"Si no es no, solamente sí es sí". Esta reclamación ha llenado las calles en los últimos meses, colocándose en el centro del debate social y político. Podemos recoge esta reivindicación en una propuesta de ley integral que pone en el foco el consentimiento. Siempre que éste no exista, hay agresión sexual. Además, incluyen una batería de medidas relacionadas con la sensibilización, prevención, formación y asistencia para las víctimas de violencia sexual.

Con el objetivo de legislar sobre la violencia sexual desde una perspectiva integral, el grupo busca cambiar el paradigma y se presenta, por primera vez, a las agresiones no como un problema individual, si no como un tema social.

Fue en 1995 cuando el Código Penal diferenció dos modalidades en el delito de violación. Hasta ahora, si se considera que hay agresión se tipifica como tal, pero si no se reconoce ésta o la intimidación, es abuso sexual. Pero el partido morado incide en que, para que exista una agresión, no se necesita probar la resistencia activa de las víctimas. Para cambiar esto proponen una reforma del Código Penal para eliminar el delito de abuso sexual y considerar un tipo único de agresiones sexuales con agravantes y atenuantes, como si en la agresión hay actos vejatorios o degradantes o si la víctima es especialmente vulnerable. 

Esta diferencia actual fue la que dio paso a que la Audiencia Provincial de Navarra condenara a los cinco miembros de 'La Manada' por abuso sexual y no por agresión. De esta forma, no se dictarían sentencias como estas. Además, para casos de violaciones múltiples se incorpora un tipo de agresión sexual colectiva.

Pero también se evitarían otras dos consecuencias negativas que ha apuntado Patricia Faraldo, penalista que ha participado en la redacción de la ley: la necesidad de la víctima de mostrar que tuvo resistencia pasiva y evitar poner en el foco la actuación sobre esto y ponerlo sobre el agresor. 

Este cambio también afectaría a los delitos sexuales contra los menores, que a partir de ahora serían considerados como agresiones. Estos delitos suelen tratarse como abusos sexuales ya que no suele haber agresión ni intimidación por la vulnerabilidad de los menores. 

Otra de las claves de la ley es que no es punitiva. Tal y como han apuntado desde la formación morada, la norma no aumenta los delitos ni las sanciones por las agresiones, lo que busca es acabar con la cultura de la violación y cambiar el paradigma actual.

Sobre esta ley, como con las últimas presentadas por Podemos, se espera que se apruebe en el Congreso por la sintonía con el Gobierno. Este martes se escenificó este punto en común cuando la ministra y vicepresidenta, Carmen Calvo, instó en la Comisión de Igualdad que "si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", en referencia una reforma del Código Penal sobre delitos sexuales. 

Incorporar el delito leve de acoso en la vía pública

La norma también establece incorporar en el Código Penal un delito leve por acoso en la vía público. Las sanciones irían de multas de tres a nueve meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días cuando existan comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que provoquen una situación intimidatoria a las víctimas. 

Atención integral y reparación a las víctimas

La ley también responde a una necesidad de eliminar la doble carga actual de las víctimas de delitos sexuales. Se busca acabar con la presión a las víctimas para que tengan que demostrar que ha habido una resistencia activa y se defiende sus derechos en los procesos judiciales. También se incorporaría una atención integral, exista o no denuncia, y a todas las mujeres, sean cuales sean su situación administrativa. La idea es incorporar el tratamiento integral de las víctimas de violencia machista a todas las agredidas sexuales. 

En este sentido, se incluye en la ley que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer también sean los que se encarguen de los casos de violencia sexual. Esto supondría una ampliación de sus competencias ya que ahora sólo llevan casos de violencia de género. 

Y se establecen medidas judiciales de protección y seguridad para las víctimas como la posibilidad de evitar el contacto visual con el agresor, declarar en salas especiales acondicionadas a tal fin o favorecer la grabación de la declaración a través de medios audiovisuales, así como la prohibición de preguntas relacionadas con la vida íntima de las víctimas. 

Formación con perspectiva de género

El grupo confederal incluye medidas de formación de género desde el ámbito sanitario al publicitario y a profesionales de la Administración. Se establece que las Administraciones ofrezcan formación para la protección integral contra las violencias sexuales a las personas profesionales de la Administración así como a los cargos públicos electos. 

Pero también contemplan medidas de formación de carácter interseccional en el ámbito sanitario y de servicios sociales, educativo, de los medios d e comunicación, de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, de la carrera judicial y fiscal, forense, penitenciario y castrense.