CatalunyaLa defensa del juez Llarena le costará al Estado más de medio millón de euros

El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo. ya tiene quien le defienda: lo hará un prestigioso bufete de abogados belga que cobrará por sus servicios 544.0982 euros, que el Estado español pagará religiosamente.

El Ministerio de Justicia ha llegado a un acuerdo con el bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick según informa en un comunicado en el que ofrece detalles del contrato firmado con el bufete que se encargará de defender al magistrado español el próximo 4 de septiembre, tras la demanda interpuesta por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. 

Tras recibir la autorización de la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha contratado a un abogado en Bélgica para defender la jurisdicción española y al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda que interpuso contra él el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Tras finalizar el proceso de selección del despacho de abogados, Justicia remitió la documentación a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la diplomacia y el bufete rubricaron el preceptivo contrato. La adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que se suman además otros 94.568,78 en concepto de impuestos, ascendiendo así a un total de 544.982 euros. 

"Tras la formalización del contrato, el bufete belga asumirá la representación procesal del Estado y de Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo", ha explicado el Ministerio.

Llarena está llamado a comparecer ante el tribunal belga el próximo día 4 de septiembre, si bien no está obligado a hacerlo.

La demanda a Llarena está sustentada en una supuesta falta de respeto a la presunción de inocencia por parte del magistrado, si bien contiene un "error" de traducción relevante en las declaraciones que se le atribuyen, que, según anunciaron los abogados de los procesados, se pondrá en conocimiento del juez.

En concreto, el juez del Supremo dijo al ser preguntado por la existencia de presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo; se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

En la traducción jurada al francés, esa última frase podría entenderse en un sentido más afirmativo y traducirse como "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación".