El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, prosigue con su estrategia de erosionar la gestión socialista en la Junta con la idea de enterrar las banderas que permitieron al PSOE estar 37 años consecutivos gobernando. En esta ocasión, el tema elegido han sido las sentencias condenatorias que, por diversas razones, según los datos que aportó el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, en el Parlamento de Andalucía, han quedado sin pagar y que ascienden a 214 millones de euros imputables al presupuesto público.

Entre ellas, está la del Metro de Sevilla, que supone 160 millones de euros que la administración tiene que pagar por los sobrecostes en la obra. Bendodo aseguró que por este fallo, del Tribunal Supremo, la Junta tendrá que consignar en el próximo Presupuesto 167 millones de euros. Según dijo, la intención del Gobierno andaluz es abonar esa cantidad a la mayor brevedad posible "ya que cada mes que transcurre origina un incremento de 300.000 euros en concepto de intereses”.

Sin embargo, el exconsejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, manifestó a Público que “la sentencia del metro de Sevilla se imputó al presupuesto de 2018”. “Por tanto, solo tienen que pagarlo, y no tiene que ser presupuestado en 2019. Es una cuestión de tesorería. Si genera intereses ahora es por una decisión de este gobierno. Y si le quitas los 167 del metro de Sevilla, ¿Qué te queda? Menos de 50. ¿Los dan por perdidos? Esto no significa mala gestión. Es una discusión sobre quién tiene que pagar una obra ya hecha”.

Reducir la litigiosidad

La litigiosidad es una cuestión habitual que afecta al día a día de todas las administraciones, independientemente de quien las gobierne. Bendodo afirmó que el gabinete jurídico de la Junta tiene contabilizados desde 2014 más de 60.0000 expedientes. Estos procesos están relacionados con casos de posible responsabilidad patrimonial de la administración, expedientes sancionadores, impugnaciones de resoluciones o justiprecios.

El consejero agregó que estos procedimientos judiciales podían acabar determinando un gasto porque existieran responsabilidades patrimoniales de la administración o se fije un justiprecio. También, en algunos casos, pueden generar un ingreso por sanciones o expedientes tributarios abiertos que sean positivos para la Junta de Andalucía.

Así las cosas, Bendodo anunció que el Gobierno busca reducir la litigiosidad de la administración, especialmente en aquellos proyectos de gran envergadura. Para ello, se ha creado una comisión interdepartamental que trabajará en desbloquear aquellos asuntos más urgentes y evitar así la vía judicial.

Se trata, según dijo Bendodo, de un plan de choque que incluirá, entre otras medidas, la reasignación de personal durante 18 meses para estas tareas. Igualmente, también se trabaja en la creación de una oficina de responsabilidad patrimonial para unificar criterios y acciones de la. Junta de Andalucía en esta materia, recoge Europa Press.