Castor, que produjo mil terremotos, tenía "muy bajo riesgo sísmico", según el director geológico del Instituto Geológico y Minero

MADRID/ CASTELLÓN.- El director del departamento de Geología y Geofísica del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Roberto Rodríguez Fernández, ha asegurado este jueves ante el juez durante su declaración como imputado en la causa de Castor que la zona de Castellón es de "muy bajo riesgo sísmico", por lo que no consideraron que hubiera peligro de terremotos, según ha informado el letrado de la asociación Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular, Jorge Casal.

El imputado, que ha prestado declaración ante el juzgado de instrucción número 4 de Vinarós (Castellón) en la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, ha respondido a las preguntas de las acusaciones y de su abogado, mientras que el resto de las defensas no han hecho preguntas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según ha explicado Casal, el experto ha manifestado que el informe del IGME de 2007 relacionado con la aptitud de la infraestructura de Castor para servir de almacenamiento de gas, en el que él participó, se realizó sobre la base de la petición que realizó la Dirección General de Política Energética y Minas.

Dicho informe señalaba en su último punto que se reflejase si se apreciaba alguna cuestión técnica de interés. Al respecto, el letrado ha preguntado al imputado si no consideraba de interés el posible riesgo de actividad sísmica en la zona, a lo que éste ha respondido que no consideraban que hubiera peligro, puesto que según el mapa de peligro sísmico de España, la zona de Castellón es de "muy bajo riesgo".

Por otra parte, el responsable del IGME ha señalado que no se pronunciaron al respecto de las consecuencias que podría tener la inyección de gas porque no son expertos en esta técnica. No obstante, sí ha indicado que el origen de los terremotos fue dicha inyección de gas, que incidió sobre las fallas activas, cuya existencia no era conocida hasta ese momento, según el abogado de Arca Ibérica.

En este sentido, el imputado ha explicado que esas fallas iban acumulando energía progresivamente y, que al inyectar gas, se anticipó un movimiento sísmico que se hubiera producido igualmente con el tiempo aunque no se hubiera utilizado esta técnica.

Finalmente, ha reconocido que conocía el informe del Observatorio del Ebro que alertaba de posible riesgo sísmico en la zona relacionado con la falla de Amposta, aunque no valoraron el contenido al considerar que no tenía rigor científico y que dicha falla no era potencialmente activa, puesto que está sellada, según ha destacado el abogado de la acusación popular.

Tras la denuncia de la Fiscalía, el juez abrió la causa por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales e imputó a 18 personas. La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, así como contra la mercantil Escal UGS.

En la causa están presentes la abogacía del Estado para representar a todos los funcionarios imputados, dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular que representa a una perjudicada y dos abogados defensores de Escal UGS -uno para representar al presidente Recaredo del Potro y otro al resto de la empresa-, entre otros.

Los próximos cuatro imputados en declarar ante el juez lo harán los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre, según ha informado el TSJCV.

La planta de almacenamiento de gas "Castor" iba a ser instalada en las costas catalanas pero la empresa optó por desplazarla frente a Castellón, en la Comunidad Valenciana. Comenzó a operar el 2 de septiembre de 2013 y, nada más iniciar sus actividades, se produjeron una escalada de terremotos que sembró la alarma social.

En concreto se registraron un total de 1.000 terremotos en las poblaciones costeras cercanas. La empresa se resistió al principio a paralizar sus actividades, a pesar de las crecientes protestas de los vecinos y alcaldes de la zona.

Un informe del 26 de octubre de 2005 alertaba de los riesgos de seísmo frente a las costas de Castellón en caso de instalación de un depósito artificial de gas. El documento consiste en unas alegaciones al estudio de impacto ambiental y está firmado por Arantza Ugalde, la responsable de sismología del Observatori de l'Ebre, una institución en la que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Ramón Llull. El informe alertaba: "La actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos".

Dos años más tarde, en 2007, Florentino Pérez y su empresa basaron su solicitud de concesión con el estudio en profundidad de una falla, la falla Amposta, donde se almacenaría el gas. El Instituto Geográfico y Minero (IGM) avaló los estudios presentados por Escal UGS en la tramitación de la concesión.

Pero los informes sólo se centraron en la falla Amposta y no tuvieron en cuenta otras fallas menores, que es donde precisamente se registraron los terremotos, según determinó una investigación internacional.  No se realizaron estudios en profundidad sobre el impacto de la inyección de gas en esas fallas menores, afirman fuentes conocedoras de estos estudios. Son dos: una es conocida ya como "falla Castor" y la segunda se llama "falla Montsia".

Por si fuera poco, el contrato firmado entre la empresa y el Estado fue leonino para la administración pública, a la vista del Real Decreto 855/2008 que concede la concesión: prevía una indemnización incluso en el caso de dolo o negligencia por parte de la compañía de Florentino Pérez.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia el 14 de octubre de 2013, donde dejó claro que ese Real Decreto contiene "una previsión genérica de compensación por el valor residual". Ahora bien, una posible indemnización dependerá de las causas que han llevado al fin de la concesión: "en qué haya consistido la conducta dolosa o negligente de la empresa; de la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado; en caso de negligencia, de si ha sido grave o leve; y, en fin, de cualesquiera otras circunstancias concurrentes que puedan determinar, no ya otras responsabilidades ajenas a la reversión de las instalaciones propiamente dicha, sino una afectación al mismo derecho a la compensación previsto en el inciso final cuya nulidad se pretende", según dice literalmente la sentencia.

El Gobierno del Partido Popular 'indemnizó' por medio de un Real Decreto del 3 de octubre de 2014 a la empresa promotora de Castor por importe de 1.350 millones de euros. La empresa impulsada por Florentino Pérez no necesitó recurrir a la vía judicial.

La construcción des, Castor costó a dicha empresa 500 millones de euros, financiación obtenida con la garantía del Banco Europeo de Inversiones. De ellos, 300 millones fueron aportados por el propio BEI y 200 millones a través de líneas de crédito firmados por la empresa con Banco Santander, Bankia, Crédit Agricole y Société Générale.

La empresa promotora -Escal UGS, controlada por ACS- tenía 10 trabajadores en el momento en recibir los 500 millones del BEI, 25 directivos y un capital social de 5,5 millones de euros.

El 11 de noviembre de 2014, la empresa Escal UGS cobró la totalidad de los 1.350 millones de euros.

El fiasco costará a los consumidores españoles de gas 4.731 millones ya que la financiación de la 'indemnización' se ha convertido en deuda al 4,27% a 30 años.

La deuda ha sido colocada, otra vez, a los bancos Santander y Bankia, además de Caixabank. Enagás Transporte -gestora del sistema gasístico español- ha cedido a estos bancos los derechos de cobro que serán cargados a los consumidores españoles de gas en los próximos 30 años.