Los ultraderechistas de Vox presumen de haber jugado un papel vital en su particular cruzada contra el independentismo, pero las dos sentencias relacionadas con el procés que hasta la fecha hay sobre la mesa evidencian que en ningún caso han logrado imponer sus tesis como acusación popular.

No lo hicieron en la causa que culminó en el Tribunal Supremo con condenas de hasta 13 años -a Oriol Junqueras, por sedición y malversación- a la cúpula del procés -Vox reclamaba 74 años para él por tres delitos de rebelión-, y tampoco han logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) compre su lectura de los hechos en su sentencia condenatoria contra Quim Torra, president de la Generalitat. Esto, por no hablar de que no reclamaron la consideración de una sola prueba documental en el marco del juicio en el Supremo, si bien no dudaron en repetir en sus declaraciones públicas que en la Sala se dictaría sentencia en base a las "pruebas". 

Su mayor éxito, hasta la fecha, está en que se les haya permitido ser acusación, no en su desempeño ante los tribunales, en la que no han dejado de exhibir su alergia al catalán, y han cosechado críticas hasta por parte del Supremo.

 De hecho, en el fallo por el que el TSJCat condena a Torra a 1 año y medio de inhabilitación para cargo público, se menciona en 8 ocasiones a la acusación particular, y en él se rechaza que se den las circunstancias para condenar además por un delito de denegación de auxilio del artículo 412. 1 y 2 del Código Penal, como pedían los ultraderechistas. 

También reclamaron una condena de dos años de inhabilitación, y una multa de 72.000 euros, también sin éxito -finalmente Torra deberá pagar 30.000-. Durante el juicio, en el que se vieron representados por el letrado Juan Cremades, llamaron más la atención por el momento en el que Torra les calificó de partido "franquista" -para ser reprendido por el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos- y por renunciar a media docena de sus propios testigos, que por su desempeño.

Cremades afirmó que el hecho de que el conseller de Interior de la Generalitat Miguel Butch, llamado como testigo, presentase un justificante médico para no declarar, no era "justificativo", pese a que el tribunal no formuló reproche alguno ante este justificante.

Además, Vox ha presumido una y otra vez de que "gracias" a su querella arrancó esta causa, cuando en realidad también se querelló la Fiscalía, y cuando la causa comenzó con la queja de Ciudadanos ante la Junta Electoral Central, que emitió en respuesta su primera orden a Torra para que retirase los lazos. Y esta es la línea seguida también en el juicio contra la cúpula del procés, si bien en este caso no ha habido celebración de la condena.

En un juicio en el que el secretario general del partido, Javier Ortega-Smith, cometió varios errores de bulto -destaca su incapacidad para interrogar al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, que forzó al presidente del Tribunal, Manuel Marchena, a intervenir-, Vox tildó la sentencia de "vergüenza para España".

En el fallo, además, el Supremo rechazó que los dirigentes del procés cometieran un delito de organización criminal, como sostenía la acusación popular del partido ultraderechista. Por contra, dio la razón a la defensa de Meritxell Borràs, que denunció que el partido de Santiago Abascal la acusó indebidamente por ese delito: "Con razón adujo que en el auto de procesamiento no se atribuían hechos que pudieran legitimar esta acusación".

Por otro lado, durante el juicio oral, los ultraderechistas lograron sentar al vicepresident de la Generalitat ante el Tribunal Supremo apenas por un par de minutos, pero no pudieron hacerle una sola pregunta. Vox quería que Pere Aragonès compareciera como testigo en plena recta final de la campaña electoral para el 28-A, pero la Sala de Lo Penal del alto tribunal tuvo en cuenta que su nombre ha aparecido en otras investigaciones relacionadas con el procés, y optó por permitirle no declarar.

De hecho, a pesar de que Vox logró que la Sala aceptase a 57 del total de 60 testigos que propuso, a menudo no supo aprovechar los interrogatorios para obtener pruebas que apuntalasen su acusación de rebelión. O los testigos no respaldaron que hubiera "lanzamiento de objetos", "barricadas" en los colegios o que hubiera personas con los rostros cubiertos por máscaras.