El Congreso de los Diputados se prepara para albergar una de las últimas actividades programadas para este año, la constitución de la comisión de investigación sobre la Kitchen, una operación relativa a la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos del Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.

La constitución de esta comisión, que llega casi tres meses después de que el Congreso aprobara su creación por mayoría absoluta, pondrá contra las cuerdas al partido liderado por Pablo Casado, al que le "incomoda" esta investigación a pesar de los intentos para separase de los casos de corrupción que sobrevuelan Génova. Y es que, la duración de los trabajos de esta comisión será, como mínimo, de tres meses desde su constitución, coincidiendo con la campaña y celebración de las elecciones catalanas, una cita prevista para el 14 de febrero. 

Esta será la última gran prueba de fuego para el líder de los conservadores, quien ha multiplicado su agenda en Catalunya para impedir un adelanto de Vox por la derecha. Asimismo, mientras el PP confía en mejorar sus resultados en Catalunya -cuentan con tan solo cuatro diputados en el Parlament-, el partido también tendrá que lidiar con el calendario judicial para 2021, que acoge varias citas relacionadas con la presunta corrupción del PP, un "fantasma que siempre vuelve".

Citas judiciales para 2021 que involucran al PP

En este sentido, los trabajos de la comisión de investigación, que comenzarán a partir de enero, se desarrollarán paralelamente a la investigación que el juez Manuel García Castellón lleva a cabo en la Audiencia Nacional sobre la operación Kitchen, caso por el que están imputados, hasta el momento, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Esta pieza siete de la macrocausa judicial Tándem trata de arrojar luz sobre el dispositivo policial presuntamente ideado por el PP, organizado por el Ministerio de Interior, ejecutado por el excomisario José Manuel Villarejo y pagado con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y eliminar pruebas incriminatorias sobre el partido.

También, la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional fijó para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio del caso Bárcenas, cuya causa investiga el presunto pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido en la calle Génova (Madrid) con dinero de la caja B del PP. Y, si los trabajos de la comisión de investigación en el Congreso se extienden más de lo previsto, como pasó con la comisión de investigación relativa a la financiación ilegal del Partido Popular -duró cerca de dos años-, las comparecencias por Kitchen podrían coincidir con el el inicio del juicio de la segunda época del caso Gürtel, previsto para septiembre de 2021, una trama de corrupción vinculada al PP por la que el partido ya ha sido condenado a título lucrativo en la sentencia de la primera época. 

La diputada Isaura Leal, posible presidenta de la Mesa

En cuanto a la constitución de la comisión, la presidenta de la Mesa del Congreso, Meritxell Batet, ha convocado para el próximo martes la puesta en marcha de este órgano. Así, en esa sesión constitutiva se elegirá a la mesa que dirigirá los trabajos de investigación, un órgano que aspira a presidir la diputada socialista Isaura Leal, la candidata propuesta por el PSOE y que Unidas Podemos, socio del Gobierno y partido con el que presentó esta iniciativa, ve con buenos ojos. 

Fuentes parlamentarias de ERC y Bildu, aliados del Gobierno, tampoco tienen "ningún problema" en que sea Leal quien presida la mesa de la comisión. "Sólo pedimos que sea justa porque va a ser duro", añaden. Isaura Leal, miembro de la Ejecutiva del PSOE y muy cercana a Pedro Sánchez, ya cuenta con experiencia en este campo, pues lleva presidiendo la Comisión de Justicia desde febrero. En cuanto al resto de miembros del órgano de gobierno de la comisión, el plan es que los partidos que sostienen al Ejecutivo cuenten con tres de los cinco votos, dejando las dos plazas restantes al PP.

Por otra parte, los grupos parlamentarios, que tenían de plazo hasta este jueves para registrar los nombres de los diputados que les representarán en este órgano, llevarán a sus principales portavoces para poner contra las cuerdas a la formación conservadora, pues el objeto de la investigación es "muy grave" y apunta hacia prácticas "censurables", defienden varias fuentes de los partidos.

De esta forma, el portavoz adjunto del grupo socialista Felipe Sicilia, la portavoz adjunta en la Comisión de Justicia, Andrea Fernández, y su homólogo en la de Interior, David Serrada, completarán la representación del PSOE en la comisión. Unidas Podemos ha designado a su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón, y al portavoz de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, representará a su grupo junto a la diputada Pilar Vallugera. Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) harán lo propio por el Grupo Plural; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, representará a su grupo; Mikel Legarda lo hará por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.

Por su parte, el PP ha elegido a su portavoz adjunto Carlos Rojas y sus portavoces en Justicia, Luis Santamaría, y en Interior, Ana Belén Vázquez. La formación de extrema derecha estará representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, y los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo.

Lista de comparecientes

Después de que se constituya la comisión de investigación, la Mesa acordará el plan de trabajo y la lista de comparecientes en enero, aunque los interrogatorios no empezarían hasta febrero, una vez que comience el periodo ordinario de sesiones. Y en este aspecto es donde hay más discrepancias entre los grupos que impulsaron la comisión. Mientras que Unidas Podemos defiende que hay que citar al excomisario Villarejo y de Casado, en el PSOE sólo se limitan a señalar que deberán declarar "todos los personajes que puedan aportar claridad a la hora de determinar qué ocurrió y qué responsabilidades podemos atribuir", tal y como sostuvo el pasado martes el portavoz adjunto socialista, Rafael Simancas.

Lo que sí parece bastante claro es que se llamará a declarar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz y quien fuera su número dos en Interior, Francisco Martínez.