La asociación de técnicos de Hacienda (Gestha) ha estimado que el rey Juan Carlos I debería haber pagado 52 millones de euros a la Hacienda de la comunidad de Madrid por la supuesta donación que le realizó el rey saudí de 64 millones de euros (unos 100 millones de dólares) en 2008 y advierten de que si no presentó el impuesto de Donaciones, se demostraría que este dinero se ocultó al fisco español.

Gestha ha realizado este cálculo después de conocerse que el documento, en el que aparece la firma del rey emérito del 31 de julio de 2008, expresa que se constituye la Fundación Lucum en Panamá para recibir una donación de 64.884.405 euros realizada por el rey de Arabia Saudita a favor del rey de España y señala una cuenta abierta en la Banca Mirabaud de Ginebra (Suiza).

En concreto, el rey Juan Carlos I encargó en el Palacio de la Zarzuela al gestor de fortunas Arturo Fasana y al abogado suizo Dante Canónica que le crearan "una estructura" en Suiza para ocultar a Hacienda una "importante donación" que iba a recibir del rey de Arabia Saudí.

Este encargo se realizó en el despacho del propio entonces rey de España en el año 2008. Se creó la fundación panameña Lucum, el dinero fue depositado en el banco Mirabaud. Juan Carlos I fue gastándolo hasta que se produjo el accidente de Botswana, en abril de 2012. Dos meses después decidió cerrar la cuenta y enviar la cuantía existente a su examiga Corinna Larsen -antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein- a un banco en Bahamas.

Liquidación correspondiente del impuesto de Donaciones

"Con independencia de la investigación de la Fiscalía española y suiza, los técnicos explican que Juan Carlos I tendría que haber presentado la liquidación correspondiente del impuesto de Donaciones en la Comunidad de Madrid, que no está bonificado al no existir lazos familiares entre las partes", exponen.

Por otra parte, Gestha insiste en la importancia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se blinde frente a posibles injerencias a la hora de investigar a Juan Carlos I y que solicite a la Agencia tributaria del Estado el apoyo de un número suficientemente amplio de técnicos e inspectores de Hacienda para que no se eternice la investigación y reforzar la acción de la Justicia.

Y además, piden que mientras no exista una investigación judicial o de la Fiscalía notificada a D. Juan Carlos de Borbón, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria "ordene una investigación tributaria sobre el rey emérito".