La anómala situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, no solo afecta a la reputación democrática de España; también influye en la calidad de la justicia que recibe la ciudadanía. 

La resolución de los recursos de amparo en el Supremo se está retardando porque la plantilla del Alto Tribunal sufre una merma del 30%, según datos del propio Tribunal Supremo a principios de 2023. 

Y esto es así porque el CGPJ no puede hacer nombramientos cuando está en funciones, como ocurre desde hace cuatro años y nueve meses.
El CGPJ es el encargado de nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, de las audiencias provinciales, de la Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, así como a los magistrados del Supremo. 

No obstante, hasta que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en marzo de 2021, impidió al Consejo en funciones hacer esos nombramientos, Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ hasta su dimisión en octubre de 2022, convocó procesos selectivos masivos que conformaron una cúpula judicial eminentemente conservadora. Se adjudicaron unas 70 plazas cuando el Consejo estaba en una situación de interinidad.

Cúpula conservadora para dos décadas

En concreto, en mayo de 2019, cuando el Consejo llevaba cinco meses con el mandato caducado, Lesmes desplegó una especie de fiebre de nombramientos, que fue apoyada incluso por algunos vocales progresistas. El resultado fue el ascenso de magistrados afines al PP en puestos clave de la cúpula judicial. 

En el caso del Supremo, donde los magistrados permanecen hasta su jubilación, se nombraron por aquel entonces a jueces que rondaban la cincuentena, asegurando así 15 o 20 años de ejercicio en un Alto Tribunal de mayoría conservadora.  

Desde marzo de 2021, el CGPJ no puede hacer este tipo de nombramientos debido a la anteriormente citada reforma legislativa que impulsó el Gobierno de coalición. Esto supone que los magistrados que se jubilan, fallecen o están en situación de excedencia no pueden ser reemplazados.

Para suplir esta incapacidad y cubrir las vacantes, el CGPJ está recurriendo a la figura de las comisiones de servicio, una práctica que supone, en opinión de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), un "abuso", puesto que afecta directamente al derecho al juez natural predeterminado por la ley. 

JJpD ha informado de esta circunstancia al Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. La asociación le ha transmitido su inquietud por la actividad del CGPJ, que "lejos de mantener un perfil discreto y menor", debido a la caducidad de su mandato y su interinidad, "está realizando nombramientos sin ajustarse a reglas ni procedimientos claros y que, a la postre, afectan a la composición de tribunales españoles como la Audiencia Nacional". 

El Tribunal Constitucional debe resolver los recursos del PP y Vox contra la ley que imposibilita hacer nombramientos al CGPJ cuando está en funciones. Los recursos fueron admitidos en septiembre de 2021. 

Riesgo de colapso en el Supremo

El Tribunal Supremo advierte de que al final del presente año serán 24 las vacantes, de una plantilla de 79 plazas, que no se pueden cubrir, lo representa un porcentaje del 30,37%.

El aumento de los puestos de magistrados sin cubrir "merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan", aseguró la Sala de Gobierno del Supremo en enero pasado, avisando de que "en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento". El Alto Tribunal estimó en octubre de 2022 que "se dictarán mil sentencias menos al año" si la situación continúa. 

La estrategia de desgaste del PP

Pero el escenario sigue siendo el mismo que cuando el Supremo hizo estas advertencias. Tras las elecciones del 23J y la difícil investidura de Alberto Núñez Feijóo, si finalmente Pedro Sánchez lograra reeditar un gobierno progresista, el obstinado veto del PP a la renovación del CGPJ podría volver a imponerse, como lleva sucediendo desde diciembre de 2018. Así lo creen vocales del CGPJ consultados por este diario. 

Si algo ha quedado claro durante los últimos cuatro años y nueve meses es que el Partido Popular se opone a la renovación del CGPJ como parte de una estrategia de desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez, al que hace culpable de la situación. 

La última condición que ha puesto el partido de Feijóo para proceder al mandato constitucional que exige la renovación del Consejo es la modificación de la ley para que sean los propios jueces los que elijan a los doce vocales judiciales del CGPJ; algo que el PP nunca ha materializado cuando gobernó pese a prometerlo en las campañas electorales.

De las seis veces que se ha renovado el CGPJ desde 1980, en tres ocasiones se ha retrasado su renovación por desacuerdo entre el PP y el PSOE; casualmente estando el PP en la oposición: en 1996, ocho meses después de que expirara el mandato; en 2008, un año y diez meses después del fin del mandato; y en la actualidad, cuando lleva caducado desde diciembre de 2018. 

Desprestigio español

La situación de descomposición del CGPJ está dejando a España en una delicada situación ante la Unión Europea y el Consejo de Europa, que insisten en recomendar al Estado español que se proceda a la reforma de la ley para que los jueces elijan a los vocales judiciales del CGPJ, según los estándares europeos.

Pero Bruselas antepone a la eventual reforma que se proceda de inmediato a la renovación conforme al modelo actual, algo respecto a lo cual el PP hace caso omiso, exigiendo invertir el orden de las acciones.

La Sala Tercera, en peor situación

La situación es especialmente grave en la Sala Tercera del Supremo, a donde ha regresado Carlos Lesmes tras su renuncia, en octubre de 2022, a seguir siendo presidente del CGPJ y del Supremo en protesta por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para la renovación.

Es la Sala Tercera o de lo Contencioso-Administrativo la más afectada por la merma que atenaza al Supremo. Es la más numerosa de las cinco del Supremo, con 32 magistrados, y en la actualidad tiene un déficit de ocho miembros. Es la encargada de resolver los recursos contra el Gobierno y contra disposiciones del Parlamento, entre otras importantes cuestiones. 

El Tribunal Supremo alerta de que durante 2023 solo en esta Sala se están dictando 570 sentencias menos y en la Sala de lo Social, unas 660, "con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al colapso de ambas Salas", según la Sala de Gobierno del Supremo.