"Hasta el final". Son las palabras que usó presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado ejemplificando dónde está dispuesto a llegar para impedir que se derogue la actual reforma laboral. La derecha se está aferrando con uñas y dientes al actual marco normativo sobre empleo que fue aprobado en 2012 por Mariano Rajoy. Una reforma que contó con el rechazo frontal de los sindicatos mayoritarios, provocando una huelga general ese mismo año. Y una reforma que arroja unos datos en los que la consolidación de la temporalidad y la precariedad es un hecho. 

La disputa entre los socios de Gobierno, además, es vista como una oportunidad por los populares. Durante la última sesión de control en el Congreso, el PP metió cizaña entre las dos principales protagonistas de la pelea interna entre PSOE y Unidas Podemos. "Yolanda Díaz es quien está marcando la política económica de este país", le dijo la portavoz popular, Cuca Gamarra, a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Los de Casado han intentado enfrentar en varias ocasiones a ambas ministras. En esta misma línea le preguntó Gamarra que si volviera a Bruselas avalaría esta política económica marcada por la "radicalidad" de Podemos.

Bruselas es precisamente una de las palabras más repetidas por el líder del PP en los últimos días. Según sus declaraciones constantes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez está mintiendo en la Unión Europea y ocultando sus intenciones en determinadas medidas. Una de ellas, claro, sería la reforma laboral. Y ya ha anunciado que dará la batalla. Al tiempo, ha mostrado su poca afinidad con las organizaciones sindicales al afirmar en un discurso que hay que eliminar las "barreras sindicales". 

Gamarra insistía este martes desde el Congreso en el mensaje: "Ha mentido a Bruselas, a los españoles y a su socio de Gobierno. No es necesario ni bueno que se derogue una reforma que es positiva. Será negativa para los intereses de España", destacó. Tampoco cae bien en Ciudadanos la posibilidad de que el Gobierno finalmente derogue esta normativa. El portavoz parlamentario, Edmundo Bal, también se puso de parte de Calviño y dijo que Díaz quiere imponerle un modelo laboral del siglo XX: "O si me apuran, del siglo XIX", apuntó. Ambos partidos justifican además su defensa de la reforma porque gracias a ella se han podido llevar a cabo los ERTE durante la pandemia. 

Aprobada en tiempo récord y con los votos de PP y CiU

Rajoy fue investido presidente del Gobierno a finales de diciembre de 2011. No tardó mucho su Consejo de Ministros en aprobar una reforma que hoy sigue coleando. En febrero del 2012, y pilotada por la entonces ministra de Trabajo, Fátima Bañez, se dio luz verde al proyecto. Los sindicatos ya habían mostrado su rechazo tajante. La Mesa de Diálogo Social fue prácticamente inexistente y el criterio de la patronal se impuso claramente. Incluso Rajoy se olía lo que venía. Un micro abierto le pilló en un corrillo con otros dirigentes europeos reconociendo que la reforma le iba a costar una huelga general. 

Así fue. Los sindicatos CCOO y UGT convocaron una huelga general para el día 29 de marzo, la décima de la democracia. Ese mismo año, en noviembre, habría otra convocatoria, siendo 2012 el único año con dos huelgas generales convocadas. Los dirigentes sindicales calificaron la reforma como "la más regresiva de la historia de la democracia en España". 

Tras la tramitación parlamentaria, el texto se votó definitivamente en el mes de junio. Toda la oposición parlamentaria votó en contra de la reforma laboral a excepción de CiU, UPN y Foro Asturias, los únicos grupos que pudo sumar el PP. "Esta reforma laboral es un duro golpe al sistema constitucional español: consagra el despido sin causa, limita la negociación colectiva, minimiza la función de los sindicatos", destacó en el debate parlamentario la diputada socialista Concha Gutiérrez. La flexibilización del despido fue uno de los puntos más criticados en el debate político y sindical sobre la nueva normativa impuesta por Báñez. 

Empleo cada vez más temporal

El balance de la reforma laboral durante todos estos años tiene denominadores comunes en los análisis realizados: más temporalidad y más precariedad en los empleos. Cinco años después de la entrada en vigor, UGT realizaba un extenso informe en el que se extraían ya estas conclusiones. El año 2016 se cerró con 80.000 ocupados menos que en 2011, se perdieron 265.000 asalariados indefinidos y 372.000 trabajadores a jornada completa. Además, había 100.000 empleados temporales y casi 300.000 trabajadores a tiempo parcial más que cinco años atrás. 

En 2018, los datos no cambiaban demasiado. Según el Informe de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicado en julio de ese año, más de la mitad del empleo creado bajo la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy había sido precario. El avance de los nuevos empleos temporales superaba con claridad a los de tipo indefinido creados en el mismo periodo analizado por aquel entonces. 

Más datos. Esta vez, de 2019 y apuntados por el Banco de España, puesto muchas veces como ejemplo por el PP estas semanas por sus previsiones económicas. Según un informe, nuestro país sigue adoleciendo de "excesiva temporalidad y rotación en el empleo", lo que "incide negativamente no solo sobre la productividad, sino también sobre la desigualdad de los ingresos laborales". También consideraban que no se aprecian grandes cambios en la creación y en la destrucción de puestos de trabajo respecto a lo observado entre 2006 y 2007.

En el estudio, se apuntaba a que la proporción de trabajadores que accedían al mercado laboral mediante un contrato temporal se incrementó entre 2009 y 2015. Una evolución que estuvo acompañada de una "importante" reducción de las conversiones de trabajadores temporales en indefinido. A pesar de sus propios informes, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendía esta misma semana la norma aprobada por Rajoy. 

Quién se llevará finalmente el gato al agua en el debate interno, Calviño (junto a la derecha política o la patronal) o Díaz (apoyada por los sindicatos), está por resolver. La coalición de Gobierno progresista pasa por un momento "delicado", según han destacado desde Unidas Podemos.

Lo que sí parece claro es que la actual ministra de Trabajo tiene entre ceja y ceja el objetivo de la derogación. Su discurso en el Congreso de CCOO celebrado el pasado fin de semana fue un aviso a navegantes. Y, entre aplausos atronadores, prometió: "Sí, vamos a derogar la reforma laboral. Es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas las resistencias. A pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han tenido la intención de alterar el modelo laboral de precariedad que ha impuesto la derecha en nuestro país".