El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, tiene constancia desde hace más de tres meses de que hay personas LGTBIQ+ que afirman sufrir una situación de discriminación y acoso sistemático por parte de la Policía Nacional y Local en Madrid. Más de 50 años después de Stonewall, la historia de represión por tener una sexualidad no normativa parece estar repitiéndose. Este mismo lunes, Público sacó a la luz el testimonio de tres personas tras una investigación del Movimiento Marika de Madrid –que lleva años monitorizando este tipo de casos–. Desde Interior insisten en que "cualquier ciudadano que crea, vea, note o se sienta perjudicado por una presunta mala praxis policial, lo que tiene que hacer es denunciar" ante la propia Policía.

Estos testimonios relatan diferentes episodios de detenciones arbitrarias, cacheos humillantes e infiltraciones de agentes en espacios que creían seguros bajo el pretexto de poner fin al narcotráfico. Para las víctimas, se trata de una caza de brujas que criminaliza sus cuerpos y su existencia misma. A pesar de las reiteradas advertencias y peticiones de intervención, la respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido el silencio o la inacción. 

Este medio ha tenido acceso a una carta del pasado 4 de octubre de 2024 dirigida a Lorenzo Martínez, director del gabinete del ministro del Interior, Grande-Marlaska, donde se documenta un hostigamiento sistemático por parte de agentes en zonas frecuentadas por personas LGTBIQ+. La misiva describe registros "invasivos y sin justificación", y el uso de "insultos homófobo por parte de la Policía". "En numerosos casos, incluyen tocamientos en zonas íntimas y, en ocasiones, la desnudez parcial en plena calle, lo que constituye una grave vulneración de la dignidad y los derechos de los ciudadanos", recoge el escrito.

Las historias que expusieron a este medio las víctimas, y que ilustran la existencia de estas actuaciones, revelan un engranaje de control que lleva décadas acechando a las disidencias sexuales. Sus relatos dejan ver cómo detrás de cada operativo policial disfrazado de lucha contra las drogas parece existir un sesgo evidente a la hora de determinar quién es sospechoso. "Están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para conseguir hacer detenciones a mansalva", declaraba uno de ellos.

"Mientras que las drogas recreativas tradicionales como el MDMA, la cocaína y la marihuana, generalmente asociadas a patrones de consumo de personas heterosexuales y normativas, disfrutan de un rango de tolerancia muy elevado, las drogas emergentes como el speed, la ketamina, el GHB (llamado éxtasis líquido) y las catinonas (comúnmente conocidas como mefedrona) –habituales entre el colectivo LGTBIQ+– son objeto de una criminalización desproporcionada. Esta diferencia de tratamiento no solo es un ejemplo flagrante de discriminación, sino que también ha dado lugar a la apertura de causas penales injustificadas que, en muchos casos, terminan por truncar la vida de personas inocentes", continúa el texto.

La respuesta que ofreció a esta misiva el departamento de Grande-Marlaska, en un correo fechado a 10 de octubre, fue que se denuncien estas prácticas "ante las autoridades competentes y en la forma y lugares previstos por las leyes procesales". Es decir, "ante el abuso de las fuerzas de seguridad del Estado, se recomienda pedir ayuda a los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado", critica en una conversación con este medio la persona que elevó la queja y que prefiere mantener su nombre oculto por temor a las posibles represalias.

Público ha preguntado al departamento de Grande-Marlaska por esta situación y el equipo de Interior ha insistido en la necesidad de que cada agraviado presente una denuncia por los cauces "correspondientes" para que se proceda a la investigación "pertinente" y se llegue a las conclusiones que "toquen". En todo caso, insisten, "tiene que investigarse y lo lógico es que se presente primero una denuncia". No hay mención a la responsabilidad política.

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La constante sensación de amenaza de ser "abordados, humillados y criminalizados" ha dado lugar a un clima agravado de desamparo en parte del colectivo LGTBIQ+. Activistas y defensores de los derechos humanos critican que se "desvíen recursos valiosos" que deberían ser invertidos en "luchar contra amenazas reales", como la violencia contra esta población. 

Estas actuaciones se enmarcan en un contexto en el que están saliendo a la luz no pocos casos de policías infiltrados en movimientos sociales. Una serie de prácticas que ponen contra las cuerdas, entre otras cosas, el derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión. El modus operandi coincide. El Movimiento Marika de Madrid lleva tiempo monitorizando y denunciando testimonios sobre el comportamiento de los agentes. Algunos de ellos describen cómo los policías se hacen pasar por consumidores o personas que están de fiesta, participando de los chill –sesión de sexo en grupo en la que a menudo se consumen sustancias psicoactivas–, para luego aprovechar y detener por narcotráfico a las personas que se encuentran allí con sustancias para el consumo propio.

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El problema, a juicio de las víctimas, radica en el tipo de abordaje estrictamente punitivo que se ha diseñado para intervenir las drogas y las adicciones. Todas, por ejemplo, alegaron no haber recibido apoyo emocional ni asistencia social cuando fueron detenidas por llevar sustancias para el autoconsumo; y, aunque existen entidades como el Servicio de Asesoramiento a Jueces y Juezas, e Información al Detenido y a su Familia (SAJIAD), declaran que su acceso es limitado –en todos los sentidos, pues quienes han entablado algún tipo de contacto con la entidad se muestran muy críticos con sus enfoques y "desactualización"–. "A nadie del sistema judicial o policial le importa cómo lo estés pasando durante todo un proceso que es bastante chungo", lamentaba uno de los testimonios que hizo público este medio el pasado martes.