MADRID.- Daniel de Alfonso quiere volver a ser magistrado. El exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reingresar en la carrera judicial, donde tenía plaza reservada como magistrado en la Audiencia de Barcelona, tras su destitución en junio pasado al frente de Antifraude.

De Alfonso fue destituido el pasado 29 de junio de su puesto en la Oficina Antifraude después de que Público revelara sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que ambos conspiraban para fabricar escándalos contra ERC y CDC y filtrarlos a medios afines al Partido Popular para dañar a las fuerzas políticas independentistas. La destitución de De Alfonso fue aprobada por todas las fuerzas parlamentarias del Parlament de Catalunya menos por el Partido Popular. 

Según han informado fuentes judiciales, el CGPJ ha recibido este martes por correo ordinario la petición de De Alfonso de reingresar en el servicio activo en la carrera judicial. Una vez formalizada esta petición, será la comisión permanente del Consejo la que tramitará la solicitud, en su reunión prevista para el próximo jueves, 21 de julio.

Daño a la Justicia

De Alfonso tenía una excedencia como juez de la sección séptima de la Audiencia, a la que podía volver cuando quisiera, únicamente solicitando su reincorporación ante el CGPJ dentro del plazo establecido.

El día en el que fue destituido al frente de Antifraude, De Alfonso remitió una carta a los trabajadores de la agencia en la que se disculpaba por no haber estado a la altura: "Si alguno piensa que yo no he estado a la altura, lo admito y le pido públicamente disculpas". No obstante, De Alfonso ha negado haber sido él quien grabó las conversaciones y mucho menos quien las ha difundido. 

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advirtió el pasado 6 de julio del "daño" que causa a la justicia que se permita regresar a la carrera judicial a magistrados que han ejercido cargos públicos de confianza, como en el caso de De Alfonso.

"Aceptar un cargo político o de confianza supone en todo caso entrar en la confrontación política para defender públicamente un proyecto, lo que lógicamente conlleva la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción", advirtieron los jueces conservadores.

Por su parte, en una comparecencia en el Parlament, el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled ha pedido este martes que se distinga la labor "razonable" de Antifraude como institución de lo que pudo ser "una dirección en los últimos tiempos", en alusión al mandato de De Alfonso, que ha preferido no calificar.