Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, repiten esporádicamente y a conveniencia que con la llegada de el PSOE a Moncloa, primero, y con el Gobierno de coalición, después, las cloacas de Interior han desaparecido y que de la "brigada patriótica" no hay rastro. Sin embargo, esta afirmación que este miércoles ambos repitieron en la sesión de control del Congreso de los Diputados no es del todo precisa. 

En su comparecencia, Grande-Marlaska llegó incluso a hacerse un lío: no tenía muy claro si el último ministro de Interior del PP, Juan Ignacio Zoido, había cesado a alguien de las cloacas de Interior o si, por el contrario, les había ascendido; tampoco si el hecho de haber eliminado las direcciones adjuntas operativas de la Policía y Guardia Civil había sido una medida pro cloacas o anti. De la misma manera, no parecía estar al tanto de quiénes de ese entramado ocupan todavía puestos dentro de la Policía Nacional, a los que no se les ha abierto un expediente o información reservada dentro del cuerpo, aunque han tenido que ir a declarar a diferentes tribunales y en algunas causas, como Tándem, han quedado imputados.   

A priori, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez no está utilizando a la Policía con el desparpajo corrupto que el Partido Popular, encargándole directamente investigaciones no oficiales contra los adversarios políticos o deshaciéndose de pruebas que le pudieran afectar en graves causas, como sí hizo el PP con Gürtel y los papeles de Bárcenas. Pero, de momento, la limpieza de Marlaska se está limitando a cambios de destino y a veces ni eso. 

Una comisión judicial para evitar injerencias de Interior

Aunque la la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid solicitó a los investigadores la diligencia debida con sus superiores al tratarse de un sumario secreto, los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre despachan con sus superiores sobre los casos que tienen entre manos. 

El caso del coronel Pérez de los Cobos y la presunta injerencia de Interior, incluido el mandamiento de discreción de la jueza Carmen Rodríguez Medel, es una anécdota al lado de lo que le sucedió en 2015 en la causa del pequeño Nicolás al juez Arturo Zamarriego, compañero de Rodríguez Medel en los juzgados de Plaza de Castilla: tras recibir dos visitas de mandos de la Policía enviados directamente por el entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, que le sugerían cambiar a los investigadores de Asuntos Internos que llevaban la causa por otros "que lo harían más rápido", tuvo que crear una comisión judicial que dependiera exclusivamente del juzgado, exponiendo literalmente en un auto la prohibición de trasladar ninguna información a sus superiores, desde el DAO hasta el propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. De hecho tuvo que avisar de que imputaría a la cúpula de Interior por obstrucción a la Justicia, porque no le remitían las pruebas que pedía. 

Sin embargo, a diferencia de ahora, en aquel momento ningún político mencionó injerencias de Interior ni se preocupó por preguntar en el Congreso; en el PP lo tenían bien organizado y la consigna de la "guerra de comisarios" se extendió como la pólvora y surtió su efecto entre las filas de los populares, pero también entre las del PSOE y en algunas de Izquierda Unida, Podemos y los nacionalistas. 

Los "guerrilleros" que quedan sueltos en Interior

Finalmente quedó demostrado que esa "guerra de comisarios" era más bien contra uno de ellos, Marcelino Martín-Blas, que se jubiló en la comisión judicial de Zamarriego porque nunca más volvió a la Policía. Al frente de la unidad de Asuntos Internos pusieron en su lugar a Franscico Migueláñez, quien en estos momentos lleva la investigación de la causa Tándem, aunque mantiene estrechos vínculos con la cloaca. 

A Migueláñez lo sorprendieron llamando al comisario Enrique García Castaño antes de su detención y también unas semanas después de que este se presentara en Fiscalía Anticorrupción para informar de que ya sabía que le estaban investigando y que se ponía a su disposición. Los fiscales tuvieron que negarlo, porque lo habitual es intentar detener a los sospechosos con las manos en la masa y así hacer un buen registro. No pudo ocurrir con Castaño, al cual no se le encontró un solo folio ni una grabación de prueba en los registros de sus domicilios ni en los de su hija y su ex mujer. Todo limpio. 

Los informes de la unidad dirigida por Migueláñez en la causa Tándem empiezan a resultar "preocupantes" a las acusaciones y a varias defensas por la cantidad de diálogos que se omiten en las transcripciones de las conversaciones, por ejemplo, por la baja calidad de algunos informes de delitos económicos o por información evidente que no cruza o incluye. 

