Con 311 votos a favor, cero abstenciones y los 33 votos en contra de Vox ha quedado aprobada este jueves la moción de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre las negligencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, en cuanto a la protección a las víctimas de acoso sexual. 

El texto final, que ha quedado conformado con enmiendas de Sumar y del PSOE, insta al Gobierno a "revisar y actualizar de manera urgente" el protocolo del CSIC frente al acoso sexual y por razón de sexo, que entre 2019 y 2023 ha dejado sin respuesta a nueve mujeres que denunciaron acoso sexual en su puesto de trabajo. El Consejo solo ha sancionado a dos acosadores y lo ha hecho como falta leve y falta grave, no como falta muy grave, como en realidad está considerado el acoso sexual en el Estatuto Básico del Empleado Público.

La moción aprobada acuerda que el Ministerio de Ciencia, quien tiene la competencias sancionadoras dentro del CSIC, debe "revisar los criterios actuales a la hora de establecer las sanciones a los agresores sexuales para que las amonestaciones y sanciones sean proporcionales a las agresiones". 

En especial, hay que "revertir el solapamiento actual de la vía judicial a la vía administrativa, garantizando realmente el agotamiento de esta última". La diputada de ERC Pilar Vallugera expuso el pasado 13 de marzo en el Congreso los problemas que Público ha evidenciado en sus investigaciones en cuanto al acompañamiento real y protección a las denunciantes de este tipo de comportamientos machistas. 

Por ello, el texto aprobado pide "establecer mecanismos reales de acompañamiento a las denunciantes de acoso y agresión sexual y establecer sanciones administrativas para los responsables de acompañar y atender a las víctimas, en caso de no hacerlo". 

Y uno de los problemas que existen en el CSIC para que no se produzca este acompañamiento debido a las víctimas es precisamente la falta de personal formado en igualdad.  

Es por ello que el Congreso pide al Gobierno que dote "a todos los órganos pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del suficiente personal formado en materia de género y actuación frente el acoso sexual por razón de sexo para revertir situaciones actuales, como la externalización de la Asesoría Confidencial, cuyo objetivo es realizar una investigación administrativa contra el agresor". 

Errónea interpretación del ministerio

La moción aprobada por 311 diputadas y diputados este jueves recoge lo que este diario constató: la interpretación errónea del Ministerio de Ciencia para cerrar sin castigo los expedientes sancionadores a los acosadores y agresores sexuales. 

"Además de todo lo expuesto, existe un error sistémico que está cometiendo el Ministerio de Ciencia desde hace años, y es la interpretación de que cuando finaliza el proceso penal, también finaliza la vía administrativa. Esto provoca que, por una parte, no se
apliquen las medidas de atención y prevención a las víctimas una vez finaliza la vía penal y, por otra parte, evita la aplicación de sanciones para los agresores", consta en la moción.

"Es importante entender que, efectivamente, cuando se abre el proceso
penal, el proceso administrativo se detiene hasta que el primero
finaliza --continúa el texto--. Ahora bien, en muchas ocasiones finaliza porque la víctima no se reitera frente a Fiscalía y decide no denunciar (por miedo a represalias y a que todavía estos sucesos se consideran "una mancha" en la carrera profesional). Por lo tanto, el proceso penal finaliza sin un juicio que dictamine si ha habido agresión y sin una
sentencia".