La localidad malagueña de Estepona es la clave de los más de 20 millones de euros que José Manuel Villarejo Pérez presuntamente blanqueó en la repatriación de capitales de Uruguay a España, según la causa Tándem que instruye la Audiencia Nacional. Sin embargo, el fiscal del caso Astapa, Valentín Bueno, rehusó investigar al comisario jubilado en este caso, a pesar de las numerosas inversiones inmobiliarias de Villarejo en Estepona, según apuntan diversas fuentes de la causa, entre ellas el exalcalde de la localidad Antonio Barrientos.  

Esta semana Barrientos ha vuelto a solicitar al juzgado número 1 de Estepona que se incluyan en el sumario andaluz dos testimonios que ya constan en el de la Audiencia Nacional y que fueron tomados por el juez Manuel García Castellón: por un lado, el del empresario Javier Pérez Dolset, víctima de un trabajo realizado por Villarejo supuestamente a petición de Mauricio Casals, del Grupo Planeta; y, por otro, el del director de la web Moncloa.com, Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña. Este último tiene al parecer en su poder audios con conversaciones entre el policía recién salido de prisión y su compañero el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, que se remontarían al año 2008, cuando se detuvo a Barrientos por la causa Astapa. Dichos audios acreditarían que ambos hacían negocio con estas operaciones de delincuencia económica y fiscal.  

Un 5% de cada operación de la UDEF

Si en su escrito el fiscal Valentín Bueno indicaba que existía un "interés legítimo en acceder a fuentes seguras de información y así poder conocer los hechos o entramados delictivos que se atribuyen a un antiguo mando policial que al parecer tuvo negocios en Estepona y pudo compartir intereses con personas que han testificado en la causa", estos hechos se concretan ahora en tres muy claros. Dos de ellos son los audios entre Villarejo y Olivera. 

El primero, sin embargo, tiene como eje los borradores de acuerdos privados fechados en 2008 y hallados en el registro a Villarejo durante su detención, en los que el comisario le reconocía a su "tronco" José Luis Olivera Serrano (también alias El Oli y Pepelu) una participación en un negocio que se estaba constituyendo.

La ejecución de los servicios contratados iba a depender mucho de la ayuda que Olivera pudiera prestar por su condición de jefe de la UDEF desde hacía apenas año y medio. La empresa se llamaría Servicios de Investigación y Detección SL., funcionaría con la marca ImásD y su negocio se centraría en la localización y recuperación de activos desviados o sustraídos.

Aunque Olivera no figurase en las escrituras por ser una actividad manifiestamente incompatible con su trabajo como policía, en dichos borradores se le reconocía un 5% de participación a cambio de lograr que se admitieran las denuncias que se llevaran ante la UDEF, de ocuparse de ellas y de facilitar a dicha empresa los resultados y datos obtenidos en tiempo real, incluidos aquellos procedentes de bases restringidas y a los que solo la Policía puede acceder.

Al menos así se extrae de las conversaciones que Villarejo mantiene con el policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso para incorporarlo como socio-gerente de dicha compañía y en las que le explica los pormenores.

En cualquier caso se trata de borradores, no de documentos firmados, aunque su contenido tenga reflejo en las conversaciones que el comisario mantiene con Giménez Raso —sin Olivera presente— en las mismas fechas de la data de los documentos. 

Así lo explicó este medio en el reportaje Olivera y Villarejo, dos "troncos" con vínculos más allá de la Policía, que la defensa de Barrientos incluye en el escrito presentado en el juzgado de Estepona. Meses después del acuerdo narrado en dicha información, el Ayuntamiento de Estepona fue desmantelado y su alcalde, Antonio Barrientos, detenido a raíz de una denuncia que habían interpuesto dos concejales de su propio partido, el PSOE. 

Fue en 2006 cuando David Valadez, portavoz del grupo socialista municipal y concejal de Bienestar Social (uno de los dos ediles que denunciaron), estableció contacto con el dueño de la sociedad Grupo SH Vilamoura, Juan Carlos Escribano Cárcel —socio del comisario Villarejo y detenido junto a él en noviembre de 2017—, que estaba interesado en la promoción de la finca La Ventilla, donde quería construir el Residencial Mirador de la Cala. Valadez, además, tenía relación con el hermano del comisario, Pedro Villarejo, cura de la localidad.

Al poco de que Valadez pusiera la denuncia, y después de que Escribano Cárcel no consiguiera que Barrientos le diera las condiciones que quería para su negocio, Barrientos fue detenido, Valadez fue nombrado alcalde y el proyecto Mirador de la Cala salía adelante, ahorrándose Escribano Cárcel —y por ende Villarejo— alrededor de millón y medio de euros.

Para colmo, Valadez puso como gerente de Urbanismo a Diego de Lucas Villarubia, que acabaría administrando una de las empresas de Villarejo y su mujer, Sensible Code, compañía que participaría en la web propiedad del comisario Información Sensible.

Además, seis días después de la Operación Astapa, Villarejo utilizaba también su pata mediática y a otro de los socios de Información Sensible, Daniel Montero, para publicar en Interviú un informe de la Unidad de Asuntos Internos que desvelaba la captación de dos testigos por parte de la Policía, todo el recorrido de Valadez hasta llegar a la UDEF y las siete denuncias que había puesto Barrientos ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y que no se habían tramitado. Dicho informe también apuntaba a una presunta trama de financiación ilegal que afectaba al entonces ministro José Bono y al presidente del Senado Javier Rojo. Ésta nunca se ha demostrado. 

También han aparecido algunas grabaciones de Villarejo con Diego de Lucas en las que el comisario le dice: "¡Dale ya la licencia a mi tronco, maricón, que queremos ya ponernos a vender pisos!". A o lo que De Lucas contesta: "Ya he encontrado la excusa para que Juan Carlos [en referencia a Escribano] se ahorre ahí mas de 900.000 euros".

Los audios de Olivera y Villarejo 

Los abogados de Barrientos solicitan también que se aporte a la causa de Estepona el testimonio prestado en sede judicial por el empresario Javier Pérez Dolset, que explicó que antes de que el digital Moncloa.com publicara los citados audios del comisario Villarejo que no constaban en la causa, el dueño del medio, Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, le "contó cómo se modificaban los informes de Astapa, que había algunos personajes en la UDEF que escribían para los clientes, la involucración del comisario José Luis Olivera".  

Este último tiene al parecer en su poder audios con conversaciones entre el policía recién salido de prisión y su compañero el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera, que se remontarían al año 2008, cuando se detuvo a Barrientos por la causa Astapa. Dichos audios acreditarían que ambos hacían negocio con estas operaciones de delincuencia económica y fiscal.

A preguntas del Ministerio Fiscal, que le pidió que explicase cuál era el papel de Olivera en esas presuntas irregularidades, declaró: "Lo que me decía es que en la época en la que Olivera era jefe de la UDEF, básicamente, cuando un cliente llegaba y le pagaba al señor Olivera, se sentaban con el instructor policial, le daban las instrucciones para imputar o desimputar al cliente en cuestión. Me dijo claramente que había repartos de dinero".

Según explican fuentes de caso Astapa a Público, Villarejo y Olivera alteraron informes policiales, como ha puesto en conocimiento del juzgado de Tándem uno de los acusados en la causa de Estepona, Luis Fernando Linares. Asegura en un acta de comparecencia que otra de las personas que fue imputada en dicha causa, el empresario Antonio Vallejo, quedó fuera cuando empezó a proporcionarle información sobre diferentes inversiones urbanísticas que podría realizar Villarejo en Estepona. A cambio, Vallejo se reunió con miembros de la UDEF, incluido el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera.