Borbones S.A.: cuando la monarquía también es negocio

"Los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey, sino por ladrón", dijo Valle Inclán después de que el abuelo de Juan Carlos I, Alfonso XIII, saliera del país tras el resultado de las municipales de 1931. No se fue desnudo. El monarca tenía una parte importante de su patrimonio en cuentas bancarias fuera de España, tal y como aparece en obras como El Patrimonio de los borbones. El hijo de Alfonso XIII y padre del rey Juan Carlos, Juan de Borbón, nunca llegó a reinar, pero no le tendría que ir mal del todo en lo económico porque dejó una fortuna de 1.100 millones de pesetas, que incluía 728,75 millones en fondos depositados en cuentas en el extranjero. ¿Dónde? En Suiza.  

La multimillonaria herencia de Don Juan a sus hijos, que obviamente incluía al rey Juan Carlos fue publicada por El Mundo veinte años después del fallecimiento del rey que nunca reinó y se desconoce qué ocurrió con ese dinero depositado en el paraíso fiscal. Ahora, tras las revelaciones vinculadas al caso Corinna y el contundente comunicado de Casa Real, existen indicios suficientes para pensar que Juan Carlos I, como su padre, también puede tener cuentas en el paraíso fiscal suizo.

En las últimas semanas diferentes medios, como The Telegraph y El País, han publicado que el Rey emérito figura como tercer beneficiario de una fundación en Liechtenstein que le pagó durante 11 años varios millones en vuelos en aviones privados y que el rey Felipe VI es el segundo beneficiario de otra fundación panameña que recibió 100 millones de dólares en 2008 de la casa real saudí. Las dos fundaciones también tendrían cuentas en bancos suizos.

El rey Felipe VI, no obstante, emitió un comunicado el pasado domingo, un año después de que le llegaran estas informaciones y justo cuando ya parecía imposible evitar que todo saliera a la luz. Ya llovía sobre mojado. El 'caso Corinna' ya había dejado indicios que apuntaban a una especial relación de Juan Carlos I con Suiza. El rey Felipe VI 'mataba' así a su padre para intentar poner un cortafuegos que salve a la Corona del escándalo. Las preguntas y dudas, no obstante, son más que las certezas.

Algunas de estas preguntas las apuntaba el catedrático en Derecho Constitucional Javier Pérez Royo en esta entrevista con Público. "Todo esto es un indicador de que durante mucho tiempo la monarquía pensó que iba a su aire, que no tenía que rendir cuentas ante nadie y ahora se ha visto 'pillada' y quiere dar un imagen de que son el colmo de la rectitud", decía Pérez Royo.

Las evidencias, no obstante, muestran que la transparencia de las cuentas de la Casa Real es muy deficiente. También que Juan Carlos I no ha sido el único miembro de la familia de los borbones al que se ha relacionado con cuentas en paraísos fiscales o con comportamientos directamente delictivos. Este último fue el caso del cuñado del actual monarca Iñaki Urdangarin. "No me parece un comportamiento ejemplar", decía entonces, en diciembre de 2011, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en la comparecencia en la que anunciaba que el duque de Palma quedaba excluido de la vida oficial. 

"Cuando ya es insostenible la situación para uno de ellos acaban pasando la pelota y tratando de limpiar con alguien nuevo que todavía está limpio", dice Antonio Maestre

La Casa Real, entonces, fulminaba a Urdangarin de la misma manera que hoy lo hace con Juan Carlos I, quien durante muchos años fue considerado "el mejor embajador de España" en el extranjero. El periodista e investigador Antonio Maestre, autor de la obra Franquismo S.A., destaca las similitudes entre ambos casos para apuntar a una manera de funcionar. 

"Cuando ya es insostenible la situación para uno de ellos acaban pasando la pelota y tratando de limpiar la imagen de toda la familia o de toda la monarquía con alguien nuevo que todavía está limpio. De Juan Carlos I siempre se ha sostenido desde la prensa cortesana y las élites que era un modelo de comportamiento. Se habla entonces del juancarlismo Ahora lo han abandonado y toca situar a Felipe VI como referente de regeneración", explica Maestre.

La clave, en este 'modus operandi',  es intentar desviar la atención y obviar que "la monarquía en sí misma es el hecho corrupto". "Acaba siendo siempre el aglutinador de una serie de prácticas y actitudes que se ajustan poco al buen hacer", añade. En este sentido, Maestre señala que el objetivo de estas prácticas es "mantener esa manera de operar, de hacer política". "Como podemos ver a través de nuestra historia, la familia de los borbones, la monarquía en sí misma, no es modélica ni idílica. No es limpia. Siempre mantiene y ha mantenido unos comportamientos bastante inaceptables", sentencia. 

