Es la segunda vez que se suspende la comparecencia como imputado en la causa Kitchen —que investiga el robo y seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas por parte de policías a las órdenes del anterior Gobierno—, de quien fuera comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos desde la llegada de Mariano Rajoy al poder, el comisario Marcelino Martín Blas, hasta que en abril de 2015 durante la investigación del Pequeño Nicolás volvió a toparse con el comisario más oscuro de la Policía, José Manuel Villarejo Pérez, y toda la cúpula de Interior se puso en su contra. 

Le sustituyó en el puesto Francisco Migueláñez, hombre de confianza de la anterior Dirección Adjunta Operativa que dirigía Eugenio Pino —también imputado en esta pieza de la causa Tándem que instruye el juez Manuel García Castellón—. Desde 2015, Migueláñez "no dudó en intentar influir sobre otros jueces, como Arturo Zamarriego, que llevaba caso del Pequeño Nicolás, para que se lo quitara a Martín Blas, cuando el magistrado decidió formar la comisión judicial en la que prohibía informar a Interior de las investigaciones. Ya se apuntaba entonces a Villarejo, Pino, Gago, García Castaño, al secretario de Estado de Interior Francisco Martínez y hasta al ministro Jorge Fernández Díaz en la pieza sobre la grabación de una reunión a agentes del CNI y Asuntos Internos", recuerdan agentes que participaron en dicha investigación. 

"Incluso —añaden estas fuentes— cuando hizo falta formar el equipo de la comisión judicial, Migueláñez presionó para que nos quedáramos en Asuntos Internos y no siguiéramos la investigación a las órdenes del juez Zamarriego y de Martín Blas".

Por eso, la defensa del comisario jubilado solicitó la suspensión de la declaración, que ha sido concedida por el juez y apoyada por la acusación popular del PSOE, ya que "las situaciones incómodas respecto a mi cliente no paran de sucederse. Nos enteramos de la imputación por la prensa, antes de que el juzgado la tuviese redactada, es decir, cuando sólo la conocían los investigadores, y ahora la prensa ha sido también quien nos ha hecho llegar un informe muy discutible sobre mi cliente que debería haber repartido el juzgado", explica Antonio Alberca, letrado de Martín Blas. 

Audios y denuncias de Villarejo contra Martín Blas

El informe en concreto por el que debería haber declarado como imputado Martín Blas, y cuyo contenido ha sido eliminado casi en su totalidad, está fechado en el mes de octubre y elaborado con audios y notas informativas fabricadas por Villarejo a lo largo de 2014, 2015 y 2016. 

A pesar de los meses transcurridos, el abogado explica en su escrito de solicitud de suspensión que: "Esta defensa ha acudido a la secretaria del Juzgado en varias ocasiones a fin de que se nos diese vista o copia de dicho informe de 28 de octubre, siendo así que ayer día 18 de enero de 2021 por parte del letrado de la Administración se nos pone de manifiesto que no se nos da copia en el momento del mismo para que no se filtre a la prensa, pero será colgado en la nube al día siguiente (es decir hoy día 19). Sin embargo a pesar de lo anterior resulta que a día de hoy no está a disposición de las partes y a esta defensa le ha llegado "extraprocesalmente" una supuesta copia del mismo, y que adjuntamos al presente".

Añade además que "no tenemos la certeza de que ese informe que hemos recibido por vía extraprocesal sea el auténtico y por otra parte al no darse traslado del disco y documentación anexa al mencionado informe de la Unidad de Asuntos Internos, no se tiene conocimiento suficiente acerca de los hechos objeto de la investigación, tanto en cuanto aquel es una mera relación
de documentación e indicios, en los que solo ocasionalmente se transcribe un párrafo o se hace una mera descripción, y así se menciona una falsa denuncia del SR. Villarejo (como todas las suyas) 19.1.15 en la que se refleja solo una parte de la misma relativa a que D. MARCELINO MARTIN BLAS hubiese cedido a otros órganos del Estado datos relativos a la identidad del "cocinero", sin que podamos acceder al CD en que consta completa la misma".

Por lo que se entiende del informe filtrado a la prensa, a partir de enero de 2015, Villarejo comenzó a escribir una serie de notas informativas o denuncias internas en las que supuestamente revelaba las perversas maniobras del jefe de la investigación del caso Pequeño Nicolás o caso Nicolay, en las que no podían faltar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Público. En total encontraron en el registro: "Seis documentos en pdf con diferentes denuncias interpuestas (en sede judicial y policial) por VILLAREJO relacionadas con Marcelino MARTÍN-BLAS y diferentes actuaciones que atribuye a la UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS durante los años en que MARTÍN-BLAS - ostentó la Jefatura: (desde el 23.02.2012-hasta el 07.04.2015)".

