El Consejo de Europa quiere que Marruecos informe sobre si usó Pegasus fuera de sus fronteras

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) se dispone a debatir para su aprobación en el pleno del próximo octubre una resolución en la que se conmina a Marruecos a informar sobre si ha usado Pegasus para espiar fuera de sus fronteras y también se pide a Israel su plena colaboración en las investigaciones abiertas en países europeos como España en torno al uso de este programa de spyware.

El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos ha dado luz verde este viernes al borrador de resolución que será llevado a la sesión plenaria de la Asamblea que tendrá lugar del 9 al 13 de octubre en Estrasburgo (Francia). El documento se sustenta en el informe elaborado por el diputado holandés Pieter Omtzigt, del PPE y deberá recibir el voto de la mayoría simple de la Asamblea para su aprobación.

El texto de resolución, que ahora estará sujeto a las enmiendas que quieran presentar los grupos parlamentarios en la APCE para su debate y posterior aprobación en el pleno, constata que varios de los 46 países que integran el Consejo de Europa "han adquirido y usado Pegasus para vigilancia selectiva de sus propios ciudadanos" y en concreto incluye a España entre los 14 países de la UE que se sabe que compraron este programa de espionaje.

Así, urgió a Polonia, Hungría, Grecia, Azerbaiyán y España a "investigar rápida y exhaustivamente todos los casos de uso indebido de programas espía, sancionar los que descubran y ofrecer reparación a las víctimas".

En él, la Asamblea Parlamentaria defiende que "el uso de spyware del tipo Pegasus debería limitarse a situaciones excepcionales como medida de último recurso, para evitar o investigar un acto específico que equivalga a una amenaza real y genuina a la seguridad nacional o un delito grave específico, y solo contra la persona sospechosa de cometer o planear cometer esos actos".

Asimismo, expresa su profunda preocupación por "las crecientes pruebas de que Pegasus y similares han sido usados ilegalmente o para fines ilegítimos por varios estados miembro, incluido contra periodistas, opositores políticos, defensores de los Derechos Humanos y abogados".