"Aburrido". Así será, según varios dirigentes conservadores, el XVIII Congreso Nacional del PP que se celebra este fin de semana en Madrid. Frente a la cumbre de Podemos en Vistalegre, que los populares consideran que será de mayor interés mediático, en la Caja Mágica se esperan pocas sorpresas. 

Mariano Rajoy seguirá siendo el líder absoluto de la formación -ningún candidato se ha presentado siquiera para intentar hacerle sombra- y el partido seguirá aferrándose a su ideario tradicional, inmune a los aires de regeneración que han llegado a la política española desde 2012, fecha en la que se celebró el último Congreso. 

Pese a ello, la reunión -que se ha visto afeada por los últimos casos de corrupción que salpican al PP- no estará exenta de debate, aunque no se prevé que ninguna de la enmiendas más polémicas vaya a salir adelante. Público resume algunas de las cuestiones que aportarán tensión a la cita popular:

El primer Congreso sin Aznar

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar y su sucesor, Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. REUTERS

José María Aznar fue quien eligió a Mariano Rajoy como sucesor en 2004. Pero enseguida se arrepintió de aquel dedazo. Desde entonces, la relación entre ambos dirigentes sólo ha ido de mal en peor. 

El expresidente se dedicó a afear cada una de las decisiones de su discípulo. A través de su fundación intentó dirigirle en la sombra, pero Rajoy se rebeló y la ruptura entre ambos se ratificó con el divorcio entre Faes y el PP y el abandono de Aznar como presidente de honor del partido. 

Este año, por primera vez, los populares celebrarán su cumbre interna sin su militante más relevante. Es más, en Génova se encuentran en pleno proceso de búsqueda de una nueva organización que les sirva de guía ideológica y, de paso, reciba subvenciones públicas.

Enmienda contra Cifuentes, enmienda contra Cospedal

De las más de 4.000 enmiendas que han recibido los equipos de los ponentes (Estatutos y Política, Economía, Educación, Social e Internacional), muchas han sido transaccionadas en los textos originales, por lo que sólo un bajo porcentaje será debatido en las correspondientes Comisiones. 

Al 10, 11 y 12 de febrero apenas llegarán las más polémicas, sobre las que no se ha podido llegar a un acuerdo. Entre ellas, se encuentran las relativas a la limitación de mandatos, las incompatibilidades, la acumulación de cargos, la definición ideológica o el voto en conciencia.

Pero hay dos temas que, especialmente, pretenden poner palos en las ruedas de dos altos cargos del partido: se trata de Cristina Cifuentes -líder del PP de Madrid- y la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal.

En este último caso, los enmendantes pretenden evitar que la ministra de Defensa pueda ser, a la vez, secretaria general del partido y presidenta de la organización territorial de Castilla-La Mancha. De ahí, de su propia comunidad, vienen las principales protestas al respecto, aunque en el PP la mayoría da por hecho ya que Rajoy la mantendrá como su número dos. 

Algo parecido le ha ocurrido a Cifuentes. El PP de Madrid, cuya Gestora dirige ella desde la dimisión de Esperanza Aguirre, ha presentado una enmienda que pretende impedir que quien preside una gestora pueda presentarse después a la Presidencia del partido.

No obstante, en Génova no creen que vaya a aprobarse y, de todos modos, señalan que la medida no tendría efectos retroactivos, por lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid podrá presentarse a presidenta de la correspondiente organización territorial del partido en el congreso regional que tendrá lugar a mediados de marzo. 

El debate sobre primarias, desactivado

Cristina Cifuentes fue, precisamente, protagonista de muchos titulares en las semanas previas al Congreso. Ello se debió a que fue su organización quien presentó una enmienda a la ponencia de Estatutos de la dirección de Génova -el coordinador es el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maíllo- para introducir un sistema de primarias internas.

La propuesta inicial del equipo de Rajoy cambia el modelo de elección del presidente del partido, pero no sustancialmente. Se trata de una doble vuelta en la que los candidatos se someten a una primera votación en la que los militantes que se inscriban en el proceso votan en dos urnas: en una a los candidatos y en otra a los compromisarios del congreso. Pasarán a la segunda vuelta todos los candidatos que hayan obtenido como mínimo el 10% del total de los votos válidos de los militantes. Los compromisarios son los que encargados de votar la segunda vuelta durante el congreso del partido, como ocurre ahora. 

Si alguno de los candidatos obtiene más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los militantes, y ese porcentaje lo hubiese logrado en más de la mitad de las circunscripciones y con una diferencia superior a 15 puntos sobre el resto, será proclamado ante el Congreso como candidato único a la Presidencia del Partido. 

