Corinna Larsen, examiga del rey emérito Juan Carlos I, ha difundido un comunicado a través de su abogado defensor en el que asegura que jamás pagó cantidad alguna al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Robin Rathmell, abogado de Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein) ha declarado en su nombre que la empresaria "jamás contrató o discutió contratar al Sr. Villarejo y por lo tanto jamás le pago cantidad alguna".

El letrado de la amiga entrañable del monarca ha incidido en que la justicai española ha "contado con el material relevante desde enero de 2019. Nuestra cliente defenderá enérgicamente sus derechos contra estas imputaciones, las cuales carecen de fundamento alguno.”

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reabierto de oficio el caso Carol, dentro de la causa abierta contra Villarejo, y ha citado a Larsen como investigada para el próximo 8 de septiembre.

García Castellón quiere averiguar si Larsen contrató en 2015 comisario en activo para investigar a una asistente española porque ella sospechaba que estaba filtrando datos de su vida privada, tal y como se deduce de las grabaciones. De haberse materializado, se habrían producidos delitos de cohecho activo y pasivo.

El litigio se presenta duro. El magistrado argumenta que los informes policiales, la colaboración con la justicia suiza y las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía conforman una 'notitia criminis' para un juez.

García Castellón requiere de la Fiscalía que se pronuncie sobre si es competencia de la jurisdicción española. El juez discrepa con la Fiscalía sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, por lo que acuerda dar traslado a Anticorrupción a fin de que informe sobre la posible existencia de dicha conexidad delictiva.

El abogado de Larsen, por su parte, apunta en el comunicado una línea defensa: "las autoridades han contado con el material relevante desde enero de 2019". Esto es, ha transcurrido más de un año sin que se haya producido movimiento alguno por parte de la justicia española.

Esta pieza fue archivada en 2018 por el magistrado de refuerzo Diego de Egea sin practicar diligencias al entender que Juan Carlos I era inviolable en el momento en que Larsen revela a Villarejo la existencia de una fortuna oculta en el extranjero nutrida con comisiones.

De esta grabaciones de Villarejo surgió la investigación abierta en Suiza contra Larsen por supuesto delito fiscal agravado, al aceptar 65 millones de euros de Juan Carlos I, procedentes de la Fundación 'off shore' Lucum, que tenía al emérito como primer beneficiario y que éste cerró en 2012.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias informativas que afectan directamente a Juan Carlos I. Estas pesquisas se centran desde su abdicación en favor de Felipe VI, en 2014, ya que antes era inviolable.

La decisión de abrir diligencias en el Supremo la adoptó la actual Fiscal Generla del Estado, Dolores Delgado, al poco de asumir el cargo. La práctica habitual es que un juzgado investigue las circunstancias que concurren entorno al aforado y, después, eleve el caso del aforado, que para Juan Carlos I es el Tribunal Supremo.

En este caso, la decisión de Delgado ha sido enviar a la Fiscalía del Supremo directamente las diligencias de Anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones de 100 millones de dólares para la adjudicación en 2011 del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito.