Un día después de que en el Parlamento de Andalucía se viviera una bochornosa sesión en la que el diputado de Vox, Benito Morillo, despreció a las víctimas del franquismo, la consejera andaluza de Justicia, Patricia del Pozo (PP), y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), mantuvieron una reunión de trabajo en el que, entre otros asuntos, trataron de la exhumación de la fosa de Pico Reja, en la que se cree que hay más de 1.100 cadáveres de la represión franquista.

En el encuentro, según indicaron a Público tanto fuentes del Ayuntamiento de Sevilla como de la Consejería de Cultura, Del Pozo se comprometió con Espadas a colaborar en los trabajos de exhumación. Hay voluntad, por tanto, como ya había anunciado la consejera en el Parlamento hace unas semanas, pero aún falta la fecha concreta para la firma del convenio y, por ende, para que comience la exhumación. El Ayuntamiento ya ha recopilado más de 230 muestras de ADN de las famlias de las víctimas. La idea del alcalde Juan Espadas es que se haga cuanto antes.

El coste total de las actuaciones ha sido tasado en 1,2 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla aportarían casi la mitad, 265.000 euros cada una de ellas. El resto de las aportaciones serían realizadas por el Estado y por el propio Ayuntamiento. 

Las políticas de memoria histórica de las que se ocupa Del Pozo están en el ojo del huracán debido a que los conservadores necesitan, para seguir en el Gobierno andaluz, del apoyo de los ultras de Vox, autoerigidos en “la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional”, el franquista.

Juanma Moreno, para ser presidente, firmó con Vox “promover” una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica”. Y el partido de ultraderecha se lo recuerda cada vez que tiene ocasión. Hasta el punto de que Moreno, el mismo día en que Vox arremetía contra “los buscadores de huesos”, no afeó a los ultras su conducta, sino que reiteró su compromiso de cambiar la ley.

Y en paralelo, la izquierda, PSOE y Adelante Andalucía, reclaman que se aplique la Ley de Memoria Histórica en todos sus términos y de manera inmediata.

Así las cosas, la consejera, desde que tomó posesión de su cargo, navega entre dos aguas y ha tratado de despejar las dudas sobre lo que va a hacer. Del Pozo, en sus intervenciones públicas y también privadas, ha intentado dejar claro que las víctimas y sus familias pueden estar tranquilas y que la ley se va a aplicar “a rajatabla” mientras esté en vigor. Cuenta para ello con el respaldo del consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), y con el del vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos).

No parece que Vox y PP vayan a obtener la mayoría necesaria para cambiar la ley, habida cuenta del desinterés actual de Ciudadanos por impulsarla. Tanto Moreno como Marín son personas de talante moderado y dirigían los grupos parlamentarios que se abstuvieron en la votación de la Ley de Memoria en la pasada legislatura. No la votaron en contra. Fuentes del Gobierno andaluz aseguraron a Público que la idea no es sacar un proyecto de Ley de Concordia desde el Ejecutivo, sino que los grupos parlamentarios de PP y Vox se pongan de acuerdo y hagan una proposición de ley.

Unanimidad en Sevilla

Lo cierto es que la mayor fosa de la represión franquista exhumada hasta ahora en España se hizo en Málaga con un alcalde del PP en la oficina, Francisco de la Torre. De la Torre prefirió colaborar con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, entonces en manos socialistas -Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero-, para, antes de hacer un parque, dignificar la memoria de los represaliados. Esta manera de actuar de De la Torre, discreta, sin ofender a la izquierda ni humillar sus causas justas, es una de las claves que explican la longevidad del regidor en la alcaldía de Málaga, para la que ahora opta a la reelección. Lleva desde el año 2000: 18 años.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ya aprobó el pasado 28 de enero por unanimidad una moción presentada por el Grupo Socialista en la que se instaba al gobierno de la Junta de Andalucía a mantener los compromisos con el Consistorio para llevar a cabo la exhumación de los restos de las personas que fueron asesinadas entre julio y agosto de 1936 como consecuencia del golpe militar de Francisco Franco y enterradas en la fosa común de Pico Reja en el cementerio de San Fernando de la capital hispalense, en la que podría estar Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza.

En la fosa de Pico Reja, según se desprende de los trabajos del historiador José Díaz Arriaza, hay más de 1.100 cuerpos, que fueron arrojados en los meses posteriores al levantamiento militar de Franco. De hecho, se cree que quedó colmatada en agosto de 1936, algo más de un mes después del golpe.
Los trabajos que se van a realizar incluyen, entre otras cosas, la exhumación e individualización de los cuerpos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista que pudieran hallarse; el estudio sobre los restos que fueran recuperados, la compilación de información de los familiares que puedan asociarse a cada una de las víctimas, y la dignificación del espacio en que ha sido localizada la fosa.

En el cementerio de Sevilla hay además otras dos fosas, la de Antigua y la de Monumento. En total, se calcula que hay unos 4.500 cadáveres. Aquí se puede consultar su ubicación.