El Parlamento de Andalucía se dividió este jueves y puso en evidencia que las heridas abiertas por el golpe del 18 de julio de 1936, la guerra civil y los 40 años de dictadura aún no han podido cerrarse. Vox, el partido de ultraderecha que se ha autoerigido como "la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional", votó en contra de todos los puntos, 21, que recogía una moción del PSOE de Andalucía que instaba al Gobierno, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, a aplicar en todos sus puntos la Ley de Memoria Histórica.

Ambos partidos votaron junto a la ultraderecha todos los puntos de la moción que recogían plazos y compromisos presupuestarios, como el de garantizar una subvención a la web www.todoslosnombres.org, que ha logrado recuperar ya casi 100.000 nombres del olvido al que los quiere reducir Vox. Adelante Andalucía la apoyó entera y el PSOE le ‘compró’ tres enmiendas a la coalición de izquierdas. Durante el debate de la moción, el portavoz de Vox, Benito Morillo, llamó a las asociaciones memorialistas "buscadores de huesos".

El debate de esta moción ha revelado que, a la hora de la verdad, este no es un asunto al que este Gobierno le dé la relevancia que reclaman las asociaciones memorialistas y las familias de las víctimas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presionado por Vox, a quienes necesita para mantenerse en el Ejecutivo, dejó bien claro que su partido no va a permitir que el primer gobierno de derechas vaya a caer debido a las políticas memorialistas y se alineó en el bando ultra. "Queremos hacer una ley de Concordia donde todos los andaluces nos sintamos representados", dijo el presidente con contundencia en el Parlamento en la sesión de control.

PP y Ciudadanos solo votaron a favor de aquellos epígrafes que recogían genéricamente que la Junta de Andalucía aplicará la norma, como este: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al cumplimiento de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática con el fin de garantizar a la ciudadanía andaluza el derecho a conocer tanto la verdad de los hechos acaecidos como la protección, conservación y difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, relativo al periodo que abarca desde la Segunda República, la Guerra Civil, la Dictadura Franquista y la transición democrática hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

Pero evitaron apoyar aquellos puntos en los que el PSOE les quiso poner plazos. Por ejemplo, este: “El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a concluir los últimos trámites administrativos para la firma, antes del próximo mes de abril, del Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla, para el desarrollo y financiación de las actuaciones necesarias para la exhumación de restos de personas desaparecidas víctimas de la Guerra Civil española y la Dictadura franquista, en la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, de Sevilla”.