Los Presupuestos Generales del Estado todavía no están aprobados, pese a que el Gobierno logró sortear el debate de las enmiendas a la totalidad y nunca unas Cuentas del Estado han decaído después de pasar este trámite. Pero si finalmente salen adelante en el Congreso, en la votación definitiva prevista para el 3 de diciembre, se está trabajando ya con la posibilidad de que puedan salir en el BOE antes de final de año, y no prorrogar, una vez más, los Presupuestos de Cristóbal Montoro.

Según fuentes consultadas, en el Senado se quiere hacer una tramitación lo más rápida posible para su aprobación, y se intentará que la votación definitiva en pleno se fije para el próximo 23 de diciembre en la Cámara Alta. Esto implica que, incluso aunque se introduzcan enmiendas en el Senado, el proyecto final puede volver a ser votado en Pleno en el Congreso antes de final de año.

El Gobierno siempre ha hablado de que los Presupuestos, en el peor de los casos, entrarían en vigor definitivamente en las primeras semanas del mes de enero, pero supondría la prórroga automática de los del PP para este año, aunque fuese más un mero formalismo al que el Ejecutivo resta importancia.

Sin embargo, según fuentes consultadas, sería mejor que desde el mismo 1 de enero estuvieran en vigor las nuevas Cuentas Públicas, a todos los efectos, y por ello se va a intentar acelerar los trámites, siempre que haya una mayoría suficiente para aprobarlos.

Desde la entrada de las cuentas al Congreso, la Cámara Baja anticipó una tramitación exprés con el objetivo de reducir los tiempos y de acortar los plazos de las distintas fases del proceso. La Mesa aprobó, tras un acuerdo en la Junta de Portavoces, un calendario que reducía a apenas un mes la estancia de los Presupuestos en el Congreso, en lo que se conoce como la primera fase de la tramitación.

Las comparecencias de altos cargos del Estado se resolvieron en dos días (un proceso que normalmente lleva alrededor de una semana), y los plazos para presentar enmiendas se redujeron a la mitad. Tras superar el debate de totalidad el pasado jueves, los grupos tienen hasta el lunes para presentar sus enmiendas al articulado.

El cierre de plazo de enmiendas al articulado marca el inicio de la fase de ponencia, donde los partidos deben desarrollar el texto definitivo de los PGE en la Comisión de Presupuestos. Para concluir este trámite tienen hasta el 20 de noviembre, cuando se presentará el informe de la ponencia. El dictamen se votará en comisión una semana después, el 27 de noviembre, y la semana del 30 de noviembre al 3 de diciembre se votará este mismo dictamen en el Pleno del Congreso (donde habrá una votación para cada una de las secciones del proyecto, y otra para el conjunto de la ley presupuestaria).

La ley de Presupuestos goza de prioridad

Si sale adelante esta votación, las cuentas pasan al Senado, donde empieza la segunda fase de tramitación. Tras su entrada en la Cámara Alta, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, es también la encargada de fijar el calendario (es aquí donde se fijaría el Pleno del 23 de diciembre). Al igual que en el Congreso, la ley de Presupuestos goza de prioridad sobre el resto de iniciativas, y antes de iniciar su tramitación deben comparecer los denominados altos cargos del Estado (un proceso que podría resolverse en un par de días, como se demostró en la Cámara Baja).

En primer lugar, el proyecto se enfrenta a una suerte de nuevo debate de totalidad, en donde los grupos pueden presentar vetos al texto del Congreso; si alguno de los vetos sale adelante, el proyecto se devuelve a la Cámara Baja, y si se rechazan todos, pasa a la comisión de Presupuestos del Senado, donde se debaten y votan enmiendas al articulado. El último trámite en la Cámara Alta es una nueva votación en el Pleno, en esta ocasión del texto definitivo con aquellas enmiendas que se mantengan vivas y tengan posibilidades de incorporarse al proyecto de ley.

Este es el debate que se celebraría, en principio, el 23 de diciembre. Si los PGE se aprueban en sus términos, sin que sean aceptadas enmiendas, el texto se considera aprobado y se publica en el BOE, concluyendo su tramitación. Si se aprueba alguna de las enmiendas presentadas, se devuelve al Congreso, que resuelve en una última votación la tramitación de las cuentas.

La Cámara Baja puede, mediante una mayoría absoluta, tanto levantar los vetos que hayan podido ser aprobados por el Senado (en la primera votación en Pleno en la Cámara Alta), como rechazar las enmiendas aprobadas también en el Senado (en la segunda votación en la Cámara Alta). Si no se obtiene un número de, al menos, 176 votos, se repetiría una segunda votación en la que valdría una mayoría simple (más votos a favor que en contra), pero no se podría celebrar hasta pasados dos meses de la primera votación, por lo que los PGE no estarían listos a principios de 2021.

Fuentes jurídicas del Parlamento avanzan que, tras el Pleno celebrado en el Senado el día 23, el Congreso podría convocar una sesión plenaria apenas unos días después para celebrar la votación definitiva; de manera que, si el Gobierno cuenta con mayoría absoluta en la votación definitiva en la Cámara Baja, la tramitación concluiría antes de acabar el año.