Apuntan a que "de esas denuncias cabe destacar la denominada Denuncia 19.1.15.pdf (interpuesta en sede policial, registro de entrada 884 de la Dirección Adjunta Operativa), que contiene referencias a datos objeto de la presente investigación", es decir, que serían creíbles para sustentar la imputación de Martín Blas. Migueláñez selecciona unos cuantos extractos del escrito de siete páginas de Villarejo en los que afirma que "el Comisario MARCELINO sabe perfectamente, que los números a que se refiere los emplea el DENUNCIANTE para ocultar su identidad, entre otros, con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es SERGIO LOPEZ (Cocinero)[se refiere a Sergio Ríos Esgueva, el chófer confidente, quien ha negado conocer al comisario de Asuntos Internos pero sí haber tratado con Villarejo, Enrique García Castaño y el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo], y otros, así como los informadores que durante 2012 (Extracto página 5 Denuncia-19.1.15.pdf)".

Villarejo prosigue en sus acusaciones sin pruebas, como él mismo reconoce, que son recuperadas en el informe de la Unidad que dirige Migueláñez: "Este DENUNCIANTE si le fueren facilitados la décima parte de los medios y efectivos que el Comisario MARCELINO está empleando contra su persona, le aportaría pruebas de las ilegalidades que él si está cometiendo, aprovechándose de su condición de funcionario policial. Gestiones que se dirigirían a demostrar que existiría una "cesión de datos fundamentales a otros organismos sin autorización del CNP, como la identidad e informaciones qué "El Cocinero" facilita" o grabaciones de una persona de la cual se oculta su nombre por estar protegida por la ley de secretos y que también serían enviadas al CNI "con datos que comprometen investigaciones en curso". Según esta nota-denuncia que sirve de prueba de cargo contra Martín Blas, "gracias a ello, recientemente su Director en persona [se refiere al general Félix Sanz Roldán] le ha impuesto una medalla del Centro [CNI]".

Informes sin pruebas de descargo

Pero en esa nota del 19 de enero, emitida después de que Público le vinculara con la causa del Pequeño Nicolás cuatro días antes, Villarejo hace un recorrido por una supuesta conspiración para destruirle que es fácilmente desmontable con pruebas y que los agentes de Asuntos Internos omiten, "algo que deja en desventaja al acusado, trata de inducir al ministerio fiscal y a su señoría y pone en duda la imparcialidad del investigador al darle una información sesgada al juzgador", explica la defensa de otro de los policías acusados. 

En esa nota de enero de 2015 asegura que una periodista de Público acompañada de un abogado, que en la actualidad pertenece a las defensas, "autoproclamado como "gran colaborador" del CNI, fueron recibidos en la sede de la UAI [Unidad de Asuntos Internos], gracias a solicitarlo un antiguo Jefe policial ahora en segunda actividad y un Comisario de la CGI [Comisaría General de Información y se estaría refiriendo a Gabriel Fuentes, investigado en el caso Interligare], ambos vinculados estrechamente, tanto personal como profesionalmente con dicho abogado". En dicho encuentro celebrado en enero de 2015, prosigue Villarejo, "el Inspector RUBEN les facilitó un dato aún no publicado, como era la supuesta copia falsa de un DNI por parte del tal NICOLAS, así como el resto del Sumario. En los últimos días, varios responsables policiales, entre ellos, miembros de la UAI, le han pedido a la tal PATRICIA LÓPEZ que pague los favores, máxime cuando su amigo el letrado XXXXX se había enterado que figura como presunto corrupto que se aprovecha de la amistad de ciertos mandos policiales para pedir dinero en su nombre, en una denuncia de una persona, que en su día habló con el DENUNCIANTE".

Y culmina la nota de Villarejo, donde también ataca a los fiscales anticorrupción José Grinda y Juanjo Rosa que en ese momento investigaban la causa Varma y que investigaron el caso Emperador, "a modo de venganza, la referida PATRICIA LÓPEZ publicó en el referido medio digital ya mencionado, el pasado 16.1.15 la información titulada Nicolás se presentaba como empleado del comisario que investigó a Garzón, aclarando más tarde que se trataba del Comisario JOSE VILLAREJO".

