Nunca antes el presidente del Gobierno había mostrado tanto pesimismo en público en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace tres años. Este miércoles, en la comparecencia ante los medios para hacer balance del año, Pedro Sánchez decía: "No diría que es imposible [el acuerdo con el PP], pero con esta oposición, reconozcámoslo, es altamente improbable, y mire que lo lamento porque el deber constitucional está por encima de cualquier consideración y posición política". 

Descarta, así, el presidente un acuerdo a corto plazo y posiblemente en el resto de la legislatura con el PP, cuyos votos son imprescindibles para la renovación. Y en el CGPJ ya se preparan para lo peor: no poder cubrir las vacantes en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. La reforma de la ley impulsada por el Gobierno impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras esté en funciones. La reforma tuvo dos objetivos: impedir que el CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, con mayoría conservadora, siguiera colocando en puestos clave de la cúpula judicial a magistrados afines al PP; y presionar al partido de Pablo Casado para que accediera a sentarse a negociar la renovación. 

La reforma de la ley que limita las facultades del CGPJ cuando está en funciones entró en vigor en marzo de 2021 y en estos momentos se encuentra en el Tribunal Constitucional por partida doble: el PP y Vox presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad. En caso de ser finalmente declarada inconstitucional, el alivio para el gobierno de los jueces sería notorio, porque ahora, con la ley en vigor y el empecinamiento del PP en llegar a un acuerdo para la renovación, la cúpula judicial se encuentra al borde del colapso.

En un informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el pasado mes de octubre, se advertía de que seguir así las cosas la situación se convertirá en "insostenible" e implicará que se dicten "aproximadamente mil sentencias menos al año entre todas las Salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año". 

"Una situación —añadía el informe del Supremo— que no hay organización que pueda resistir, máxime cuando tales vacantes se producen en puestos que, evidentemente, no tienen articulado un sistema legal de sustitución como en el resto de puestos de la carrera judicial". 

Amenaza para la tutela judicial efectiva

El Supremo advierte de que las consecuencias desfavorables repercutirán tanto en la fase de admisión de los recursos de casación como en la de enjuiciamiento y decisión. Es decir, será la ciudadanía que recurra ante el Supremo la que soporte los efectos de la falta de renovación del CGPJ. "Tal estado de cosas no puede ser remediado, por más que se quiera hacer el sobreesfuerzo, asignando más ponencias a los magistrados/as, porque la formación de la doctrina jurisprudencial que ha de orientar la actividad de todos los órganos judiciales de la distintas Jurisdicciones requiere un estudio muy reflexivo y cuidado de los recursos", indica el informe. 

Fuentes jurídicas consultadas por este medio indican que el colapso del que está advirtiendo el Supremo "puede ser real en un año", en relación al "embudo" que puede formarse ante la tardanza en la admisión o inadmisión de los recursos que lleguen al Supremo, lo que califican esas fuentes como una amenaza para el derecho a la tutela judicial efectiva.

La Sala Tercera del Supremo es la más afectada por el número de vacantes que no se pueden cubrir; es la más numerosa de las cinco del Supremo, con 32 magistrados, y en la actualidad tiene un déficit de seis miembros. En el primer trimestre de 2022 alcanzará las ocho plazas vacantes cuando se produzcan otras dos nuevas jubilaciones --las de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez-- y se quedará con 24 miembros. Esta Sala, de lo Contencioso-Administrativo, es la encargada de resolver los recursos contra el Gobierno y contra disposiciones del Parlamento, entre otras cuestiones. Tiene pendiente decidir sobre los recursos contra los indultos del 'procés'. 

En general, en el Supremo son ya once vacantes de una plantilla de 79 magistrados, lo que representa el 14%, debido principalmente a jubilaciones y fallecimientos. En 2022 serán 16 vacantes, con la jubilación de otros cinco magistrados, lo que supondrá el 20% de su plantilla. De seguir dos años más la situación, la cifra se dispararía, indican fuentes judiciales.

Soluciones

Para paliar la crisis, el CGPJ podría destinar a jueces de otros órganos judiciales en comisión de servicios o echar mano de los magistrados de la Sala de lo Militar. El Consejo sí podría hacer ese tipo de nombramientos temporales con la ley actual. Así, algún juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional podría desembarcar en el Supremo en los próximos meses. También se baraja la posibilidad de que magistrados de la Sala de lo Militar del Supremo puedan echar en una mano en la Sala Tercera, informan fuentes judiciales. La Sala Quinta es la que menos volumen de trabajo soporta de las cinco del Supremo. 

La condición impuesta por Pablo Casado para sentarse a negociar el nombre de los nuevos vocales del CGPJ es difícil de aceptar para el Gobierno: comprometerse por escrito a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que sean los jueces los que elijan a los vocales de procedencia judicial del Consejo en vez de hacerlo el Parlamento, como ocurre ahora. Una propuesta, la del PP, que no ha contado con el visto bueno del Congreso, que a finales de septiembre tumbó por 191 votos frente a 154 la toma en consideración de la proposición de ley para modificar el sistema de elección de los vocales jueces del CGPJ.