Los deberes que la ONU puso a España en materia de Memoria y Justicia: juzgar o extraditar a los responsables franquistas

El ya ex Relator de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, se lo dejó bien claro a España en su informe de 2014: "Hay que extraditar o juzgar" a los miembros de la dictadura reclamados por la Justicia de Argentina por crímenes contra la humanidad. El experto en Derechos Humanos recordó a España que sólo podría rechazar la extradición del policía de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y del guardia civil Jesús Muñecas, ambos acusados de torturas sistemáticas durante el tardofranquismo, si la justicia española iniciaba las investigaciones y juzgaba a los responsables de la dictadura.

Sin embargo, cuatro años después de ese informe, España no ha juzgado a Pacheco y Muñecas ni tampoco los ha extraditado a Argentina, donde permanecen imputados. Tampoco lo ha hecho con la otra casi veintena de responsables franquistas que han sido imputados y reclamados desde Argentina, entre los que se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez. Sin embargo, la Justicia de España ni ha iniciado investigaciones contra estos responsables de la dictadura ni ha aceptado las extradiciones. 

Esta directriz del antiguo Relator de la ONU, por tanto, ha sido ignorada por los poderes del Estado, desde el Ejecutivo del Partido Popular al del PSOE, que en la batería de medidas que anunció la ministra Dolores Delgado para reformar la Ley de Memoria Histórica no incluía ningún paso en esta dirección. Sin embargo, estos no fueron los únicos deberes que la ONU puso a España, que también instó al Estado a cambiar el sistema de exhumación, resignificar el Valle de los Caídos, etc. 

Ahora, cuando se aproxima una visita de Fabián Salvioli, nuevo Relator de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación, Fabián Salvioli, es momento de realizar un balance para recordar cuáles eran las principales directrices y recomendaciones formuladas por el experto de la ONU y comprobar si el Estado ha atendido a estas reclamaciones o, por contra, ha hecho oídos sordos. 

Resignificar el Valle de los Caídos

El anterior Relator de la ONU para la Verdad, la Justicia y la Reparación señaló en su informe que el Valle de los Caídos, tal y como está en la actualidad, "constituye en sí mismo la exaltación del franquismo". Pablo de Greiff señaló que difícilmente se podría convertir el espacio en un lugar de reconciliación si no se cuenta el "trabajo forzoso de miles de presos políticos",  "quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica" o por qué Franco "fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil". Así, De Greiff recomendó "resignificar" el espacio y sugirió la exhumación de los restos de Francisco Franco. 

En sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha aprobado el Real Decreto que contemplaba la retirada de los restos del dictador y su entrega a la familia. Faltaría, no obstante, concretar qué reformas hay que hacer en el espacio para que el Valle de los Caídos sea un lugar "en favor de la promoción de la verdad y la memoria, con función educativa y preventiva", tal y como reclamó Pablo de Greiff. 

Modificar sistema de exhumaciones

La Ley de Memoria Histórica del Ejecutivo de Zapatero abrió el melón de las exhumaciones. Sin embargo, el método dejaba mucho que desear. La responsabilidad recaía en las organizaciones de memoria y familiares de las víctimas, que se hacían cargo de las mismas con subvenciones del Estado. Pablo de Greiff criticó "la privatización" de las exhumaciones  y criticó que el Gobierno del PP hubiera dejado a cero las subvenciones para hacerlas efectivas. 

En este sentido, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, sí que anunció que reformaría este punto para que fuera el Estado el responsable tanto de buscar las fosas de los desaparecidos como de exhumarlos y darles un entierro digno. 

Apertura de archivos

Pablo de Greiff también pidió al Estado que estableciera una "política estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, para ajustarlos a los estándares internacionales aplicables, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo a través de la adopción de una Ley de archivos". El Gobierno de Pedro Sánchez, hasta el momento, se ha limitado a señalar que "reforzará el acceso a archivos". 

Comisión de la Verdad u otro órgano similar

El Relator de la ONU también instó a España a establecer "un mecanismo o institución de carácter independiente, pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el franquismo". Pablo de Greiff señaló que este órgano puede adoptar la forma de una Comisión de la Verdad, pero también otros "formatos y diferentes modalidades". 

El Gobierno de Pedro Sánchez sí ha anunciado su intención de crear una Comisión de la Verdad en el Congreso que acuerde una versión de país de lo que ocurrió en la Guerra Civil y la dictadura. La voluntad del Ejecutivo, tal y como ha expresado a lo largo de estos meses, es que esta Comisión sea "lo más plural posible".