En su informe de 2022, hecho público este jueves, el Defensor del Pueblo recoge los casos de tres mujeres que presentaron un queja ante la institución por tres presuntas agresiones policiales por las que las víctimas precisaron atención sanitaria. 

En abril de 2022, en Soria, una mujer requirió la presencia de la Policía por una disputa. "Los agentes, sin preguntar a la requirente por lo sucedido, la increparon y golpearon en las piernas. La ciudadana remitió el parte
médico de las lesiones, así como las fotografías correspondientes, que acreditaban la lesión denunciada, quedando a la espera de la reanudación de actuaciones para determinar la irregular conducta de los agentes policiales", consta en el informe. El Juzgado de Instrucción 3 de Soria investiga los hechos.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción 5 de Gijón tramita la denuncia de otra mujer que fue detenida por agentes de la Policía Nacional y agredida en la vía pública. En su queja, la mujer envió al Defensor del Pueblo una copia del parte facultativo que muestra las lesiones y este lo ha remitido a la Dirección General de la Policía "para su valoración". 

En León, una ciudadana se personó en la oficina de expedición del documento
nacional de identidad (DNI) para renovar su documentación, y, tras una discusión con la funcionaria que la atendía, los policías allí presentes la agredieron, arrastrándola por el suelo, lo que le provocó varias lesiones, según relata el informe.

Por estos hechos se tramita un procedimiento judicial, en el Juzgado de Instrucción número 3 de León, por un delito de atentado contra la mujer, que denunció a los agentes, siendo este otro procedimiento diferente. 

En este sentido, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, diferencia los malos tratos policiales como los anteriormente señalados con el "trato incorrecto" por parte de la Policía. "Son comportamientos o actitudes despectivas con el ciudadano, con falta de cortesía, de esmero y educación o que constituyen disfunciones en el funcionamiento de los servicios policiales que generan un grado de insatisfacción al ciudadano, que, en todo caso, deben ser corregidas".

Sanciones sin explicar el motivo

Respecto a las quejas por las sanciones derivadas de la 'ley mordaza', el Defensor del Pueblo expone le necesidad de que se garantice la "seguridad jurídica" y pone como ejemplo la queja presentada por un ciudadano al que la Subdelegación del Gobierno en Granada había incoado en su contra dos expedientes sancionadores por presuntas infracciones cometidas a tenor de la ley orgánica de seguridad ciudadana. 

La Oficina del Defensor del Pueblo ha constatado en la documentación que se le ha remitido sobre el caso que "no se desprendía con claridad los motivos por los que los agentes formulaban la denuncia, si bien en la propuesta de resolución sancionadora, varios meses después, ya se procedía a informar claramente sobre este aspecto". 

"Lo relevante aquí es que para que los interesados puedan ejercer
adecuadamente su derecho a la defensa, por razones de seguridad jurídica, resulta oportuno que, cuando se impute la infracción de alguno de los artículos y apartados de la ley orgánica de seguridad ciudadana que tipifican más de una conducta sancionable, se precise con exactitud la infracción cometida".