La unidad de Asuntos Internos omite este parte del relato que demostraría que Villarejo miente en su denuncia contra Marcelino. Público desveló el 15 de diciembre de 2014 los DNI del pequeño Nicolás, motivo por el cual el director general de la Policía Ignacio Cosidó dio una rueda de prensa diciendo que se enviaría a Asuntos Internos a pesar de que la oficina de prensa difundiera que dicha información era falsa. Fue por ese motivo por el que la Unidad de Asuntos Internos se puso en contacto con el diario en enero de 2015, una vez levantado el secreto de sumario del caso Nicolás, en el que se incluía la declaración del presunto estafador en la que mencionaba al comisario Villarejo y sus andanzas con Javier de la Rosa por Catalunya. Ese fue el motivo de acudir al encuentro con el comisario Marcelino Martín Blas y su inspector Rubén López, donde solicitaron a Público los DNI que este medio se negó a dar y que se entregaron en abril de 2015 ante el juez Zamarriego, el mismo día que Villarejo entraba también a ese juzgado a declarar como testigo a favor del pequeño Nicolás. 

Tan falsas son las acusaciones que hace Villarejo en la nota del 19 de enero de 2015, que la Fiscalía pide cuatro años y seis meses de cárcel para el pequeño Nicolás y para una funcionaria de Policía por el DNI falso desvelado por Público, juicio al que le queda poco tiempo para celebrarse. 

Pero a pesar de los conocimientos del actual jefe de la Unidad de Asuntos Internos sobre el caso del Pequeño Nicolás y la fantástica guerra de comisarios que se inició en ese año, ninguna mención hace para desmontar estas afirmaciones y sólo se ha quedado con las que hacen alusión a supuestas filtraciones al CNI que han tenido que ser expurgadas del procedimiento, no sin antes haber sido filtradas. 

Algo similar pasa con los audios que presuntamente incriminarían a Martín Blas en la Operación Kitchen o en la Operación Cataluña y que se encontraron en el registro de Villarejo. "En el informe no se exponen las contradicciones de Villarejo que por un lado dice que la guerra con Marcelino empieza en 2013 porque involucró a su hijo en el caso Emperador, Pino en su declaración llega a decir que esta enemistad se remonta a 2012, pero luego quieren hacer creer que mantenían unas relaciones estupendas y que hicieron juntos el caso Varma, Kitchen, Cataluña... a la vez que le está denunciando por filtrar supuestamente al CNI información de Kitchen. No tiene ni pies ni cabeza", se indigna el abogado de Martín Blas.  

Olivera, el hombre a quienes todos apuntan

Las acusaciones populares también ven movimientos extraños, pues los testigos e imputados han dejado en segundo plano el papel de Martín Blas en los hechos. "Los testimonios que ha habido hasta el momento no le señalan a él como conocedor de la trama, apuntan al comisario de Información Enrique García Castaño y a José Luis Olivera, que estaba en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEf) y luego en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que era a quien Villarejo quería que pusieran de DAO y que sorprendentemente ni está imputado ni le han llamado a declarar como testigo aunque está grabado con la mayoría de los acusados: come con Adrián de la Joya, cuya empresa aparece en la cuenta de Bárcenas en Suiza mientras tendría que estar interrogándole por lo menos; es conocedor de las corruptelas del PP y de los encargos que Cospedal y López del Hierro le hacen a Villarejo", señala otra de las defensas de uno de los policías imputados por seguir las órdenes de estos mandos.

En el escrito por el que se pedía la suspensión antes de que el juez decretara el expurgo de la mayoría de los audios y documentos, el abogado Antonio Alberca alegaba que en el informe de Asuntos Internos "también se transcribe un
extracto del testimonio de la Funcionaria policial número 122.395, pero no se nos da traslado de la declaración completa y que figura en el anexo II, o tampoco podemos tener vista de las transcripciones telefónicas reseñadas".

En dicha declaración una agente asegura que fue enviada a vigilar a Rosalía Iglesias (la mujer de Bárcenas) en una ocasión y también a los alrededores de la casa, sin embargo esa orden no fue dada por el comisario Martín Blas, como explicó este lunes el agente Jesús Galán, quien volvió a reiterar que a quienes informaban las decenas de agentes imputados era al jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, y a José Luis Olivera, comisario jefe de la UDEF y director del CITCO, ahora en la Real Federación Española de Fútbol.