La madrugada del 20 de febrero de 2003, varios agentes de la Guardia Civil se presentaban en la casa del periodista Martxelo Otamendi con el cometido de llevárselo detenido y ordenar el cierre del diario que dirigía, Egunkaria, un emblema de la comunicación y la cultura vasca. Se trataba del primer periódico editado íntegramente en euskera tras el fin de la dictadura. ¿El problema? Una hipotética subordinación o pertenencia a un entramado terrorista, que tras una larga espera cargada de ruido, se demostraría inexistente. Esta teoría la cebó durante años el PP de Aznar desde Madrid, bajo la sombra del "Todo es ETA", pero con el paso del tiempo se quedó en papel mojado. 

Los dardos apuntaban a colectivos, empresas y medios vascos que utilizaban el euskera como lengua vehicular. Para la derecha, cualquier cosa en dicho idioma implicaba automáticamente vínculos con ETA. Ese fue el velado paraguas que la Audiencia Nacional utilizó para cerrar Egunkaria y arrestar a diez de sus fundadores y directivos, una decisión que movilizó a decenas de miles de personas en las calles de Donostia. 

Otamendi, que por aquel entonces estaba al frente del noticiero, reconoce haber sufrido "torturas" durante los cinco días posteriores a su detención. Así se lo contó en una de las sesiones del proceso al juez Juan del Olmo. ¿La respuesta? El Gobierno de Aznar se querelló contra ellos por denunciar el maltrato. Un movimiento que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó condenando desde Estrasburgo por la falta de transparencia y la no investigación pública de los hechos. 

El exdirector de Egunkaria cree que detrás del cierre hubo dos claros objetivos. El primero, "criminalizar el mundo del euskera" y atentar contra la libertad de expresión y el derecho de información de la ciudadanía. El segundo, "avisar a navegantes en torno a la autodeterminación". La mayoría de redacciones de todo el país se mantuvieron calladas y algunas incluso justificaron la clausura del diario. Un intento de señalar y amordazar la cultura vasca que tuvo un frustrado recorrido en los tribunales.

En diciembre de 2006, la Fiscalía solicita el archivo de la causa al no encontrar "indicios sólidos suficientes" de la presunta relación entre Egunkaria, su núcleo duro y ETA. Este fue el primer procedimiento por terrorismo en el que el ministerio público abogó por una retirada a tiempo. También todos los partidos políticos vascos mostraron públicamente su rechazo al juicio. Todos salvo el PP, enfrascado en su estrategia de rascar votos a costa de las víctimas.

Pese a la decisión de la Fiscalía, el juez Del Olmo se mantiene en sus trece y casi siete años después del cierre del periódico, en diciembre de 2009, da comienzo el juicio. En el banquillo se sientan cinco de los acusados: Martxelo Otamendi, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga. Josu Erkoreka, por aquel entonces portavoz del PNV en el Congreso, se mostró tajante: "No cabe más que la absolución". Y así fue. Todos los imputados fueron absueltos y la causa fue archivada. Siete años tardaron las instituciones competentes en reconocer que Egunkaria no guardaba relación con ETA y en evidenciar que su única fechoría fue alimentar una persecución infundada contra la cultura vasca.

En la sentencia emitida por los magistrados se puede apreciar su descontento con el transcurso de los hechos. "La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación", expone la resolución. El fallo desmontó completamente los motivos del cierre de Egunkaria, una decisión que "carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara".