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Actualizado:"El pueblo ha tenido que salvar al pueblo, pero por necesidad". Josep Carrasco matiza la frase "Sols el poble salva al poble", porque él, como tantos otros vecinos de Algemesí (València), esperaba una pronta reacción de las administraciones ante la catástrofe provocada por la DANA en el País Valencià. "A nivel político se ha actuado con retraso, lo que ha provocado indignación, porque la sociedad esperaba una respuesta rápida. Nos hemos sentido abandonados".
Josep mira alrededor y puede tocar la solidaridad. Gentes que se han desplazado de pueblos cercanos en su ayuda. Cuenta a una treintena de amigos, acompañados de familiares, en las calles y las casas. Observa cómo trabajan los bomberos de Cartagena. Ve a la gente que llega caminando desde las afueras, donde han dejado sus coches, con alimentos y productos de limpieza. "Ha sido espectacular y maravilloso. Sin ellos, no hubiera sido posible ni movernos por el pueblo".
Sin embargo, es consciente de que no basta con la solidaridad. "No romanticemos la frase Solo el pueblo salva al pueblo. Su ayuda era necesaria, pero porque las instituciones políticas no han actuado como deberían y han tardado en reaccionar", insiste este profesor de Educación Física en un instituto de Tavernes de Valldigna (València), cuya familia solo ha sufrido daños materiales. "Afortunadamente, no hemos perdido a nadie, aunque estamos muy dolidos y preocupados por la situación de nuestros vecinos. Quedan días largos de duelo".
Magda se queja de la falta de previsión, pero también de la descoordinación posterior y de la "ineficiencia" de unos servicios públicos que a su juicio no han estado a la altura de las circunstancias. "No es normal que la sociedad civil se haya organizado mejor sin recursos que el Ejército, la Policía, los bomberos…", se lamenta esta vecina de Alfafar (València), cuya vivienda está situada cerca del Ikea donde se refugiaron cientos de personas. Agradece la ayuda de los voluntarios, aunque critica la falta de coordinación de las autoridades.
"La gente tiene muchas ganas y voluntad, pero muchas veces no sabe dónde ir ni qué hace más falta. Todavía no ha llegado la ayuda y no son ellos los que deben proporcionarla, porque para eso tenemos unas instituciones y unos organismos, aunque han sido inútiles y deficientes", añade Magda, quien quiere dejar claro que hay paisanos que están mucho peor que ella, quien solo lamenta los daños materiales. "Aquí somos afortunados, pero una calle más allá es el apocalipsis".
Una semana después, nadie ha recogido la basura y los trastos que los vecinos han ido sacando de sus casas, asegura. "No es normal que en un país supuestamente desarrollado tarden siete días en despejar las calles, vaciar los garajes, buscar a las víctimas… Es una vergüenza que los agricultores hayan tenido que sacar con sus tractores los coches atascados", añade Magda, agradecida a los voluntarios.
"España tendría que tener suficientes recursos, pero se ha perdido un tiempo muy valioso", cree esta vecina de Alfafar, quien considera inadmisible que "te entreguen el cadáver de un familiar una semana después". En medio de una lucha política donde unas administraciones se echan la culpa a otras, apunta a la Generalitat Valenciana: "Todas las medidas que se han tomado han sido ineficaces, propagandísticas y sin resultados".
Este lunes, el presidente autonómico, Carlos Mazón, atribuyó la responsabilidad de la gestión de la crisis provocada por la DANA al Gobierno central, culpando a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de desactivar en tres ocasiones la alerta de peligro de desbordamientos el pasado martes, lo que según él motivó que la Generalitat enviase con retraso un mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos.
El president cambiaba de estrategia y pasaba al ataque, aunque el Ministerio de Transición Ecológica no tardó en desmentir su argumento al asegurar que las confederaciones hidrográficas no tienen la competencias de emitir "alertas públicas", ya que corresponden a los servicios de emergencias de las comunidades autónomas. El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, también dejó claro que el despliegue de efectivos depende de la autorización del director de emergencias de la comunidad autónoma.
"En cuanto se produjo la luz verde, 1.000 militares se desplazaron durante toda la noche para que al amanecer de ese día el pueblo de València viera que estábamos ahí", explicó Javier Marcos, quien reconoció que las condiciones meteorológicas impidieron actuar con rapidez. Actualmente, hay 7.800 militares desplegados en la provincia de València, a los que habría que sumar 5.200 agentes de la Guardia Civil y casi 4.300 policías nacionales.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la declaración de emergencia nacional, lo que implicaría que el control del operativo pase de la Generalitat al Ministerio de Interior.
