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MADRID.- La moción de Esquerra Republicana que emplazaba al Gobierno a negociar la independencia de Catalunya sólo ha recabado este martes en el Pleno del Congreso el apoyo de Convergència, PNV, Amaiur, Geroa Bai y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
El texto que los republicanos catalanes han sometido a votación y que era consecuencia de la interpelación que su diputado Joan Tardà dirigió hace una semana al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, contaba tan sólo de dos puntos.
En el primero, se emplazaba al Gobierno a "reconocer la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya, expresada en las elecciones del 27 de septiembre de constituirse en un Estado independiente" y, en el segundo, le urgía a "comprometerse a negociar con Catalunya su proceso de independencia".
La moción ha sido rechazada con los votos de PP, PSOE, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras que Unió, Izquierda Plural (IU-ICV), Coalición Canaria y Nuevas Canarias se han decantado por la abstención.
Garantizar el castellano
Por otra parte, el Pleno del Congreso aprobó este martes, con los votos de PP, UPyD, Foro Asturias y UPN, una moción en la que se insta al Gobierno a garantizar el derecho de los ciudadanos a usar el castellano "sin restricciones" en las comunidades bilingües, incluyendo también la posibilidad de recibir educación en dicha lengua.
Se trata de una enmienda transaccional pactada por conservadores y los magentas ante la cual el PSOE y Coalición Canaria han optado por abstenerse, mientras que Izquierda Plural y los partidos soberanistas han votado en contra descalificando la iniciativa por "electoralista".
En este último Pleno de la legislatura, UPyD ha querido llevar al Pleno del Congreso el debate sobre el uso del castellano en las comunidades con lengua cooficial.
En la iniciativa, defendida por la portavoz parlamentaria, Rosa Díez, se reafirma la vigencia del artículo 3 de la Constitución que proclama que "el castellano es la lengua española oficial del Estado" y que "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla".
En segundo lugar, y a instancia de los socialistas, se "reafirma igualmente la oficialidad de las demás lenguas españolas en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos, en virtud de lo que también proclama el artículo 3 de la Constitución Española en su apartado 2".
Y en el tercer punto "se insta al Gobierno a promover todas las medidas que sean precisas para garantizar que todos los ciudadanos españoles, sea cual sea su lugar de residencia, tengan garantizado su derecho efectivo a elegir y utilizar sin ningún tipo de restricción la lengua cooficial que prefieran en los territorios donde las hubiere, tanto para comunicarse con todas las administraciones públicas (sea la Administración General del Estado, la de las Comunidades Autónomas o las administraciones locales) como para garantizar el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales".
En la votación, la iniciativa contó con el rechazo de partidos soberanistas como Convergència (CDC), Unió (UDC), PNV, Esquerra (ERC), Amaiur, BNG, Compromís e incluso Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Estos partidos reclamaron el uso del catalán, gallego y euskera fuera de sus respectivas comunidades y tacharon de electoralista la propuesta al considerar que no existe el problema que denuncia UPyD. "Da náuseas. Náuseas políticas, pero náuseas", zanjó Joan Coscubiela, de ICV.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, y la vicepresidenta, Celia Villalobos, llaman al orden a Tardá por hablar en catalán
Durante el debate de la moción, el diputado de ERC Joan Tardá ha intervenido ante el pleno en catalán, lo que ha provocado que el presidente del Congreso, Jesús Posada, le llamara al orden recordándole que no podía emplear esta lengua si no la traduce.
Tardá se ha dirigido entonces en euskera al diputado del PNV Emilio Olabarría y ha concluido su intervención diciéndole a Rosa Díez, también en catalán y en alusión al uso de las lenguas cooficiales, que con la llamada al orden del presidente del Congreso ya estaba "todo dicho".
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