Cifuentes, por su parte, proponía el método "un militante, un voto" para que la elección del líder del partido fuera directa en todas las fases del proceso. Es decir, proponía dar la última palabra a todos los militantes -y no a los compromisarios elegidos- también en la segunda vuelta del proceso. 

Isabel Bonig, presidenta del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV), también lideró una propuesta para modificar la de Génova. En este caso, sólo se trataba de un tecnicismo que reclamaba que los compromisarios sólo pudiesen cambiar la decisión de los militantes en la primera vuelta si en la segunda el ganador obtenía 2/3 de los votos. 

Finalmente, Maíllo aceptó transaccionar esta última propuesta de los valencianos y llegó a un acuerdo, también con Cifuentes, que desactivó en parte la tensa polémica sobre la democracia interna del partido. Así, el PP de Madrid y el PPCV podrán celebrar sus propios congresos regionales de forma asamblearia -todos los militantes serán compromisarios- a cambio de que la elección del líder nacional del partido siga celebrándose mediante un sistema representativo y no de elección directa. 

Maíllo, Sáenz de Santamaría, Rajoy, Cospedal y Cifuentes, en una imagen de archivo. REUTERS

La gestación subrogada y el voto en conciencia

Más allá de su propia organización interna, en el PP se han abierto otras brechas en torno al ideario que debe regir los fundamentos del partido. Más allá del acuerdo alcanzado en torno a la definición técnica del logo -es "un charrán conocido comúnmente como gaviota"- o el mantenimiento de su ideología "de centro derecha, conservador, liberal y democristiano" -sólo se debatirá si esa cuestión debe imponerse en el preámbulo de los Estatutos o también en su articulado-, la ponencia Social que encabeza Javier Maroto ha suscitado delicados debates.

Es el caso de las numerosas enmiendas que Génova ha recibido en relación a la gestación subrogada. Debido al alto número de propuestas posicionándose a favor y en contra de la misma, la dirección no ha sido capaz de acordar una postura común al respecto, por lo que serán debatidas este fin de semana en su correspondiente Comisión y puede que hasta lleguen al Plenario. 

Según apuntó el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, este lunes, es probable que la solución pase por establecer "un posicionamiento común" que se quede, simplemente, en especificar que los conservadores son conscientes de que se trata de "una realidad que genera debate en la sociedad" pero que cuyo debate deberá ser resuelto por el poder legislativo; es decir, por el Congreso. Ciudadanos ya ha solicitado que se haga.

De otro lado, los conservadores sí han llegado a otro acuerdo relativo a la ponencia de Estatutos y Política para permitir el voto en conciencia. Es decir, los cargos públicos del partido podrán saltarse la disciplina de voto siempre que se trate de debates profundamente ideológicos como los relativos al aborto o a la propia gestación subrogada, por ejemplo.

El PP seguirá siendo el PP

Pese a estos pequeños cambios y los debates que aún están abiertos, el PP seguirá siendo el PP después de este fin de semana. Y es que en Génova no esperan que las enmiendas de más enjundia vayan a salir adelante. 

Este es el caso, por ejemplo, de la relativa a la limitación de mandatos a ocho años; una cuestión que Rajoy firmó en su pacto con Ciudadanos, pero que no está dispuesto a incluir en las normas internas de su formación. 

"Nuestro ideario no nos lo van a hacer desde fuera", reclamó Maíllo en su día. El PP quiere mantener a Rajoy como líder y, por tanto, candidato directo a las próximas elecciones generales. Al menos, de momento, por lo que no establecerán dicha restricción en sus Estatutos. Aunque lo hicieran, no afectaría a su presidente a corto plazo, dado que, como reconocieron los de Rivera, la medida no sería retroactiva, por lo que no se aplicaría a Rajoy sino a su futuro sucesor.

Tampoco aceptarán la enmienda de Nuevas Generaciones que propone que cualquier persona "que haya contribuido de forma determinante al fortalecimiento" del proyecto político conservador pueda ocupar el cargo del presidente de honor. La norma seguirá como hasta ahora: para suceder a Aznar en ese cargo, el candidato tendrá que haber sido con anterioridad presidente del partido.

Por otro lado, aunque la decisión final está en manos del presidente, tampoco se esperan cambios en el equipo directivo. En las quinielas, la mayoría apuesta por la continuidad de María Dolores de Cospedal al frente de la Secretaría General, así como un ascenso de Maíllo a la figura de coordinador general, que podría crearse sin necesidad de incluirla en los Estatutos. Tampoco se prevé la modificación de cargos entre los vicesecretarios, dado que ellos apenas llevan año y medio en sus correspondientes cargos y de todos es sabido que a Rajoy no le gustan en exceso las crisis en sus equipos. No obstante, queda por ver si Javier Arenas, salpicado por la trama Gürtel, continúa como titular de Política Territorial. 

