El CGPJ aprueba el informe contra la amnistía con los votos de la mayoría conservadora

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el informe sobre la proposición de ley de amnistía redactado por el vocal conservador Wenceslao Olea, que defiende que la norma es inconstitucional porque vulnera —entre otras cuestiones— la separación de poderes y el principio de igualdad. En diciembre de 2023, el órgano cumplió cinco años con el mandato caducado. 

Fuentes jurídicas han precisado que la decisión se ha adoptado con nueve votos a favor, cinco en contra y dos en blanco después de estudiar los dos informes opuestos sobre la amnistía a petición del Senado. Por un lado, el que redactó Olea y por el otro, el de la vocal Mar Cabrejas —del sector progresista—. Esta última sostenía que la proposición de ley no era contraria a la Carta Magna y subrayaba la falta de concreción temporal. El fallo de los jueces era previsible habida cuenta de la mayoría conservadora del órgano.

Los dos votos en blanco han sido los del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y el vocal Enrique Lucas. El informe que finalmente ha sido aprobado incide en que la proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. Asimismo, defiende que ninguno de los preceptos legales vigentes permite concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español.

El texto también insiste en que la proposición socava el derecho a la igualdad, toda vez que considera que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario. Los jueces tampoco ven admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares acordados por el Ejecutivo. Por esta razón, concluyen que la ley también vulnera el principio de separación de poderes.

Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, sostiene que es arbitraria y que no se motiva su urgencia. El informe aprobado por los conservadores entiende que el texto tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular y no cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias.

Terrorismo y plazos de aplicación

Este informe también considera que la proposición de ley no delimita con la suficiente y exigible claridad el ámbito objetivo de la amnistía y avisa de que la amplia indeterminación de los preceptos puede desembocar en interpretaciones jurídicas diversas, provocando que la crítica social sobre la eficacia de la ley se concentre en los órganos judiciales.

La mayoría conservadora del CGPJ también ve imperativo excluir de la amnistía todos los delitos de terrorismo y llama la atención sobre el hecho de que en el apartado relativo a este delito se eliminara la referencia al Código Penal, al mismo tiempo que afea que se hiciese con la intención de que la tipificación contenida en el Derecho nacional no sea utilizada por los órganos judiciales españoles.

Además, apunta que la aplicación judicial automática e inmediata de la ley resulta muy difícil de acordar con la rapidez que se pretende —en dos meses—. Los jueces también sostienen que la pretensión de dejar sin efecto una orden europea de detención cuando entre en vigor la ley es contraria al Derecho de la UE.

El pronunciamiento de Bolaños

El CGPJ se ha pronunciado después de que los dos vocales ponentes trasladaran sus conclusiones al resto de miembros el pasado 12 de marzo. Ese mismo día, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se pronunció sobre ambos informes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Aunque en un principio el titular de Justicia se limitó a decir que los dos textos eran "distintos" y con "argumentos jurídicos" que respetaba "profundamente", luego —cuando la prensa incidió en el informe de Olea— aseguró que los "vocales conservadores" por "su cercanía al Partido Popular" no tenían "ninguna imparcialidad". Los dos textos son opuestos, pero coinciden en advertir de la indeterminación temporal de la amnistía y plantean dudas sobre el apartado relativo al delito de terrorismo.