Cuatro maquis regresarán a su tierra natal más de 70 años después de ser asesinados

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una iniciativa pionera para exhumar los cuerpos de víctimas de la dictadura franquista enterrados en otras comunidades con el fin de entregárselos a sus familiares para que puedan sepultarlos en la comunidad.

La ausencia de programas de ámbito estatal y de financiación tras llegar al poder el PP de Mariano Rajoy en 2011, así como las limitaciones territoriales de las normativas autonómicas sobre Memoria Histórica, suponen un obstáculo para que familiares de víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista puedan recuperar los restos de personas enterradas en otras comunidades: la normativa de las autonomías de origen no es aplicable en otros territorios, y sus ciudadanos no pueden acogerse a la que rige en las que se encuentran los restos.

Sin embargo, una resolución aprobada en las Cortes de Aragón hace unos meses ha abierto una nueva vía que permita a los familiares de las víctimas superar las fronteras administrativas.

La cámara apoyó por unanimidad en junio de 2016 una propuesta del diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez, historiador que ha realizado varias investigaciones sobre el maquis, que instaba al Gobierno autonómico a “establecer contactos” con los de otras comunidades en las que “se tenga constancia de que existan restos localizados de aragoneses asesinados durante el periodo de la guerra civil y la dictadura, a fin de facilitar su regreso a Aragón en caso de ser solicitado”.

Los primeros frutos de la iniciativa

La iniciativa ha comenzado a dar sus frutos, ya que el ejecutivo autonómico está cerrando con los ayuntamientos de El Portell de Morella (Castellón) y Tortosa (Tarragona) la exhumación de una fosa y una tumba, respectivamente, localizadas en sus términos y en las que están enterrados los restos de cuatro miembros de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA) del maquis, abatidos tras haber vagado durante años sus unidades por el Maestrazgo y los Puertos de Beceite, entre Castellón, Tarragona y Teruel, desde la fallida invasión del valle de Arán en 1944.

Ambos consistorios, y también la Generalitat Valenciana, han dado su conformidad a las excavaciones, confirmaron fuentes del Gobierno autonómico, cuyo director general de Relaciones Institucionales, Julio Embid, viajó este jueves a Castellote, donde reside Lidia Serrano, la hija octogenaria de uno de esos guerrilleros, para adelantarle personalmente el acuerdo, pendiente de fecha y de cerrar los aspectos de intendencia.

“Es un acuerdo pionero entre comunidades”, destaca Domínguez, que muestra su agradecimiento a Embid y al consejero de Presidencia, Vicente Guillén, por su implicación en el rescate. De hecho, tan solo hay antecedentes de una acción similar entre las juntas de Andalucía y de Castilla y León.

Ir por delante de la ley

“Estamos cerrando acuerdos para que los ayuntamientos le cedan al Gobierno de Aragón la custodia de los restos hasta que confirmemos su identidad y podamos entregarlos a las familias”, explica Embid, que este miércoles formalizó por carta los contactos con las tres administraciones.

La Consejería de Cultura cederá un equipo de arqueólogos para realizar las exhumaciones mientras que la idea es que los análisis de ADN los efectúe el IMLA (Instituto de Medicina Legal de Aragón), aunque este fleco está por cerrar. Entre otras cosas, porque la Administración ha ido, en este caso, por delante de la ley.

La ley de Memoria Democrática, en la que Ciudadanos mantiene una enmienda para incluir los convenios entre comunidades, sigue su tramitación parlamentaria, lo que hace que el Servicio de Memoria del Departamento de Presidencia no haya podido ser creado (tendrá cuatro funcionarios) y que los mecanismos administrativos no estén definidos. “Me he ido buscando la vida”, anota Embid, quien destaca que, finalmente, “lo vamos a hacer todo desde Aragón”.

Embid critica la desidia del Estado en materia de Memoria Histórica. “Es una vergüenza que actuaciones de este tipo no se hagan desde el Ministerio de Justicia y que cada comunidad autónoma tenga que buscarse la vida”, señala.

Seis décadas en una tumba sin nombre

Los restos del padre de Lidia, Francisco Serrano, comandante de uno de los tres batallones del sector 17 de la AGLA y conocido como El rubio y El pitarquino, llevan más de seis décadas enterrados en una tumba sin nombre del cementerio de Tortosa.

Fueron sepultados allí tras fallecer la madrugada del 3 de agosto de 1954 por los dos balazos en el estómago que recibió en el asalto a la masía de un familia de arroceros en Els Reguers, uno de cuyos hijos, militar, recuperó su arma tras ofrecerles vino a Serrano y a su compañero, el misterioso guerrillero hermafrodita Florencio Pla Messeguer, nacido como Teresa, apodado La pastora y que utilizaba el nombre de guerra de Durruti.

Pla, que llegó a disparar una ráfaga con su metralleta Sten antes de huir, abandonó a Serrano junto a una acequia, donde la Guardia Civil lo hallaría muerto poco después. La pastora huyó a Andorra, donde se dedicaría al contrabando de tabaco hasta que otro matutero lo señaló en 1960. Estuvo en prisión hasta 1977.

Serrano, uno de los guerrilleros que participaron en la refundación del maquis en las cuevas del Regazo de Camarena (Teruel) en 1945, tras la retirada o aniquilación del grueso de los primeros partisanos, había pasado cinco años como topo en la masía Vallbona de Castellote, a la que regresó tras haber participado en la guerra civil en el bando republicano y desde la que, al principio, estaba obligado a presentarse cada dos por tres en el cuartelillo local. Se echó al monte tras toparse con un grupo de vecinos que estaba ayudando a unos topógrafos por la zona.

Poco después se uniría también a la guerrilla su padre, Isidro, que fue torturado varias veces, hasta perder las uñas en una de ellas, tras la fuga de Francisco.

Una fosa en Los Puertos

El episodio de El Portell de Morella resultó clave en la historia del maquis. En él murió Ángel Fuertes Villosa, alias Antonio, líder de la AGLA y natural de Agüero (Huesca), y en él se entregó, antes de alistarse en la Guardia Civil, con cuyo uniforme moriría en un tiroteo con el maquis al año siguiente, Manuel Torres Camallonga, alias Manolete y Rodolfo.

Este último acabó derrumbándose en los interrogatorios del SIGC (Servicio de Información de la Guardia Civil) y terminó derrotando parte de las redes de apoyo y de campamentos de la guerrilla, que sufrió varios duros golpes que se sumaron a la pérdida de su principal estratega.

Ambos, junto con José Nieto Martín, de Híjar (Teruel), y Manuel Ortíz, alias Andrés, de Martos (Jaén) y uno de los últimos supervivientes de la fallida invasión del Valle de Arán, llegaron a la masía Guimerà, en El Portell, la noche del 25 al 26 de mayo de 1948, mientras se dirigían hacia Mosqueruela.

Sobre las once de la mañana del día siguiente, unas horas después de que el masovero desapareciera para no regresar nunca a la casa, una tropa de quince guardias civiles llegados de Morella sitiaba el edificio: Fuertes, Nieto y Ortiz murieron al intentar escapar, mientras Torres, de apenas veinte años, fue arrestado tras quedarse sin munición.

“Era una historia de supervivencia, en la que la vida de otro no valía nada. Era algo deshumanizado”, anota Domínguez, que destaca cómo la exhumación de los restos de los tres guerrilleros va a llegar poco después de que el hermano de Fuertes haya fallecido con más de 90 años y después de haber dedicado buena parte de su vida, sin éxito, a tratar de recuperar el cuerpo de su hermano para enterrarlo a los pies de los Mallos.