En febrero de 2021 el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, marcaba en una rueda de prensa la posición de su partido, el PSOE, respecto al debate en torno a la vivienda: "Nosotros pensamos que lo mejor es promover, no imponer. La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica", aseguró.

Estas declaraciones tuvieron lugar en plena disputa con Unidas Podemos por la ley de vivienda, una norma que se empezó a negociar en 2020, pero que no vio la luz en Consejo de Ministros hasta dos años después (febrero de 2022), y que no fue aprobada definitivamente hasta mayo de 2023, en los últimos compases de la legislatura.

La vivienda es la disputa con mayor recorrido que ha existido entre el PSOE y la izquierda alternativa en el seno del Ejecutivo. Y, también, una de las que más aleja a las dos partes desde un punto de vista ideológico.

La primera batalla de la contienda se produjo entre los socialistas y Unidas Podemos a la hora de definir el contenido de la futura ley de vivienda. Los de Pablo Iglesias, con Ione Belarra como cabeza de la negociación, pugnaron por establecer un sistema que regulara los alquileres interviniendo de manera directa el mercado y sus inflados precios.

Los de Pedro Sánchez, en cambio, apostaban por una norma que premiara a los propietarios "solidarios" que bajaran sus precios de manera voluntaria a través de incentivos fiscales y exoneraciones tributarias: "promover y no imponer".

Regular los precios o dar incentivos fiscales

Aunque algo descafeinada respecto a los objetivos que llegaron a plantearse en Unidas Podemos, la ley de vivienda salió adelante con un sistema de regulación de los precios como eje (las denominadas zonas tensionadas).

Sin embargo, quedó en manos de las comunidades autónomas la potestad de aplicar o no la norma en un momento en el que el PP se había hecho con prácticamente todo el poder territorial del Estado tras las elecciones de mayo de 2023. 

Más de un año después de la aprobación de la ley, la vivienda sigue siendo el principal problema económico y social para un amplio sector de la población, y se sigue posicionando como uno de los principales elementos de disputa entre el PSOE y el espacio de la izquierda alternativa, representado ahora en el Gobierno por Sumar.

El último choque se ha producido a raíz de la propuesta en esta materia de los de Yolanda Díaz en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Entre las medidas esbozadas destacan dos.

La primera es condicionar la concesión de ayudas públicas destinadas a vivienda por parte del Estado a aquellas comunidades autónomas que rechacen aplicar la ley de vivienda (que permite declarar zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler).

La otra es prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible. 

Aunque fuentes de Sumar aseguran que, tras trasladar estas propuestas, no han recibido una respuesta oficial por parte de los socialistas en el marco de la negociación de Presupuestos (que arrancó la semana pasada), sí que se ha trasladado un posicionamiento público por parte de la formación.

La orden del Ministerio de Vivienda

Su portavoz en el Congreso, Patxi López, calificó estas medidas en materia de vivienda de "extremas" y alertó del riesgo de poner en marcha políticas que pueden ser "contraproducentes". Aunque el portavoz parlamentario también defendió que el de la vivienda es "uno de los principales problemas de este país" y reiteró la necesidad de que las viviendas en zonas tensionadas no estén en manos de especuladores.

En paralelo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto a consulta pública la orden que pretende poner coto a los alquileres turísticos y de temporada (que copan de manera fraudulenta el mercado y desplazan a la oferta de los alquileres de larga duración).

Esta orden se basa en la creación de una Ventanilla Digital Única que monitorizará este tipo de arrendamientos y obligará a sus propietarios a justificar de manera más clara la causa de este uso. En Sumar, sin embargo, consideran que esta medida es insuficiente, dado que, a juicio de esta formación, se necesitaría un gran número de inspectores públicos que vigilaran realmente la comisión de eventuales fraudes, una situación que no se da en la actualidad.

Cuatro años después de que se iniciara esta disputa, la batalla por la vivienda vuelve a centrar la acción de las dos partes del Gobierno de coalición mientras la crisis habitacional y de precios sigue sin resolverse.