La ley de Comuns para acabar con las infiltraciones policiales apunta a un nuevo choque en el Gobierno

El martes día 18 de marzo, Gerardo Pisarello anunció en rueda de prensa una proposición de ley promovida por los Comuns en el Congreso de los Diputados para terminar con las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Se trata de una modificación de un solo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que persigue limitar esas infiltraciones solo a los casos que contempla el punto 282 bis de la propia norma. En estos momentos, la iniciativa se encuentra todavía a las puertas de su tramitación parlamentaria, pero fuentes de los Comuns ya admiten a Público que el elemento más complejo de la negociación será el Partido Socialista.

Descartados PP y Vox, la propuesta contará con total seguridad con el apoyo de las formaciones de izquierdas de la Cámara y, si no hay giros de guion, también de Junts per Catalunya e incluso el PNV. En el caso de los posconvergentes, sin ir más lejos, junto con Esquerra Republicana, Comuns y la CUP están impulsando una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya para que se investigue la actividad de los agentes de Policía encubiertos en grupos sociales "de disidencia política y lucha por la independencia". Por lo tanto, y aunque los de Carles Puigdemont son reticentes a avanzar estrategias políticas o el sentido de su voto, parece difícil que se opongan a esta ley.

Por supuesto, también ERC trabajará a favor. No en vano, es la formación con presencia en el Congreso que más ha empujado tanto para investigar la actividad de dichos agentes, como para terminar con ella. De hecho, no confían demasiado, tal y como explican fuentes del grupo parlamentario a este medio, en las intenciones de los Comuns. Más bien ven en su propuesta la intención de Sumar de diferenciarse en este campo concreto del socio mayoritario del Gobierno de coalición. 

Los republicanos, además, les acusan de haberse puesto de perfil en algunas ocasiones, algo que no comparten, huelga decirlo, en las filas de los Comuns. A pesar de todo, Esquerra celebra la propuesta.

Los de Aina Vidal y Gerardo Pisarello, en cualquier caso, están decididos a sacar adelante la iniciativa, aunque saben que encontrarán un escollo en los socialistas. "La dificultad se encuentra en la interna del PSOE", explican, al tiempo que se preguntan "hasta dónde está dispuesto a profundizar en la regeneración democrática el Ministerio del Interior". 

No es trivial que sitúen en Interior la clave para que, cuando menos, la ley sea admitida a trámite en la Cámara Baja y se pueda iniciar el trabajo de modelación por parte de los grupos parlamentarios. La cartera que dirige el socialista Fernando Grande-Marlaska no solo es la responsable final de ese tipo de operaciones policiales, sino que, recientemente, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, defendió en las Cortes Generales las infiltraciones como un medio para "prevenir" hechos delictivos, aunque aseguró que jamás "se realizan por ideología política o movimientos sociales".

Público ha preguntado al PSOE cuál es su posición en lo referente a la toma en consideración de la propuesta, pero fuentes del grupo parlamentario se remiten a señalar que, en este punto, todavía tienen que "estudiarla bien".

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¿Qué dice la proposición de Comuns?

"Quedará prohibida toda infiltración policial, cuando los agentes actúen con identidad supuesta, destinada a realizar acciones prospectivas, descubrir delitos presuntos, captar, recibir y analizar datos aun teniendo estos supuesto interés para el orden y la seguridad pública; así como estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia, a excepción de lo contemplado en el artículo anterior". Esta es la redacción de la reforma de la LECrim que propone el Grupo Plurinacional Sumar y que ya está registrada en el Congreso.

Esa coletilla final que habla de las excepciones y alude a lo "contemplado en el artículo anterior" hace referencia al punto 282 bis de la LECrim, que enumera una serie de 15 supuestos en los que se mantendría, a pesar de salir aprobada la norma, la capacidad de la Policía para llevar a cabo misiones con agentes encubiertos. Ninguno de esos casos, que van desde las mafias traficantes de órganos hasta los grupos terroristas, los traficantes de armas o los grupos que atentan contra la salud pública, corresponde a los movimientos políticos y sociales. Por lo tanto, en principio, quedarían blindados.

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De salir aprobada, la ley que propone Comuns sería el primer texto legislativo que fijaría expresamente en el ordenamiento español que, fuera de esos 15 supuestos, está "prohibida" cualquier infiltración policial en movimientos políticos y sociales. Hoy por hoy, se tiene constancia de hasta ocho casos confirmados en Madrid y Barcelona, aunque las entidades y las formaciones políticas que luchan contra esa práctica y que, en algunos de sus casos, se han visto afectadas por la misma, creen que han existido y existen muchos más.

Está por ver, con todo, cuánta presión están dispuestos a hacer los Comuns en la Cámara Baja y, sobre todo, Sumar dentro del Gobierno de coalición. De ello dependerá el éxito de la iniciativa.