Las clocas del InteriorLos Pujol denuncian que entraron en sus casas por orden de Villarejo

Jordi Pujol Ferrusola ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Villarejo que le admita como acusación particular al haber sido víctima, junto a otros familiares, de seguimientos y entradas en su casa por orden del excomisario mediante el uso de fondos públicos.

El hijo del expresidente de la Generalitat ha enviado al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, un escrito en el que solicita personarse en el denominado caso Villarejo como acusación particular por su condición de víctima, según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, Pujol Ferrusola recuerda que al excomisario José Villarejo se le imputan delitos como pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, encubrimiento, extorsión o malversación agravada de fondos públicos y contra la Hacienda Pública.

El denunciante aporta documentos para demostrar que Villarejo habría cometido además delitos de falsedad en documento mercantil por "la documentación bancaria falsa aportada a la Fiscalía Anticorrupción"; de allanamiento de morada por intrusiones en su domicilio, y de denuncia falsa por la comparecencia del expresidente del Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco, ante la mencionada Fiscalía, en la que habría aportado documentación falsa.

Asegura que existe "un entramado criminal centrado en torno a las empresas del Grupo Cenyt -del comisario Villarejo- dirigido a la mediación e intercambio de información de carácter personal, cuyo acceso estaba restringido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aprovechándose de la facilidad que le otorgaba la doble condición de policía y de investigador privado le permitió el tráfico de dicha información con terceros".

"Esta organización criminal habría creado una estructura paraestatal que ha instrumentalizado de forma sistemática los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes, habiendo comprometido gravemente el servicio público y puesto en tela de juicio la autoridad del Estado", sostiene.

Pujol Ferrusola detalla que fue víctima de "multitud de seguimientos personales" y "se confeccionó documentación falsa luego aportada por particulares a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y se dio cobertura con cargo a recursos públicos a distintos denunciantes 'espontáneos', todo ello por cauces ajenos al conocimiento de la autoridad judicial".

Relata que se produjeron tres intrusiones en el domicilio de su exesposa, en la calle Moneders de Barcelona, el 27 de febrero de 2013, concretamente a las 02:30, las 05:45 de la madrugada y a las 15:30 horas de la tarde.

La familia avisó a los Mossos d'Esquadra, que tomaron huellas y las enviaron a Policía Nacional y Guardia Civil para su estudio, y estos cuerpos les contestaron que se trataba de huellas "especiales".

El denunciante también adjunta declaraciones judiciales de su exnovia, Victoria Álvarez, y del empresario Javier de la Rosa en las que "reconocieron haber formulado sendas denuncias ante la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid frente a don Jordi Pujol Ferrusola a instancias de José Manuel Villarejo Pérez y su socio Rafael Redondo Rodríguez".

La defensa de Pujol Ferrusola aporta un vídeo de Victoria Álvarez –la persona cuya denuncia dio pie a la investigación a toda la familia, al asegurar que viajaban a Andorra con mochilas de llenas de billetes de 500 euros–, en el que en su opinión queda claro que su expareja introdujo hechos falsos por orden de Villarejo, incluida la denuncia sobre ese supuesto blanqueo de dinero.

Destaca asimismo la entrega a la Fiscalía por parte de la familia Cierco, propietaria de BPA, de documentos falsos para atribuir presuntos delitos a los Pujol. Pujol Ferrusola aporta a la Audiencia Nacional una grabación en la que Villarejo y el comisario Marcelino Martín Blas, exresponsable de Asuntos Internos, aludían a los controles que mantenía la Policía Nacional a su familia.