La cúpula judicial madrileña da oxígeno al juez Peinado el día antes de decidir si admite la querella de Sánchez contra él

La cita este lunes de los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid para deliberar sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, ha tenido un resultado más bien favorable para el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. 

Si bien la Audiencia abronca al juez al delimitar, una vez más, el objeto de investigación, no le obliga a archivar la causa por ser esta prospectiva o hipotética, como sostienen la defensa de Gómez y el Ministerio Fiscal. 

Al contrario: la Audiencia avala la investigación del juez Peinado. Dicen los magistrados que "prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación".

No obstante, pese a este aval general, los magistrados Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Bergés no tienen más remedio que criticar la forma en la que se expresó el juez Peinado cuando al contestar un recurso de Begoña Gómez dijo que estaba investigado "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es Presidente del Gobierno y que se contienen en la denuncia inicial".

Hay que recordar que la denuncia inicial la presentó la organización ultraderechista Manos Limpias, el 16 de abril pasado.

La Audiencia delimita la investigación de Peinado contra Begoña Gómez a las adjudicaciones públicas logradas por el empresario Juan Carlos Barrabés, que colaboró con la esposa del presidente Sánchez en el Máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. 

El rescate de Air Europa

El tribunal reitera, como ya hizo el 29 de mayo pasado, que debe quedar fuera de la investigación el rescate con dinero público de la aerolínea Globalia. Manos Limpias acusa a Begoña Gómez de haber ejercido influencia para favorecer el rescate de la compañía debido a su relación con el dueño de la compañía, Javier Hidalgo.

Globalia había colaborado con el IE Africa Center, dirigido en el pasado por Begoña Gómez y que se dedicada a promover proyectos de liderazgo y emprendimiento en el continente africano.

El rescate de Air Europa supuso una inyección de dinero público de 400 millones de euros, pero el tribunal dice que "la vinculación de la denunciada es, con los datos que se cuenta, una simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales que, en su momento puedan deparar nuevos datos y que quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno".

La Audiencia de Madrid ordena al juez centrarse en las adjudicaciones públicas logradas por las empresas de Juan Carlos Barrabés, investigado también en la causa, junto con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. 

Investigación justificada

Sobre aquellas ayudas públicas, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) constató en dos informes aportados al sumario la inexistencia de irregularidades. 

Si bien la defensa de Begoña Gómez había planteado en su recurso que la investigación había perdido su objeto al quedarse la Fiscalía Europea con las pesquisas sobre tres adjudicaciones, ya que se trataban de fondos comunitarios, la Audiencia dice que este argumento no es suficiente para archivar la causa. 

Los magistrados sostienen que "se han localizado noventa y nueve expedientes de contratación cuyo importe se cifra en 24.923.443 euros" y dice que no todas esas adjudicaciones contaron con fondos europeos.  

Los magistrados apostillan: "En dichas adjudicaciones apreciábamos datos objetivos en los que se constataba la intervención personal de la denunciada en apoyo de las empresas de Barrabés y que justifican la investigación".

La querella de Pedro Sánchez 

El aval de la Audiencia de Madrid al juez Peinado precede a la decisión que debe tomar este martes la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la querella interpuesta por Pedro Sánchez por presunta prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado. 

La Abogacía del Estado interpuso una querella en nombre del presidente del Gobierno por rechazar el juzgado de Peinado que declarase por escrito como testigo en la causa contra Begoña Gómez y obligar al jefe del Ejecutivo a declarar en presencia del juez en el Palacio de la Moncloa, el pasado 30 de julio. 

Los servicios jurídicos del Estado defienden que lo legal hubiera sido que Sánchez hubiera declarado por escrito.

El presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, amparado por el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que le dispensa de hacerlo por ser el cónyuge de la persona investigada. 

La Fiscalía es partidaria de que la querella de Pedro Sánchez sea admitida a trámite. Por otro lado, el Ministerio Público considera que el juez Peinado no motivó suficientemente la citación a Sánchez como testigo. 

Begoña Gómez también se ha querellado contra el juez Peinado y el TSJM debe decidir si admite a trámite esta querella por revelación e secretos y prevaricación.