El delito de financiación ilegal de los partidos políticos es relativamente nuevo, fue tipificado en 2015, y nueve años en términos de la puesta en marcha en el ordenamiento jurídico no son demasiado. De hecho, no existe jurisprudencia sobre condenas expresas por financiación ilegal, según señala el abogado David Sans, uno de los pocos especializados en esta materia.

Este delito está recogido en el artículo 304 bis del Código Penal y castiga con penas de prisión de entre seis meses y cuatro años y cuantiosas multas, de entre el triple y el quintuple de las aportaciones recibidas fraudulentamente, a los partidos que incurran en estas actitudes. 

El delito de financiación ilegal de partidos surgió como "respuesta a una cierta demanda de otorgar tutela penal a la transparencia en la financiación de los partidos políticos y el acceso a la financiación de forma limpia y en condiciones de igualdad entre los distintos actores políticos", explica Sans, con despacho en Barcelona.

Al reciente caso del agitador ultra Luis Pérez, conocido como Alvise, fundador del partido 'Se acabó la Fiesta' (SALF) e investigado por la Fiscalía por presunto delito de financiación ilegal al recibir 100.000 euros de una plataforma que negocia con criptomonedas, se une ahora Vox y sus dirigentes, que han admitido que un banco húngaro les prestó en torno a nueve millones de euros para las elecciones generales y municipales de 2023. 

La ley de financiación de partidos prohíbe expresamente que las organizaciones políticas españolas acepten fondos por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos. 

Se da la circunstancia de que el banco Magyar Bankholding (MBH), que concedió 9,2 millones de euros a Vox, tiene vínculos con el primer ministro húngaro, el ultraderechista Viktor Orbán. Se trata del segundo banco de Hungría y uno de sus máximos accionistas es un amigo íntimo de Orbán, como es notorio en el país centroeuropeo.

Según establece la ley de financiación de partidos, se excluye del delito penal si la irregularidad en la obtención de fondos se produce para financiar una campaña electoral, apunta el penalista David Sans, que señala que en ese caso se sancionaría al partido por vía administrativa. 

En caso de que Vox fuera investigado judicialmente por el préstamo de un banco húngaro con vinculaciones con el primer ministro de ese país, tendría que demostrar que el dinero fue invertido exclusivamente en las campañas electorales de 2023. 

La formación ultraderechista ha defendido la operación bancaria en Hungría, calificando los préstamos como "absolutamente legales" y  comunicados debidamente al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, escondió la identidad del banco en sus cuentas de 2023, tanto las ofrecidas a sus afiliados como las que colgó en su página web, contraviniendo así la ley de financiación de partidos. 

Multa del Tribunal de Cuentas

Precisamente, el máximo órgano fiscalizador del sector público sancionó a Vox este verano con una multa de 233.000 euros por haber recibido donaciones ilegales para financiar una querella contra el expresident catalán Quim Torra y abonar la fianza de un joven procesado, en 2019.

Las cuentas del partido ultra correspondientes a 2019 presentaban varios puntos flacos en colisión con la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que prohíbe que los partidos reciban donaciones finalistas, es decir, aportaciones económicas destinadas expresamente a un fin concreto. 

La ley sobre financiación de partidos prohíbe de forma expresa a los partidos políticos aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones finalistas, también donaciones de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales, y de una persona jurídica (una empresa). 

La misma ley prohíbe a las entidades de crédito realizar condonaciones totales o parciales de deuda a los partidos, ya sea cancelar total o parcialmente el principal del crédito, los intereses vencidos o renegociar el tipo de interés por debajo del ofrecido en el mercado, recuerda el letrado David Sans. "En todo caso, del control del cumplimiento de estas condiciones se encargan el Tribunal de Cuentas y el Banco de España, y es algo que quedaría fuera del ámbito penal", matiza.

En el caso de la querella contra Quim Torra, Vox abrió una colecta en su página web el 17 de abril de 2019 para recaudar los 15.000 euros necesarios. El Tribunal de Cuentas consideró irregular solo la captación de 10.563,45 euros; el resto del dinero procedía de afiliados del partido.

Las finanzas de Alvise Pérez

¿Podría Alvise Pérez, investigado por presunto delito de financiación ilegal de partidos por recibir 100.000 euros de una plataforma de criptomonedas, acabar en la cárcel por esta donación? 

En su caso, si la Justicia pudiera demostrar que ha existido un delito de financiación prohibida a los partidos, se le acabaría imponiendo una multa que podría ser de cinco veces el dinero defraudado, es decir, una sanción de hasta 500.000 euros. 

Para el abogado David Sans, este caso constituiría una donación finalista, es decir, realizada con la voluntad de ser destinada a un fin determinado, en este caso, la promoción de la plataforma de criptomonedas. 

En caso de que se probara que esa donación privada "se destinó a sufragar el funcionamiento ordinario del partido SALF y cumpliera determinados requisitos, se podría enfrentar a una pena de prisión de 6 meses a 4 años y multa del triple al quíntuple del valor o del exceso de la donación", explica el abogado. 

Presunta estafa

Este mismo martes, la Fiscalía ha respaldado que la Audiencia Nacional asuma la investigación sobre la supuesta estafa de Madeira Invest, la plataforma de criptomonedas vinculada al eurodiputado Alvise Pérez.

Álvaro Morillo, fundador de Madeira Invest y conocido en redes como "CriptoSpain", se presentaba como experto en elusión fiscal. Con este argumento, logró convencer a cerca de 30.000 personas para que se unieran a su club privado de inversión, prometiendo rendimientos extraordinarios, superiores al 50%, mediante inversiones en relojes, automóviles de lujo y propiedades inmobiliarias. 

Los 100.000 euros que Morillo ha confesado haber entregado a Alvise coincidiendo con su entrada en el Parlamento Europeo, debían servir para que este promocionara entre sus adeptos la citada plataforma, como una manera de evadir impuestos. 

Para unirse al club de Madeira Invest, era necesario realizar un depósito inicial de 2.000 euros, que supuestamente sería recompensado con transferencias bancarias en criptomonedas. Aunque todavía no se ha determinado la cifra exacta, el fraude podría superar los 600 millones de euros.