A su amigo García Castaño le había destituido Zoido después de que Público le grabase admitiendo el chantaje y la extorsión que José Manuel Villarejo, Eugenio Pino y los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán preparaban contra el CNI y la Casa Real. Pero no le abrieron expediente disciplinario ni información reservada; por contra, le mandaron como jefe de la zona sur de Madrid, donde se ha jubilado antes de que una sentencia le pueda arruinar la pensión. 

En el lugar de García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (dependiente de la Comisaría General de Información) pusieron al comisario Mariano Hervás, quien en dicho puesto tenía acceso a aparatos de alta tecnología para realizar grabaciones y a poner balizas, entre otras cosas. Según varias fuentes, Hervás tenía capacidad para suministrar los aparatos con los que durante la etapa del PP se grabó al exministro Jorge Fernández Díaz en su despacho, a los agentes del CNI y a los de Asuntos Internos que llevaban el caso Nicolás, y a su propio jefe, el Comisario General de Información, Enrique Barón. 

Pues bien, es precisamente Hervás es a quien el Gobierno de Pedro Sánchez le ha encomendado gestionar a la Policía de Madrid en esta crisis del coronavirus. 

García Castaño es muy amigo de Migueláñez, pero también mantiene una relación cercana con el actual DAO, elegido por Grande-Marlaska, José Ángel González, alias Jota. De Jota será difícil olvidar aquel lapsus en una rueda de prensa del gabinete de crisis del coronavirus, con el que desveló que en la Policía hacía "tres meses que compramos mascarillas". El secretario de Estado de Comunicación le replicó: "Será tres semanas". Pero Jota aclaró sin dudarlo: "No, no, dos meses y medio o tres"... Quizá esta declaración del DAO de la Policía no fue la mejor ayuda que podía recibir el Gobierno en aquel momento. 

Los hombres de Pino y Olivera 

Entre los casos más relevantes de miembros de las cloacas que siguen acudiendo a la Policía sin que Grande-Marlaska ni su equipo hayan reparado, al menos aparentemente, está el ex jefe de gabinete de Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, a quien todos los partidos con representación parlamentaria pudieron ver declarar en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre las cloacas de Interior. 

Fuentes Gago, que recibió un destino dorado en La Haya junto a su mujer, no solo fue el autor del informe que daba por compatibles las actividades privada y policial de Villarejo; también se fue a Nueva York para conseguir testimonios contra Podemos para elaborar el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sin que ningún juez se lo mandara. Luego volvió de Holanda y ocupa un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según las últimas noticias. 

En el viaje a Nueva York estuvo acompañado de unos agentes de la UDEF que, como ha ido destapando Público en diferentes informaciones, son los que siempre utilizaba el comisario Villarejo para hacer los informes policiales que mezclaba con sus negocios, gracias a la colaboración de su amigo el comisario José Luis Olivera.  

A quien sí cesó Grande Marlaska fue precisamente a Olivera, que pasó de ser el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a pasear por el Consejo Asesor de la Policía como vocal. Lo que parecía ser un punto final en las cloacas se quedó así. Ahora Olivera es el Director de Seguridad y Crisis de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol. 

Otro de los hombres fuertes de las cloacas, protegido de Olivera y compañero de Fuentes Gago, continúa ejerciendo de jefe de una comisaría de distrito madrileña. Se trata de Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal -estuvo con ella en Castilla-La Mancha y con Franscico Granados y Alfredo Prada en la Comunidad de Madrid-, que realizó varios informes en el caso de la doctora Elisa Pinto, entre otros, contra el investigador, el comisario Jaime Barrado.  

Gómez Gordo llegó de Castilla-La Mancha con un destino peculiar: tenía un pie en la UDEF y otro en la Dirección Adjunta Operativa, donde realizó junto con Fuentes Gago el Informe PISA contra Pablo Iglesias. Gómez Gordo está imputado en la pieza Kitchen de la Audiencia Nacional por el espionaje a Bárcenas y el robo de documentación, pero tampoco se le ha abierto ningún expediente interno. 

Del caso de la doctora Pinto también salen varios agentes que han sido puestos en entredicho por los propios jueces a causa de la discutible calidad de sus informes. Es el caso de Alberto Carba o de los agentes de la Unidad de Análisis Criminal que tacharon a la doctora de psicópata sin siquiera haberse entrevistado con ella.