En plena batalla por el relato político, vecinos de Paiporta (València) increpaban este domingo a los reyes, a Pedro Sánchez y al propio Carlos Mazón durante su visita a la localidad. "No hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha intoxicación informativa y hay muchas personas interesadas en esto para que haya caos", explicaba Felipe VI a los presentes, entre los que se encontraban grupos de extrema derecha, que se habían apropiado en redes sociales de un lema popular con el que alimentaban el descreimiento en la política y las instituciones.
"Solo el pueblo salva al pueblo no es una frase tan bonita como parece, porque las familias afectadas no pueden depender del pueblo. La solidaridad es preciosa, pero la gente que sufre no debería ser sostenida por vecinos, sino por las administraciones", argumenta Andrea Henry, quien el viernes se desplazó desde Madrid hasta su pueblo, Xirivella (València), para ayudar a su gente. "Creamos un grupo de 400 voluntarios y empezamos a limpiar los colegios y el centro cultural. Luego nos ofrecimos a otras localidades más afectadas, como Paiporta, Catarroja o Picanya".
Coordinados por el Ayuntamiento, organizaron una recogida de alimentos y ropa en un polideportivo de Xirivella. "Llega ayuda, pero la situación es tan grave y caótica que la mayoría de la gente se siente desatendida y cree que no la están ayudando lo suficiente", cree Andrea, convencida de que esta catástrofe debe servir para "hacernos reflexionar sobre cómo gestionar las crisis en el futuro". Ahora, añade Josep Carrasco, "es el momento de la unión de la sociedad, el pueblo y las instituciones: policía, bomberos, protección civil…".
La DANA ya ha provocado el fallecimiento de 211 personas en la provincia de València, aunque la cifra podría aumentar una vez que se inspeccionen los cauces, garajes y otros espacios subterráneos. Francesc Domènech, un gestor cultural que reside en la capital valenciana, ha sido testigo durante estos días de la situación que atraviesan los pueblos más afectados. "Hay un caos absoluto, no hay nadie al volante, es un sálvese quién pueda", se queja.
Tras recorrer localidades como Paiporta, Picanya o Benetússer, comprende la reacción de algunos vecinos, aunque advierte de que "los grupos de extrema derecha han reventado la protesta desde dentro". Según él, "la rabia se entiende porque resulta muy difícil canalizarla de una manera adecuada" en un contexto donde, a su juicio, los vecinos han suplido a la Administración. "Es la respuesta de una sociedad heterogénea y vulnerable, porque la gente lo ha perdido todo y no ha visto una respuesta de las instituciones. Literalmente, no tiene nada a lo que agarrarse".
Pese a que él no ha sido una víctima de la tragedia, la siente en carne propia porque le ha tocado de cerca. Un amigo se ha quedado sin casa, otro ha perdido a un alumno. Por eso no dudó en colaborar con los afectados. "Todos deberíamos arrimar el hombro, pero coordinados por profesionales", añade Francesc, quien lamenta las muertes y ya piensa en el día de mañana. "Cuando salgamos del shock, nos daremos cuenta de la magnitud de los destrozos, porque será una ruina económica".
Félix Bolaños anunciaba este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley de medidas urgentes para que los afectados reciban ayudas de manera inmediata. "Es el momento para la unidad", dejaba claro el ministro de la Presidencia. Ya por la noche, Carlos Mazón pidió al Gobierno un primer paquete de 31.402 millones y que complete con 15.000 euros la ayuda de 6.000 euros que la Generalitat concederá a los afectados que se han quedado sin casa.
Más allá de las declaraciones institucionales, Josep Carrasco reflexiona sobre las posibles enseñanzas de una catástrofe, aunque le cuesta encontrar alguna conclusión útil y beneficiosa. "Lo único positivo que podemos sacar es que hay que romper con el capitalismo que impera, una vida en la que se trabaja para poseer, porque ahora te das cuenta de que lo material no era lo fundamental", concluye este vecino de Algemesí." Puede parecer una utopía, pero no hace falta tanto para ser feliz: lo importante es estar".
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