodistas polacos-- fueron tratados como criminales, según informó Reporteros Sin Fronteras. Los soldados registraron las cámaras, los teléfonos y los vehículos en los que viajaban los reporteros. Tras hora y media, fueron liberados.
Ante el aumento de las detenciones de periodistas en aquellos momentos, el Parlamento polaco levantó ligeramente las restricciones a los medios de comunicación, pero a día de hoy la policía de fronteras sigue teniendo en sus manos la arbitraria decisión de permitir o prohibir el acceso a los periodistas a la zona fronteriza, según han denunciado activistas defensores de los derechos humanos en Polonia.
Meses antes, en junio de 2021, un ciudadano polaco, periodista que había trabajado en el popular semanario 'Wprost', fue detenido y encarcelado bajo la acusación de espiar para Rusia. La nota de prensa que difundió el Gobierno de Polonia es prácticamente idéntica a la que este viernes ha hecho pública respecto a la detención del reportero vasco Pablo González, colaborador de Público. En dicho comunicado el Gobierno polaco indica que maneja pruebas que acreditan los cargos de espionaje a favor de Rusia.
Precisamente el semanario 'Wprost' fue objeto de una vergonzosa e inaudita intervención de las autoridades polacas en 2014, antes de la llegada a la jefatura del Estado del presidente Andrzej Duda. El medio había destapado una trama corrupta que afectaba a varios políticos. Los agentes de la Agencia de Seguridad Interior (ABW) irrumpieron en la redacción del 'Wprost' para requisar ordenadores y conocer así las fuentes que había manejado la revista. Varios periodistas trataron de impedir el decomiso de sus ordenadores. El editor jefe logró defender su portátil mientras era zarandeado por los agentes. Cuatro años después uno de aquellos periodistas fue condenado por resistencia a la autoridad.
Acoso a la prensa dentro de la UE
La periodista polaca Katarzyna Włodkowska, de la 'Gazeta Wyborcza', se enfrenta a una posible condena de 30 días de cárcel por negarse a revelar su fuente para un reportaje sobre el asesinato del alcalde de Gdansk en 2019.
Está acusada de "evasión infundada de testimonio". Włodkowska se niega a pagar la multa de 108 euros que le ha impuesto la Fiscalía por no desvelar el nombre de la fuente. "Pero si se le ordena pagar la multa por segunda vez y se mantiene en su posición, un tribunal podría condenarla a hasta 30 días de prisión", recoge en su web Reporteros Sin Fronteras.
En el caso del periodista español Pablo González, importantes organizaciones de prensa internacionales han exigido al Gobierno polaco su inmediata liberación. El IPI (Instituto Internacional de Prensa), la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), Reporteros Sin Fronteras y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) han exigido la liberación del periodista, que estaba ejerciendo su profesión, cuando fue detenido, en el seno de la Unión Europea.
A nivel español, la Asociación de la Prensa de Madrid, el Sindicato de Periodistas de Madrid y el Colegio Vasco de Periodistas han denunciado también el "atropello" que para la libertad de prensa y el derecho a la información supone la detención irregular de un periodista en el ejercicio de sus funciones.
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