Con la táctica del poli bueno, poli malo. Así pretende el Gobierno de Mariano Rajoy frenar el reto soberanista en Catalunya, por un lado, y convencer al PSOE para que apruebe sus Presupuestos Generales del Estado para este 2017, por el otro. Así se deduce, al menos, a tenor de las informaciones filtradas a la prensa que luego distintos miembros del Ejecutivo se encargan de apaciguar en público para no provocar alarmas innecesarias..

En los últimos días, diversos titulares han amenazado con la posibilidad de que la Administración central tome medidas "drásticas" si la Generalitat decide celebrar el referéndum independentista, o con prorrogar los Presupuestos de 2016 hasta que existan unos para el 2018. Ambos, globos sonda que los ministros y otros cargos ejecutivos han desmentido de inmediato, aunque siempre sin llegar a negarlos del todo.

Así, tanto la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como su número dos en Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, se limitaron a confirmar que el Gobierno responderá "proporcionalmente" y "con la ley" en la mano a cada paso que el Govern de Carles Puigdemont dé hacia la desconexión. 

Lejos quedan esas respuestas de ratificar la advertencia sobre el precinto de urnas, la suspensión de la autonomía de la Comunidad y la consiguiente asunción de competencias por parte del Estado en materia de Educación para prohibir el cierre de los colegios y evitar, así, que se celebre la consulta.

Además, teniendo en cuenta los antecedentes del 9-N, todo apuntaría a que, de celebrarse el referéndum, el Gobierno lo recurriría al Tribunal Constitucional (TC) y lo dejaría todo en manos de la Justicia. Sin más.

Sin embargo, el Ejecutivo juega al despiste y la indefinición. "¿Aplicaría el Gobierno el artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Ciudadana en caso de que el Govern de Junst pel Sí convoque finalmente el referéndum?", preguntan los periodistas una y otra vez. "Nosotros hacemos un llamamiento para que todas las instituciones cumplamos la ley. Si cada uno cumple su parte, esa es la mejor manera de responder a los ciudadanos", respondió este jueves Santamaría. 

Este presunto  "plan" para Catalunya -que fuentes del Ejecutivo se encargan de negar en los pasillos diciendo sólo que el Gobierno está "preparado para actuar cuando haga falta"- llega justo unos días antes de que se celebre el juicio contra Artur Mas, precisamente, por haber llevado a cabo la consulta del 9-N. ¿Casualidad? "Es casualidad. El juicio no tiene nada que ver. Catalunya siempre ha sido noticia", defienden dirigentes del PP. 

Pero lo que no confirman -ni desmienten-, ni en el PP ni en el Gobierno, es si se ha producido ya la ruptura del diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat. "El diálogo territorial está fortaleciéndose después de la Conferencia de Presidentes, por eso le pido a Puigdemont que se sume", se limitó a contestar la vicepresidenta, insistiendo en que "el Gobierno sí dialoga" y mantiene la mano tendida, pero no para hablar de independencia. 

Por ello, una reunión bilateral entre Rajoy y Puigdemont ni está fechada ni se la espera, pero sí continúan los mensajes de advertencia del primero al segundo en los medios de comunicación. A veces, en off, con extrema dureza. Otras, en on, con un tono mucho más calmado.

La alargada sombra de las elecciones anticipadas

Lo mismo ocurre con respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya amenazó al PSOE, privada y públicamente, con ahogar a las Comunidades y Ayuntamientos socialistas si ellos no apoyan sus cuentas. Los socialistas, de momento, y pese a haber permitido la aprobación del techo de gasto, mantienen su 'no es no' a unas cuentas que no son suyas. 

Frente a ello, una nueva amenaza en los medios: "El Gobierno mantendrá la prórroga del Presupuesto de 2016". Fuentes del Gobierno así lo aseguraban el miércoles a Europa Press, que contó los miedos de Rajoy a la inestabilidad que puede producirse si el PSOE no se compromete a no presentar, tras la tramitación del texto genérico, enmiendas parciales que trastoquen las cuentas generales que el PP podría sacar adelante sólo con el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV. 

De nuevo, cuando el Gobierno es cuestionado por este tema, niega la mayor. "Es necesario que haya unos Presupuestos; no podemos seguir con esta prórroga, no es bueno para nadie", responden en Hacienda, departamento que mantiene su discurso habitual y asegura que el Ejecutivo negociará "con todos los partidos" para sacar las cuentas adelante "cuanto antes", con o sin acuerdo previo con el PSOE. El propio Rajoy incluso les puso fecha: en marzo estarían listos para ser aprobados -tras la pertinente tramitación parlamentaria- en junio.

En ese mismo mes el PSOE celebra su congreso para elegir a la nueva directiva. Por ello, la citada agencia apuntaba también que Rajoy preferiría esperar a que se resolviera el debate interno entre los socialistas con el fin de tener claro cuál va a ser su interlocutor en lo que resta de año. Así las cosas, poco importaría esperar hasta después del verano para negociar ya las cuentas para 2018 que, por ley, deberían presentarse antes del 30 de septiembre de 2017. 

En cualquier caso,puede que incluso habiéndose aplacado la crisis socialista, no se resuelva la crisis presupuestaria. 

El presidente ha reconocido públicamente que su relación personal es mejor con el presidente de la Gestora, Javier Fernández (afín a Díaz), que con el aspirante a secretario general Pedro Sánchez. Pero ni Sánchez, ni Patxi López ni Susana Díaz-que aún no ha confirmado si se presenta o no a candidata- son una garantía para que el Gobierno se asegure un aliado fiel que le permita que el principal partido de la oposición ofrezca estabilidad a su Gobierno en minoría. 

En ese caso, siempre según Europa Press, Rajoy se plantearía incluso usar su derecho a convocar unas elecciones anticipadas confiando, como dicen las encuestas, en que aumentará su mayoría. Una amenaza que ya lleva tiempo en los titulares y que el presidente y todos sus discípulos se encargan de desmentir cada vez que tienen ocasión. Eso sí, siempre repitiendo el método gallego de su líder para, una vez más, apaciguar con una mano el duro discurso con el que lanzan los globos sonda con la otra: "Mi voluntad es que la legislatura dure cuatro años", zanjan.