La propia hermana de Juan Carlos I y tía del actual monarca, la infanta Pilar de Borbón, mantuvo durante largos años una empresa con sede en Panamá gestionada por uno de los bufetes más polémicos, Mossack Fonsec, especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales. La sociedad fue descubierta por la investigación conocida como 'los papeles de Panamá' ejecutada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y fue desvelado en España por El Confidencial. 

El uso de estas estructuras 'offshore' en España no es ilegal. La hermana de Juan Carlos I, no obstante, no quiso aclarar al ICIJ por qué presidió la compañía en un país con grandes ventajas fiscales y para qué utilizó esta sociedad. Tampoco contestó a las peticiones de información del ICIJ. La hermana de Juan Carlos I, ya fallecida, sí que emitió un un comunicado que aseguraba que esta sociedad nunca tuvo ingresos "fuera del control de las autoridades fiscales" ni incumplió "ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española".

Sin embargo, los españoles nunca obtuvieron información a uno de los datos más relevantes: las fechas. Pilar de Borbón se convirtió en presidenta y directora de la compañía de Panamá en agosto de 1974, un mes después de que Don Juan Carlos, entonces Príncipe de España, asumiera de forma interina la Jefatura del Estado, mientras que fue disuelta el 24 de junio de 2014, cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado rey de España tras la abdicación de su padre.

La hermana de Juan Carlos encabezó una compañía en Panamá desde agosto de 1974 a junio de 2014

Otra investigación periodística, conocida como 'los papeles de la Castellana' y encabezada por eldiario.es, La Marea y Diagonal, en el año 2016, revelaron que cuatro miembros de la familia en la línea de sucesión habían regularizado en la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy cuatro millones de euros. Los citados medios denunciaron que el capital procedía del banco suizo Lombard Odier y correspondía a la infanta de España Alicia de Borbón Parma, a su hijo, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias; y dos de sus nietos, Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Orleans y su hermana, Cristina. Varios miembros de la familia emitieron un comunicado en el que señalaban que estas informaciones formaban parte de una "campaña de desprestigio" y eran "fruto de una manipulación tendenciosa de unos documentos obtenidos de forma ilegal".

Investigar el pasado para que no suceda en el futuro

En estas circunstancias y tras el comunicado emitido por la Casa Real, la profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza Cristina Monge considera necesario "investigar el pasado" del monarca Juan Carlos I por dos motivos. El primero, "para que no quede impune" en caso de haberse saltado la ley. El segundo, para poner en marcha "nuevos mecanismos" que impidan que algo remotamente similar pueda volver a suceder.

"Tenemos a una persona que fue miembro de la familia real en prisión. También tenemos una historia familiar que no invita al optimismo y, por último, tenemos las informaciones que han ido saliendo durante las últimas semanas que han obligado a Felipe VI a tratar de desvincularse de su padre para que no le salpicara el escándalo. Todos estos hechos exigen que la monarquía tenga una política de transparencia mucho más estricta. Esta es la mejor manera que tendría la Casa Real para legitimarse", explica a Público la politóloga Cristina Monge.  

La falta de transparencia se acredita con la imposibilidad de determinar el patrimonio acumulado por Juan Carlos I

La falta de transparencia que denuncia Monge se acredita con la imposibilidad de determinar, ni siquiera de forma aproximada, el patrimonio acumulado por Juan Carlos I. El diario The New York Times señaló en un reportaje publicado en 2012 que la fortuna de Juan Carlos I ascendía a poco menos de 1.800 millones de euros a la vez que señalaba que seguía "siendo un secreto cómo ha amasado su considerable riqueza personal" si se tiene en cuenta que la asignación de los Presupuestos Generales del Estado oscilaba entonces sobre los 8 millones de euros y que sus bienes al llegar al trono, de la mano del dictador Franco, eran de "prácticamente nada".

La estimación de la fortuna del Rey emérito realizada por The New York Times prácticamente coinciden con la que publicaron años atrás la revista Eurobussines (ya desaparecida) y el anuario Forbes, que la estimaron en aproximadamente 1.700 millones de euros. No obstante, la Casa Real desmintió estas cifras. Lo hizo a través de la Embajada española en Londres siendo José María Aznar presidente el Gobierno.

El embajador de España en Londres, Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, envió entonces una carta al director de Eurobusiness en la que transmitía "el estupor de la Casa de Su Majestad el Rey de España" por la información publicada y señalaba que "disparatada cifra de 1.700 millones de euros sólo se puede explicar por haber entendido ustedes, erróneamente, que los bienes públicos propiedad del Patrimonio Nacional, del Estado español, son propiedad privada de Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto".

