El Govern de la Generalitat y algunos de los principales actores económicos del país, como la Càmara de Comerç o las patronales Foment del Treball y Pimec, han cargado en los últimos días con dureza contra el déficit inversor del ejecutivo estatal en Catalunya. La noticia, con un claro aire de déjà vu, corresponde a esta semana, pero basta con hacer un rápido repaso a las hemerotecas para darse cuenta de que la situación era totalmente análoga hace 10, 15, 20 o 25 años atrás.

De forma crónica, las inversiones del Gobierno en Catalunya han quedado por debajo del peso de la economía catalana en el conjunto del Estado —alrededor del 18-19% del PIB— e, incluso, de su peso poblacional (16%), pero es que además se repite una realidad que agrava la situación: la inversión que el Gobierno ejecuta en Catalunya está por debajo de la que aparece en los presupuestos. Precisamente, el sempiterno déficit inversor y el incumplimiento de lo presupuestado son dos de los elementos que, hace ya una quincena de años, alimentaron el crecimiento del independentismo en determinados sectores catalanes. Pero en la era post-Procés esto sigue igual.

La publicación de un informe del Ministerio de Hacienda sobre la distribución territorial de la inversión del sector público estatal ha destapado, de nuevo, la caja de Pandora y ha generado la enésima crisis política entre los gobiernos de Sánchez y Aragonés. En concreto, el informe, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, muestra cómo en Catalunya apenas se liquidaron el 35,8% de las inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado (PGE), lo que equivale a casi 740 millones de un total de 2.068 fijados.

El sabor a agravio y maltrato se acentúa cuando se compara con la realidad de Madrid: en la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso la liquidación de inversiones ascendió a 2.086 millones, lo que supone un 183,9% de lo establecido en los PGE. En otras palabras, mientras que Madrid recibió el 25% de las inversiones ejecutadas por el Estado, Catalunya se quedó en un 9%.

Ni lo uno ni lo otro constituyen, sin embargo, grandes novedades. Según los datos de Hacienda revisados por Público, entre 2013 y 2021, los PGE establecieron una inversión en Catalunya de unos 11.400 millones, de las que según las liquidaciones anuales se habrían ejecutado poco más de 7.000, es decir, el 61,4% y unos 4.400 menos de lo que correspondería. El 2017, con una liquidación real de 901 millones de los 1.114 previstos, marca el tope de ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya en el período analizado: el 80,9%. El nivel más bajo, en cambio, lo encontramos en 2021, con el citado 35,8%. En cambio, sólo entre 2018 y 2021 —desde que gobierna Pedro Sánchez— en Madrid se ha ejecutado una inversión del Gobierno de 5.547 millones, un 13% más que lo previsto en los respectivos PGE. En el mismo período la media estatal de liquidación de las inversiones era del 72%.

Relaciones entre gobiernos dañadas

Desde que el lunes trascendieron los datos de 2021, el Govern ha subido el tono de crítica contra el Gobierno de Sánchez, al que ha reclamado explicaciones. Aragonès ha asegurado que "es la hora del cumplimiento y no de las palabras", mientras que el vicepresidente, Jordi Puigneró (Junts per Catalunya), directamente ha tildado a los representantes del Gobierno central "de inútiles o mentirosos" por la baja inversión ejecutada. Ambos coincidieron el miércoles con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la presentación de la nueva oficina de Google en Barcelona y aprovecharon para reprocharle la situación.

Sánchez, dirigente del PSC y antigua alcaldesa de Gavà (Barcelona), ha intentado justificar los datos alegando que cuando llegaron al gobierno se habían encontrado "muchas obras paralizadas" y que reactivarlas exige un tiempo, aparte de pedir no hacer comparaciones entre territorios, porque esto podría generar "crispación". Sin embargo, el encuentro sirvió para que ambos gobiernos acordaran abordar la cuestión en la futura reunión de la comisión bilateral de infraestructuras, aún con una fecha por concretar. Esta comisión fue creada en 2007, pero desde entonces sólo se ha reunido una vez en 2018 y otra en noviembre del pasado año.

La baja inversión presupuestaria del Estado en Catalunya, más allá de repetir una inercia crónica que se arrastra desde hace décadas, ha generado un nuevo incendio político entre ambos ejecutivos, en un momento en el que las relaciones no son precisamente buenas por el caso Pegasus, el escándalo del espionaje del Estado a dirigentes independentistas, entre ellos Pere Aragonès.

Con una mesa de diálogo para abordar el conflicto político totalmente congelada -no se reúne desde septiembre del año pasado y no hay fecha para un nuevo encuentro-, la situación también alimenta el relato de los críticos con la estrategia de diálogo de ERC. Y es que los republicanos han permitido la aprobación de los dos últimos PGE y, en cambio, esto no se ha traducido en que el Gobierno cumpla mínimamente con la ejecución de las inversiones previstas en Catalunya.

Incumplimientos permanentes

La Càmara de Comerç, a través de su directora de Infraestructuras, Alicia Casart, ha hablado de problema "estructural" y, al mismo tiempo, ha tildado de "inaceptables" las cifras de inversión del Gobierno en Catalunya. Foment del Treball, a su vez, ha manifestado que "hay que incrementar las inversiones y ejecutarlas, y no incumplir reiteradamente las sucesivas leyes de los presupuestos generales".

Las dos organizaciones económicas, de hecho, llevan años analizando las inversiones que las administraciones públicas ejecutan en Catalunya y ponen el foco en los incumplimientos del Estado, un relato que antes de la eclosión del Procés alimentó un relato que favoreció el crecimiento del soberanismo. Sin embargo, como ocurre con la reclamación de una mejor financiación autonómica, la demanda de más inversiones para Catalunya es mucho más transversal y reúne a actores, como Foment o el Cercle d'Economia, nada partidarios de la independencia.

En un informe presentado hace unos meses, precisamente Foment denunciaba que en la última década el Gobierno apenas había ejecutado el 67,1% de las inversiones previstas en Catalunya, acumulando un déficit de 3.000 millones respecto a lo presupuestado. A su vez, en el mismo período la ejecución de la Generalitat se había elevado al 77,1% del fijado, provocando en este caso un déficit de 2.280 millones.

A finales de 2019, fue la Càmara de Comerç quien puso cifras al incumplimiento inversor del Estado, a través de un informe en el que aseguraba que entre 2001 y 2018 la diferencia entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado se elevaba a 8.000 millones. La denuncia de la situación también la encontramos directamente en informes del Departament d'Economía de la Generalitat. Y si se va más atrás es fácil encontrar datos que muestran cómo la situación es totalmente crónica: precisamente, según el Departament d'Economia, entre 1981 y 1994 la inversión del Estado en Catalunya osciló entre el 5,5% y 10,8% del total regionalizable; una cifra que mejoraría hasta el 14,8% de 2002. Sin embargo, en ninguno de los casos se llegaba al peso poblacional de Cataluña y, menos aún, a su peso económico.

Datos objetivos que originaron el relato del permanente agravio del Estado a Catalunya que, en parte, desembocaría en la figura del "catalán cabreado" y en un desencanto hacia España que hace 15 años ya advertía al entonces presidente de la Generalitat, José Montilla. En los últimos tres lustros la política catalana —y, de rebote, la española— se ha acelerado y, aparentemente, han cambiado muchas cosas, pero los datos vuelven a demostrar que algunas realidades parecen inmutables. Lo que no se sabe es si esto va a acabar generando un movimiento tectónico de la misma fuerza que el de la segunda década del siglo XXI.