La defensa de Díaz Ferrán insiste en que no hubo fraude fiscal en la venta de Aerolíneas

La Audiencia Nacional ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, después de que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán haya renunciado a hacer uso de su turno de última palabra y haya dado las gracias al tribunal.

El exjefe de la patronal se enfrenta a dos años y cuatro meses de cárcel y al pago de una indemnización de 99 millones de euros a Hacienda por eludir el pago del Impuesto de Sociedades con la adquisición de la aerolínea.

El tribunal, presidido por el magistrado José María Vázquez Honrubia, ha puesto fin a la vista oral tras preguntar a los acusados si deseaban pronunciar algo en su descargo. "No, no quiero decir nada más. Muchas gracias", se ha limitado a decir Díaz Ferrán.

Antonio Mata se considera "absolutamente inocente" del delito que se le imputa

El expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata, que se enfrenta a la misma pena, ha aprovechado para agradecer al tribunal que expusiera durante el juicio su propósito de buscar la "verdad material" y ha lamentado que este caso haya pasado en manos de cuatro jueces instructores, con cambio de fiscal incluido. "Me considero absolutamente inocente del delito que se me imputa", ha apostillado.

Poco antes, los abogados defensores han solicitado la absolución de sus clientes ya que no se les puede atribuir "conducta reprochable" alguna. Según han dicho, los socios de Air Comet lograron reflotar una compañía ruinosa como Aerolíneas, hasta que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la expropió, "provocando el hundimiento de Viajes Marsans".

La expropiación llevó al hundimiento de Marsans

En la última sesión del juicio, el abogado de Díaz Ferrán, Nicolás González-Cuellar, ha explicado que Aerolíneas se había convertido en un "pozo sin fondo" en la que el Estado español se gastaba entre 40 y 42 millones de euros mensuales "de dinero público". "Air Comet se queda con Aerolíneas, empieza a tener beneficios y acaba expropiada", ha indicado.

El letrado ha tildado de "mutante" esta causa, seguida, a su juicio, "sin ninguna razón" y apoyada "exclusivamente en un peritaje de parte" en el que el subinspector de Hacienda no tenía la "cualificación técnica necesaria" para inspeccionar Air Comet y presentar su informe ante el tribunal. "No hay tributo ni defraudación", ha remachado.

El empresario afirma que nadie le comunicó que tuviera que pagar impuestos por la compra de las Aerolíneas

La defensa de Antonio Mata, ejercida por el abogado Adolfo Carretero, también ha hecho hincapié en que el "control" de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la operación de compraventa fue "absoluto" y que Air Comet tuvo "claro" que no soportaría consecuencias fiscales. Ha añadido que los fondos se utilizaron de manera "adecuada" y que, en ningún caso, se trató de una donación.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado coinciden en considerar a Díaz Ferrán y al expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata culpables de un delito contra la Hacienda Pública, al entender que las cuotas impagadas fueron de "una trascendencia tan importante" que "superaron con creces" el límite del delito fiscal.

La cuarta y última sesión de la vista oral se ha celebrado ante el tribunal, que preside el magistrado José María Vázquez Honrubia, después de que el fiscal Miguel Ángel Carballo y la abogada del Estado Lucía Pedrero elevaran el pasado viernes a definitiva su petición de pena. Ambos acusaron a los socios de Air Comet de "ocultar" deliberadamente el incremento patrimonial que supuso este negocio en las cuentas correspondientes al ejercicio de 2001 para "aminorar las consecuencias fiscales".

Durante el primer día de juicio, el que fuera jefe del empresariado español defendió que "no hay ningún delito fiscal" en estos hechos y que nadie le comunicó que tuviera que pagar impuestos por adquirir los títulos de los créditos de Aerolíneas. Por su parte, el ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, defendió que Air Comet "no recibió ni un peso, ni un euro, ni un dólar, absolutamente nada" por la compra de la compañía aérea y que Hacienda "nunca" le reclamó un delito fiscal.

Operación de compra

El fiscal Miguel Ángel Carballo considera que Díaz Ferrán, Antonio Mata, y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, debían pagar impuestos por los créditos obtenidos por valor de 272 millones de dólares que la Sociedad Estatal de Participaciones Preferentes (SEPI) otorgó a Interinvest, matriz de Air Comet, para saldar las deudas que acumulaba la aerolínea argentina.

Según su informe de conclusiones, en noviembre de 2000, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se hizo con el 99,2% de las acciones de Interinvest, sociedad domiciliada en Argentina, propietaria, a su vez, del 92% del capital de Aerolíneas Argentinas y del 90% de Austral, compañía aérea doméstica. Ambas arrastraban numerosas pérdidas.

El octubre de 2001, la SEPI vendió sus acciones en Interinvest a Air Comet por el precio de un dólar estadounidense. El contrato fue firmado por el entonces presidente de la SEPI, Ignacio Ruz-Jarabo y por los tres acusados en nombre de Air Comet y las otras dos sociedades también accionistas de la aerolínea española.

En el contrato, la agencia estatal asumía los pasivos por un importe máximo de 300 millones de dólares contraídos por Aerolíneas Argentinas. La sociedad estatal aportó dicha cantidad en una cuenta de la sociedad Interinvest para el pago de las deudas.

Con este dinero, los tres socios de Air Comet pagaron deudas por valor de 272,87 millones de dólares (207,357 millones de euros), créditos que quedaron cedidos a Air Comet con el compromiso de aportarlos posteriormente al capital social de Aerolíneas Argentinas. Esta operación hizo que, al mantenerse vigentes los créditos cedidos a Air Comet, esta adquiriera un beneficio por el que tendría que haber declarado una cuota de 99,04 millones de euros de Impuesto de Sociedades.

Precisamente, Díaz Ferrán ha sido acusado este mismo lunes de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del Grupo Marsans, según el auto del juez Eloy Velasco que transforma las diligencias previas de la 'operación Crucero' en procedimiento abreviado.