Sin embargo, la explicación dada por el marqués de Tamarón también tiene sus grietas. Los bienes gestionados por Patrimonio Nacional tiene un valor incalculable y muy superior a 1.700 o 1.800 millones de euros al incluir un gran número de jardines, palacios, monasterios, parques, jardines y obras de arte. 

El baile de cifras y desmentidos sirven como prueba de la opacidad instaurada en las finanzas de la familia real desde la misma Transición hasta la actualidad aunque sí se hayan producido, obviamente, avances, como la publicación del presupuesto que las cuentas públicas otorgan a la familia real y el sueldo oficial de cada uno de ellos.

100 millones, dinero saudí y comisiones de investigación

Sin embargo, sigue habiendo muchos silencios y muchos vacíos. Muchos de ellos fueron apuntados por la investigadora Rebeca Quintans en su libro Juan Carlos I, biografía sin silencios (Akal, 2015) también denuncia que Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares en plena Transición del Rey de Arabia Saudí Fahd bin Abdelaziz al-Saud que, en teoría, iban destinados a fortalecer el liderazgo de Adolfo Suárez. Las especulaciones, sin embargo, siempre han apuntado a que una parte importante de ese dinero no terminó en la campaña del que fuera presidente del Gobierno.

Otras informaciones, como esta publicada en El Confidencial, también apuntaban la posibilidad de que Juan Carlos I hubiera comprado, ya en el nuevo siglo, "varios inmuebles, en España y fuera de nuestro país, y valiosas obras de arte, además de haber invertido en bolsa importantes cantidades". Las fuentes mencionadas en el señalado artículo, además, aseguraban "que tanto esas propiedades inmobiliarias como las cotizadas pinturas e inversiones financieras de Don Juan Carlos no figuran a su nombre".

Así las cosas, resulta imposible conocer qué tiene y qué no tiene Juan Carlos I. En 2018, hace ya dos años, la Mesa del Congreso de los Diputados vetaba una batería de preguntas de Unidas Podemos sobre las finanzas de la monarquía. La Cámara se amparó en el artículo 56.3 de la Constitución, donde se establece que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". 

Asimismo, a principios de este mes de marzo, la Mesa del Congreso, siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara, rechazó tramitar las dos peticiones para crear una comisión de investigación sobre las supuestas cuentas y donaciones atribuidas al rey Juan Carlos I. Una de las peticiones era de ERC y del Grupo Plural. La otra estaba promovida por Unidas Podemos que también señalaba que no resultaba "descartable" que la "presunta comisión de posibles delitos de blanqueos de capitales" se hubiese producido "con posterioridad" a la abdicación de Juan Carlos I. Dio igual. Fue rechazada. 

Una cultura política que bebe del franquismo 

Ante esta situación, de momento, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez únicamente ha señalado que "lo único" que puede hacer "es apoyar la decisión tomada por Felipe VI" en relación a su intención de renunciar a la herencia de su padre y de retirarle la asignación presupuestaria.

Los riesgos, sin embargo, siguen encima de la mesa. De momento, no hay ningún mecanismo creado para evitar que el nuevo monarca, Felipe VI, pueda repetir los errores que han llevado a Juan Carlos I a ser repudiado por el actual monarca.

El periodista Antonio Maestre denuncia que hasta el momento, y a la luz del comunicado la Casa Real del pasado domingo, "ya está quedando claro que los comportamientos de Felipe VI no están siendo muy limpios". "Primero, porque ya conocía esta situación desde tiempo atrás y no había actuado para que se diera a conocer o se investigara. Segundo, por el momento que eligió para emitir el comunicado, en medio de una grave crisis sanitaria, que ha hurtado a la ciudadanía del debate público necesario sobre la actitud y los comportamientos de la monarquía y del rey Juan Carlos", prosigue. 

Lo más preocupante, no obstante, según señala el autor de Franquismo S.A., es la pervivencia en las cercanías y satélites de la actual Casa Real "de una manera de operar y funcionar, una cultura política" que tiene "la corrupción, el cobro de comisiones y mordidas como parte fundamental del mantenimiento de sus privilegios" y que está muy vinculada a cómo se desarrollaron las élites en la dictadura franquista. 

"El comportamiento que ha demostrado hasta ahora Felipe VI en esta crisis demuestra que no sólo no piensa en la ciudadanía sino que lo que centra su acción es la supervivencia de su propia institución", sentencia Maestre.