El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años y tres meses de prisión a un abogado laboralista que se apropió de los 225.000 euros que le correspondían a su cliente como indemnización por un despido improcedente. 

La víctima contrató en 2012 los servicios profesionales del letrado para interponer una demanda por despido improcedente y extinción de contrato contra su empresa, según los hechos en la sentencia de la Audiencia de Barcelona y, posteriormente, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

En la sentencia, los tribunales ratificaron la improcedencia del despido y condenaron a la empresa a abonar una indemnización de 202.213 euros. El Juzgado de lo Social tramitó en octubre de 2015 el mandamiento de devolución de los 202.213 euros a favor del trabajador, que entregó al abogado.

En diciembre del mismo año, el Juzgado liquidó los intereses de la principal indemnización que ascendieron a 25.703 euros. Por tanto, la Audiencia tramitó otro mandamiento de devolución con esta cuantía nueva en favor del trabajador y con entrega al letrado laboralista.

El abogado "se quedó con las cantidades obtenidas mediante los repetidos mandamientos, que cobró directamente o a través de otra u otras personas a las cuales encargó la gestión de cobro", según recoge el relato de los hechos.

Además, para retrasar el cobro efectuado de las cantidades reconocidas de la sentencia favorable a su cliente, el abogado le explicó una serie de avatares procesales que presentó como "impeditivos del pago reforzando sus explicaciones mediante la entrega de fotocopias que decía eran de documentos procedentes del Juzgado de lo Social".

Estos archivos, sin embargo, "no lo eran", y las fotocopias, "confeccionadas por él u otra persona por encargo", hacían referencia a la supuesta presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con suspensión del pago de cantidades hasta la resolución del mismo. Según detalla la sentencia, estos archivos solo servían para encubrir su acción y justificar a su cliente por qué no debía entregarle los fondos.

Finalmente, en una sentencia recogida por Europa Press, la Sala de lo Penal condena al abogado por un delito continuado de apropiación indebida agravada por el valor de la defraudación a cuatro años y tres meses de prisión y una multa de 7.875 euros. También se le acusa por delito continuado de falsedad de documentos oficiales por particulares a dos años de cárcel y una multa de 6.775 euros. Además, el acusado deberá devolver los 227.900 euros de la indemnización más los intereses a su cliente.