El desbloqueo de la amnistía devuelve el foco a los Presupuestos y el Gobierno se prepara para la negociación

La amnistía ya está desbloqueada. Tras meses de negociaciones, parece que si nada se tuerce ya está despejada la clave del comienzo de la legislatura de Pedro Sánchez. En Moncloa, después de este "primer hito" de relevancia, ya miran a la siguiente pantalla. Son los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Las cuentas públicas volverán, por enésima vez, a poner a prueba la capacidad negociadora del Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Sumar. Una de las cosas por las que más ha sacado pecho Sánchez estos años es por aprobar todos los PGE "en tiempo y forma". Algo que además otros gobiernos de coalición conservadores a nivel autonómico no han conseguido con números parlamentarios más favorables. 

La sensación en Moncloa es que los PGE saldrán adelante. El propio Sánchez lo proclamó este viernes en una rueda de prensa realizada desde Chile, la primera vez que comparecía tras el pacto por la amnistía. "El objetivo es que queremos aprobar los Presupuestos de 2024, 2025 y 2026. Hay Gobierno para rato, vamos a hacer muchas cosas en el ámbito de la convivencia, empleo y derechos sociales. Vamos a hablar con todas las fuerzas", señaló. 

El presidente no ha querido esta vez detallar el calendario y remite esa pregunta al Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero. "Cuanto antes espero que podamos presentarlo y enviarlo a a la Cortes", dijo Sánchez. "Lo antes posible", señalan desde Hacienda.

El tiempo juega en contra del Gobierno y la intención es que antes de que acabe marzo puedan aprobarse en el Consejo de Ministros. Hay un problema añadido, la mayoría absoluta del PP en el Senado, que provocará un poco más retraso en la aprobación definitiva. El boicot de los populares a las cuentas ya se reflejó esta semana con el rechazo a la senda de déficit, una decisión que perjudica directamente también a los Ayuntamientos y Comunidades conservadores. 

Fuentes de Moncloa destacan que hay una "demostrada actitud de diálogo" en estos momentos por parte de todas las fuerzas políticas. También con Junts y también para los PGE. "No tiene sentido la convivencia si no se puede avanzar en políticas sociales. Y los Presupuestos son el marco adecuado para plasmarlo", señalan en el equipo de Sánchez. "Hay voluntad negociadora. Hay que seguir los trámites", añaden. 

En Junts especialmente han advertido que una cosa es la amnistía y otra son los PGE. Pese a ello sí reconocen que hay voluntad de negociación y de sacarlos adelante. Moncloa interpreta que el acuerdo de investidura firmado con la fuerza de Carles Puigdemont otorga de por sí estabilidad a la legislatura, y eso incluye los PGE, siempre que se fueran cumpliendo los compromisos. Y el de la ley de amnistía se ha cumplido. 

Esa "voluntad política" de la "mayoría plurinacional" también la constatan fuentes de grupos parlamentarios como EH Bildu. Desde la fuerza política vasca admiten que será una negociación compleja por poder encajar todas las reivindicaciones de formaciones políticas tan diferentes como Junts, PNV, ERC o EH Bildu, de distintos bloques ideológicos pero igualmente aliados del Gobierno. No tienen dudas, en todo caso, de que saldrán adelante salvo sorpresas. 

Las peticiones de Sumar

La negociación de los socialistas es a varias bandas. Primero, tras los trabajos técnicos que todavía están finalizando de los distintos ministerios y el traslado de sus números a Hacienda, el pacto tiene que ser con Sumar, dentro de la coalición. Luego deberán amarrar los apoyos de ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG, Podemos y quizás sumen a Coalición Canaria. 

Sumar ha encarado la negociación presupuestaria como una primera oportunidad para dar cumplimiento a algunas de las medidas acordadas en el pacto de coalición rubricado con el PSOE. Los de Yolanda Díaz comenzaron la negociación presupuestaria con los socialistas la misma semana en la que se iba a aprobar la amnistía en el Pleno del Congreso; en esos días, remitieron a Hacienda un documento con sus propuestas, pero el "no" de Junts a la ley impidió que estas conversaciones avanzaran al ritmo estimado.

En ese documento, Sumar centraba sus exigencias en medidas relacionadas con la conciliación y los cuidados, como la ampliación de permisos o el despliegue de una prestación universal por crianza. En concreto, los de Díaz piden a los socialistas extender de 16 a 20 las semanas del permiso de maternidad y paternidad y remunerar cuatro de las ocho semanas de los permisos de cuidados aprobados por decreto el pasado verano. Se trata de dos medidas recogidas en el acuerdo de Gobierno.

Respecto al diseño de la prestación por crianza, la propuesta es que su cuantía sea de 100 euros al mes por hijo hasta que cumpla los seis años. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, se defiende a la larga la implementación de una prestación de 200 euros por hijo hasta los 18 años, pero al no ser una medida que está contemplada en el acuerdo de Gobierno, la propuesta rebaja sus expectativas en la negociación con el PSOE.

Otra petición de Sumar es la de elevar hasta el 50% la inversión de la Administración estatal en dependencia, sin que esto suponga una minoración de los recursos que tienen que aportar las comunidades autónomas. También, la de desplegar una inversión suficiente para incluir en los servicios públicos la salud bucodental y visual de los niños y las niñas. Aunque no son medidas presupuestarias al uso, los de Díaz defienden su inclusión en esta negociación por el fuerte impacto presupuestario que tienen en las cuentas.

Más allá de la conciliación y los servicios públicos, Sumar quiere que en estas conversaciones sobre los PGE se convierta en estructural el actual impuesto extraordinario a la banca. A la larga, el objetivo es el de pedir que se amplíe y que su recaudación sirva, entre otros elementos, para corregir la exclusión financiera que sufren muchas zonas rurales desde que la crisis financiera del 2008 forzó el cierre de muchas cajas de ahorro y entidades rurales.

En este contexto, los de Díaz buscan abordar una reforma fiscal que cubra los agujeros que las exenciones y bonificaciones fiscales provocan en el Impuesto de Sociedades. "No es normal que una peluquería tribute por encima del 17% y que una gran corporación bancaria lo haga por debajo del 4%, eso no es sostenible desde el punto de vista fiscal y, además, es profundamente injusto desde cualquier punto de vista", explican fuentes del espacio.

Desde Sumar trasladan que las conversaciones con el PSOE avanzan y que se producen reuniones constantes. En paralelo, ambas formaciones negocian un nuevo diseño para el índice de referencia de los precios del alquiler publicado la pasada semana por el Ministerio de Vivienda, una medida que no gustó a los de Yolanda Díaz al considerar que, lejos de avanzar hacia una bajada de los precios (aunque la aplicación del índice no es obligatoria y depende de las comunidades), tiende incluso hacia la subida.