Además, el partido seguirá insistiendo en las líneas generales de sus últimos programas electorales. Así, volverá a proponer que gobierne la lista más votada, incidirá en los problemas que conlleva el envejecimiento de la población, seguirá oponiéndose a la reforma constitucional y, como ya le anunció Rajoy a Trump, intentará posicionarse como "socio prioritario" de EEUU en Europa, entre otras cuestiones.

¿Lucha contra la corrupción? La solventan con la simple creación de una "Oficina del Cargo Popular", pero seguirán sin expulsar a los imputados de sus filas. Y eso que las últimas confesiones de empresarios confirmando la financiación ilegal del PPCV y la próxima declaración de la exministra de Sanidad Ana Mato, este lunes, también por Gürtel, hacen temblar el clima de paz que pretendían vender desde Génova.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su socio en el pacto de investidura, Albert Rivera (C's), en una imagen de archivo. REUTERS

Los invitados del 'diálogo'

El Congreso de los populares, que llega con más de un año de retraso -debía celebrarse cada cuatro años y el último fue en 2011, en Sevilla-, se celebra en medio de unas circunstancias especiales. El PP se encuentra ahora con un Gobierno en minoría y se ha visto obligado, tras la irrupción de las dos nuevas fuerzas políticas en el Parlamento, a dialogar. 

Una muestra de esas nuevas relaciones con la oposición -con quien todavía debe pactar los Presupuestos Generales del Estado- es la invitación mutua a sus respectivas cumbres internas. Casado y Maíllo acudieron el domingo pasado a la Asamblea de los naranjas, un guiño que los de Rivera devolverán con la presencia de la portavoz de C's en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, y el secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso, Miguel Gutiérrez, en la Caja Mágica. 

Se desconoce, en cambio, si los socialistas enviarán a algún representante al Congreso del PP, aunque sí se sabe que Génova cursó invitación al presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández. Se da por hecho que al evento no acudirá nadie de Podemos, dado que el partido morado se encontrará inmerso en su propia 'batalla de Vistalegre' en las mismas fechas. 

El Congreso, en cifras

En el XVIII Congreso del PP hay 3.128 compromisarios con derecho a voz y voto.

De ellos, 513 son natos (de la Junta Directiva Nacional) y el resto, electos.

De ellos, 1.637 compromisarios son cargos públicos, más de la mitad son alcaldes y concejales. El resto, militantes de base. 

El 69% son hombres; sólo el 31%, mujeres.

La compromisaria de mayor edad tiene 89 años; la más joven, también mujer, 19.

Hay cinco ponencias a debatir, que representan las propuestas de la dirección para los cambios en Estatutos y Política, Social, Economía, Educación y Europa. 

La de Estatutos y Política ha sido elaborada por Alicia Sánchez Camacho, Pedro Sanz, Mercedes Fernández e Ignacio Diego, todos ellos coordinados por el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maíllo.

La de Europa ha sido coordinada por el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, cuyo equipo está formado por Ramón Luis Valcárcel, Pablo Zalba, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. 

En la de Educación, Innovación y Cultura, coordinada por la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, han participado también Juan Vicente Herrera, Asier Antona y Miquel Vidal.

En la Económica y de Administración Territorial, coordinada por Javier Arenas, han colaborado Alberto Núñez Feijóo, Xavi García Albiol, Alfonso Alonso y José Ignacio Ceniceros. 

Y en la Social, coordinada por Javier Maroto, han participado Juan Manuel Moreno, Pedro Antonio Sánchez, Isabel Bonig y José Antonio Monago.

Los militantes y organizaciones territoriales han enviado a Génova más de 4.000 enmiendas. La mayor parte de ellas, a la ponencia de Estatutos y Política (1.300), seguida de Educación (840), Social (740), Economía (715)  y Europa (420).

La mayoría de ellas han sido transaccionadas, es decir incluidas ya en el propio texto de la ponencia, en las semanas anteriores a la celebración del Congreso. El resto serán debatidas en sus correspondientes comisiones. Si alguna de ellas recibe el 30% de los apoyos, será elevada para su debate en el pleno. 

Los compromisarios deben decidir en qué comisión quieren inscribirse. Este año, por primera vez, el Reglamento del Congreso se ha modificado para que la Ponencia de Estatutos y Política pueda celebrarse como si de un plenario se tratase: todos los compromisarios podrán inscribirse y votar en ella. 

Los acuerdos se toman por mayoría simple en una votación a mano alzada, a excepción de las listas de los miembros que formarán parte del Comité Ejecutivo Nacional, que se votan en urna. Rajoy no participará en la defensa de ninguna ponencia ni enmienda, así como en la votación de las mismas, a fin de no influir en el voto de los compromisarios.