Guardia CivilDenunciantes de corrupción o abusos, impotentes frente a la Justicia militar

La Justicia militar es, de vez en cuando, generadora de noticias que son difíciles de entender para los ciudadanos que no visten uniforme. Algunos casos pueden ser incomprensibles, especialmente cuanto se trata de guardias civiles, que están sometidos a la jurisdicción castrense. Denunciantes de corrupción y de abusos son a menudo denunciados a su vez por subordinación o denuncia falsa —y condenados— o acosados, hasta el punto de que muchos terminan abandonando el servicio.

Uno de los casos más sonados últimamente fue el del agente Luis Miguel P.R., que ingresó en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid) para cumplir dos condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión, impuestas a raíz de una discusión con un superior durante las fiestas de carnaval de Tarazona (Zaragoza) hace ahora ocho años.

Sin mencionar el del dramático asunto de la sargento del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) Gloria Moreno, en el banquillo acusada de falsedad documental, lo que podría suponer cuatro años de cárcel además de tres años de inhabilitación y una multa de 3.600 euros, tras destapar que uno de los agentes subordinados pudiera estar avisando a los cazadores furtivos de las acciones que se iban a producir contra la fauna protegida en el islote de Alegranza

Ahora, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGD) apunta ahora al caso de María Serrano, una sargento primero del Seprona quien en 2013 denunció un caso de presunta corrupción interna, archivado por la prescripción de los delitos, y que ahora "vive un calvario de denuncias cruzadas con varios de sus superiores".

Ella se encuentra en situación activa pero de baja médica, tanto por intervención quirúrgica —por un un mioma y un pólipo en el útero, un total de tres operaciones— como por problemas psicológocos. Mujer y uniformada, tiene muchas papeletas para que su lucha sea larga e ingrata.

La sargento Serrano, jefa del grupo de investigaciones del Seprona de la Comandancia de Sevilla, denunció a agentes a su cargo que presuntamente colaboraban con empresarios en la comisión de delitos medioambientales. Pero desde entonces ha seguido aguantando durante años varias consecuencias internas, tales como varios expedientes e incluso la expulsión del pabellón en el que residía.

Todo ello porque la sargento Serrano había denunciado la presunta corrupción que existía en el cuartel; tuvo que enfrentarse directamente con el coronel Fernando Mora, jefe de la Comandancia de Sevilla —recientemente ascendido a general de brigada— en una bronca discusión que fue considerada por el tribunal militar central como una “riña paternal”. El juzgado militar togado central número 2 dio carpetazo a la denuncia.

Y ahora es ella la que se enfrenta a una causa por denuncia falsa, además de abuso de derecho contra la Administración militar, causa en la que el propio General se ha personado como acusación particular. Así se lo comunicaba a la sargento, con fecha de 9 de octubre, el Juzgado Togado Militar Territorial Nº12.

"De esta manera", denuncia a AUGC, "el citado mando se asegura de que el procedimiento continúe adelante, con independencia del criterio del fiscal".

Como un "partido amañado"

"El pasado dia 9 de octubre recibí ya el auto de procesamiento", cometa María Serrano en conversación telefónica con Público, "y al día siguiente nos manifestamos por videoconferencia con el Juzgado Togado Militar Territorial de Madrid; el siguiente paso es presentar el escrito de conclusiones y, supongo, una práctica de prueba; y quedará visto para juicio oral".

Durante la videoconferencia ella ni siquiera pudo contestar a la pregunta de si se sintió acosada por el coronel Mora (ahora general), dado que el fiscal lo impidió al asegurar que esa cuestió ya había sido resuelta con la absolución del mismo en una causa anterior.

"La sensación que yo tengo es que esto es como un partido de fútbol en el que todo está amañado, que parece que ya existe un resultado, pero estoy dispuesta a darlo todo antes de que llegue al final".

En la Guardia Civil se generan a veces conflictos que saltan a los titulares por tratarse de situaciones difícilmente comprensibles. Por ejemplo, el cuerpo ha sido condenado en varias ocasiones por no respetar los periodos mínimos de descanso de los agentes.

A las acusaciones de determinados comportamientos machistas y discriminatorios que denuncian algunas (pocas) valientes se suma el hecho de que se trata de un cuerpo bajo jurisdicción militar, con lo que ello implica: determinados comportamientos son duramente reprimidos y otros, generalmente abusivos, parecen anecdóticos o, directamente, no existen.